Las autoridades dejan de suministrar datos sobre la contaminación por ozono

Tras la «ozonada» que sacudió Castilla y León, al igual que el resto de España, entre los días 10 y 12 del pasado mes de julio, en la que varias ciudades de la región rebasaron el umbral de información a la población sin que las autoridades locales y autonómicas tomaran ninguna medida al respecto (con la excepción de Valladolid, que envió un fax a los medios de comunicación), los responsables de medio ambiente han decidido actuar: desde el domingo 27 de julio (miércoles 23 de julio en Valladolid) no se publica ningún dato sobre contaminación atmosférica en Castilla y León.

Las páginas web del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León llevan toda la semana atascadas en esas fechas. El «apagón» informativo coincide con la nueva ola de calor y con la «operación salida», en la que varios millones de vehículos están cruzando las carreteras regionales. En estas circunstancias, la superación de los niveles de seguridad para la salud pública es más que probable. Ya en el último episodio de julio localidades como Ávila, Ponferrada, Valladolid o Venta de Baños rebasaron el umbral de información a la población, mientras Medina del Campo, Palencia, Segovia y Salamanca se quedaron al borde.

El desconcierto de declaraciones oficiales que acompañó a aquella situación (esos niveles no son peligrosos, esto pasa todos los años, no se puede alarmar a la población, nos pilló de fin de semana, la culpa es de los ayuntamientos, limitar el tráfico es contraproducente...) ha convencido a las nuevas autoridades medioambientales de que no es necesario molestar a los ciudadanos informándoles sobre la calidad del aire que respiran. Ni siquiera conviene advertir a niños, ancianos y enfermos respiratorios crónicos de que pueden acabar en el servicio de urgencias de un hospital si se exponen a salir a la calle en las horas centrales del día.

Para Ecologistas en Acción, esta situación es bochornosa y muestra la nula sensibilidad hacia la salud pública de los gobernantes que deben velar por su mantenimiento. Hasta la fecha, ningún responsable autonómico se ha dignado a explicar lo que sucedió en Castilla y León entre los días 10 y 12 de julio. Tres semanas después de estos lamentables acontecimientos, los ciudadanos de Castilla y León nos vemos expuestos de nuevo a la negligencia de nuestras autoridades, en este caso completamente voluntaria, pues ellas han decidido silenciar lo que pueda estar pasando.

Por ello, los ecologistas vuelven a exigir que se publiquen como exige la Ley los datos horarios y diarios de contaminación atmosférica y se ponga en marcha un programa de seguimiento epidemiológico que, a través de los registros de atenciones sanitarias en urgencias por problemas respiratorios, evalúe la incidencia en la salud pública de las situaciones de elevada contaminación.