«Convivir con el veneno»

En 2002 publiqué con este título mi última colaboración hasta la fecha en el diario decano de la prensa de Valladolid. Citaba la responsabilidad criminal de una empresa española, Uralita, por la fabricación y comercialización durante décadas de fibrocemento con amianto, repartido por cientos de miles de tejados y de kilómetros de tuberías en todo el país. A pesar de que dicha práctica acababa de ser prohibida por el Gobierno, el periódico estimó que esta denuncia expresa no era apropiada en una ciudad que tenía una fábrica de fibrocemento, y la suprimió. Uralita seguía ganando, aún con su producto estrella prohibido.

Ha pasado una década y el amianto vuelve a estar de actualidad en Valladolid, aunque en realidad nunca se ha ido. Uralita vendió su factoría vallisoletana en 2006 a uno de sus accionistas históricos, la multinacional belga Eternit (hoy Etex), que echó el cierre en 2009, desmantelando la maquinaria y vendiendo los terrenos a la inmobiliaria Reyal Urbis, hoy en concurso de acreedores. Pero Eternit y Uralita se olvidaron de llevarse el veneno almacenado, salieron corriendo, como han venido haciendo en cada una de sus antiguas fábricas de fibrocemento con amianto, liquidadas para eludir responsabilidades civiles y penales.

Tras años de abandono, la Fiscalía de Medio Ambiente de Valladolid interviene, a petición de la Asociación de Víctimas del Amianto. Ante la alarma suscitada por el saqueo de las instalaciones de la antigua fábrica, en cuyas inmediaciones se localizan un colegio y el barrio del Pinar de Jalón, a requerimiento del Juzgado de Instrucción nº 2 el Ayuntamiento de Valladolid acuerda acometer el desamiantado de la factoría por el módico precio de un millón de euros, que pretende cobrar a una inmobiliaria quebrada. Otro éxito de gestión de nuestro regidor, que ha reconocido que el propio Consistorio ofreció a Eternit la recalificación de su parcela de industrial a residencial, coadyuvando probablemente al cierre y al actual desastre.

Pero Uralita también se dejó en Valladolid su vertedero histórico, situado al sur de la fábrica y de la Ronda Interior Sur, junto al Pinar de Jalón, donde llegó a acumular 19.000 metros cúbicos de fibra de amianto. Otros vertidos se realizaron junto al Canal de Duero, aguas arriba de la potabilizadora de agua de San Isidro, y en las proximidades de La Cistérniga. Y al menos desde 1994 Uralita estuvo tirando sus residuos en la cantera de Gracalsa en Quintanilla de Onésimo, cuya autorización otorgada por la Junta de Castilla y León en 2001 para la “restauración del espacio natural afectado mediante el relleno del hueco con material inerte” fue revocada en 2012, curiosamente una vez iniciada otra investigación penal por la Fiscalía.

Hay que recordar que la peligrosidad del amianto es conocida desde hace más de un siglo, según documentó la Agencia Europea de Medio Ambiente en su informe “Lecciones tardías de alertas tempranas”. Ya en 1898 una inspectora de trabajo inglesa advirtió sobre el peligro para la salud del polvo de asbesto. En 1930 se establece la relación causal con la asbestosis, en 1955 con el cáncer de pulmón y en 1960 con el mesotelioma o cáncer de pleura, y por fin en 1973 la Organización Mundial de la Salud clasifica los asbestos como cancerígenos en humanos. Las autoridades sanitarias han estimado en 125 millones las personas expuestas laboralmente al amianto en el mundo, lo que ocasiona más de 107.000 muertes anuales, sin contar las atribuibles a la exposición doméstica. En total, se calcula que ochenta mil personas han fallecido y seguirán falleciendo durante las próximas décadas por esta causa en España.

La antigua fábrica Uralita. Foto: C. Arranz. Último Cero.

No obstante, hubo que esperar a los años 80 para las primeras prohibiciones de fabricación y comercialización de materiales con amianto, que no llegarían a España hasta 2002, un siglo después de las primeras alertas. Hoy en día, sólo 54 países en el mundo cuentan con esta prohibición, aunque algunos de ellos siguen exportando el veneno a terceros. La causa de esta inacción política no es otra que la presión ejercida por el cártel del amianto. Por ello, el “filántropo” suizo Stephan Schmidheiny y el magnate belga Louis De Cartier, herederos de los fundadores de Eternit, fueron condenados el año pasado por el Tribunal de Turín en una sentencia ejemplar a 16 años de prisión y 100 millones de euros de indemnizaciones por la muerte de 2.191 trabajadores y familiares de la fábrica de amianto de Casale Monferrato.

El “juicio del siglo” en Italia está pendiente de la sentencia de apelación el próximo 3 de junio. Los condenados pretenden la prescripción, mientras lavan sus ganancias a través de fundaciones como Avina, con una fuerte penetración en algunos foros ambientales, destacando entre sus valedores el antiguo Director de Greenpeace España, Xavier Pastor.

En España, Uralita también ha venido enfrentado algunos juicios en los últimos años, promovidos por las asociaciones de víctimas, destacando las condenas civiles y laborales por las fábricas de Cerdanyola (revocada luego por prescripción) y de Getafe, o alguna condena a contratistas por manipular el fibrocemento sin autorización. Ni una sola condena penal, ni un directivo en prisión. Todavía hoy la web corporativa de Uralita se jacta de que “en 1907 fue una de las primeras empresas en Europa en introducir un nuevo material que revolucionaría el mundo de la construcción, el fibrocemento”. Ninguna referencia en su página a los términos amianto o asbesto, ni a los daños causados por su utilización.

Y es que, aunque el amianto ha cimentado o apuntalado grandes fortunas, como las de los Emsens y Schmidheiny de Eternit, o aquí en casa la de la familia March, principal accionista de Uralita durante los locos años 70 y 80, en los que España se cubrió de placas de fibrocemento, no hay multimillonario que se preste a limar su patrimonio para responder de sus tropelías. Tres millones de toneladas de amianto esperan la retirada desde la prohibición de 2002, pero ni Uralita ha puesto un ochavo para ello ni las Administraciones se lo han exigido, y de ahí que una vez más seamos los ciudadanos los que estemos asumiendo el coste sanitario y económico, a través de los presupuestos públicos o a cuenta de cada uno.

Los March, que al calor de la dictadura que patrocinaron ganaron dinero a paladas vendiendo perlas como el amianto (curiosamente, los Schmidheiny también colaboraron con los nazis o tuvieron por socio a Somoza), y los Serratosa, actuales propietarios de Uralita (con participación minoritaria de las arruinadas Caja España y Caja Duero), no carecen precisamente de recursos para hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños sanitarios del asbesto, o del coste del desamiantado de España, proceso que países mucho menos afectados que el nuestro como Suecia han tardado treinta años en culminar.

Sólo las sociedades de inversión de capital variable SICAV de los March y los Serratosa (esas que tributan al uno por ciento) reúnen cerca de 500 millones de euros. Y Uralita ha ganado una cantidad similar en la última década, según sus propios balances. Suficiente para empezar a responder por los daños ocasionados. Incluido el millón del desamiantado de las ruinas de su fábrica en Valladolid y las indemnizaciones a los cientos de antiguos trabajadores afectados. A una escala más doméstica, el que suscribe tiene que apoquinar en estos días dos mil euros para que le retiren una cubierta de fibrocemento, y no envenenarse en su casa. Ya es hora de que Uralita vaya pagando sus facturas pendientes. Yo también les pasaré la mía.

Miguel Ángel Ceballos Ayuso
Geógrafo y miembro de Ecologistas en Acción de Valladolid