La Junta de Castilla y León cede a los intereses de los especuladores del suelo

La publicación hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León de una Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid culmina el proceso de liquidación del planeamiento de los años 80 y 90 que el Ayuntamiento de Valladolid inició en 2000, en respuesta a las demandas de los promotores inmobiliarios de la ciudad y los grandes grupos nacionales.

En esencia, el nuevo Plan proyecta un modelo urbano desarrollista que, que como en los años 70 pretende triplicar el tamaño de la ciudad, multiplicando a la vez los beneficios de los especuladores que llevan décadas acaparando suelo rústico, y ahora ya pueden venderlo como urbanizable. La excusa es «liberalizar» el mercado del suelo, para abaratar el precio de la vivienda. Sin embargo, los movimientos de compra-venta desatados con las expectativas de lucro desatadas por el nuevo Plan ya han colocado la mayor parte del nuevo suelo en muy pocas manos, que podrán hacer o deshacer a gusto, en función de sus intereses económicos.

En concreto, el nuevo PGOU reclasifica como suelo urbanizable 34 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la práctica totalidad del municipio excluidos sus enclaves en Torozos y los pinares del sur. El nuevo suelo urbanizable permitirá edificar según la Junta de Castilla y León entre 102.000 y 239.000 nuevas viviendas, sin contar las 25.000 viviendas pendientes de construcción en los sectores urbanizables hasta ahora existentes. Este disparatado parque inmobiliario podría albergar alrededor de 400.000 nuevos habitantes, a costa de las ciudades pequeñas y las áreas rurales de Castilla y León.

Paralelamente al crecimiento en superficie, la densidad de población prevista disminuye, con lo que se incrementan los costes de urbanización y de mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos. En contraste, el nuevo PGOU no contempla la rehabilitación de los barrios de los años 60 y 70, afectados por problemas de calidad urbana, al tiempo que se fomenta la destrucción del tejido fabril con la recalificación de suelo industrial en residencial.

Con el nuevo PGOU, las dimensiones de la ciudad pasan de 10 a 15 kilómetros de largo, y de 6 a 15 kilómetros de ancho. El desarrollo urbanístico previsto desborda las rondas de circunvalación existentes, lo que producirá un incremento del uso del automóvil, del consumo energético y de la contaminación. Todos estos aspectos fueron desarrollados en dos pliegos de alegaciones presentados por Ecologistas en Acción, desestimadas íntegramente por Ayuntamiento y Junta.

Los ecologistas critican especialmente que la totalidad del suelo rústico con protección agraria del municipio, 20 millones de metros cuadrados de vega, desaparezcan con la modificación del PGOU, en lo que amenaza con constituir la mayor agresión contra el patrimonio ecológico, paisajístico y cultural de la ciudad desde los años «de la piqueta». Además, esta descatalogación de la vega de Valladolid vulnera la Ley de Urbanismo de Castilla y León y las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno, que obligan a proteger las fincas agrarias en las inmediaciones de los cascos urbanos que alberguen suelos valiosos para el cultivo, paisajes valiosos y estructuras históricas vinculadas (canales, acequias, granjas) que incrementen su valor patrimonial y paisajístico.

Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción va a promover acciones legales contra el Plan Urbanístico aprobado, que considera ilegal, antiecológico y antisocial. Asimismo, continuará con su campaña informativa a los ciudadanos sobre los efectos perversos del nuevo Plan y sus alternativas para una ciudad más habitable, y pedirá la protección del cinturón agrícola de Valladolid por su valor productivo, ecológico, cultural y paisajístico, que no debe sacrificarse a los intereses particulares de un puñado de promotores inmobiliarios locales y nacionales.