Ecologistas en Acción acusa a la Junta de Castilla y León de grave negligencia por ocultar la contaminación

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León confirmó ayer que las localidades de Segovia, Salamanca, Medina del Campo y Ponferrada, además de Valladolid, rebasaron desde el jueves 10 de julio el umbral de información a la población por ozono, establecido por la normativa española y europea en 180 ug/m3 (microgramos por metro cúbico) como promedio horario.

La superación de este umbral obliga a las autoridades autonómicas y municipales a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños, ancianos o personas con problemas respiratorios, de que eviten cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

Sin embargo, todas estas obligaciones legales fueron incumplidas por las autoridades autonómicas, que no informaron de la situación ni advirtieron a los afectados, a diferencia de lo realizado el viernes 11 de julio por el Ayuntamiento de Valladolid. Así, al menos los 350.000 habitantes de las localidades citadas se han visto completamente desamparados en la protección de un derecho fundamental como el de la salud. En este contexto, la Administración es responsable de cada atención en urgencias por enfermedades respiratorias.

Ante esta gravísima negligencia, no caben excusas competenciales. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León es la titular de las estaciones de control de la contaminación atmosférica radicadas en las localidades mencionadas, quien recaba los datos facilitados por las mismas y quien tiene la capacidad de analizarlos y divulgarlos. Ante una situación excepcional como la vivida, tendría al menos que haber informado de inmediato a la población, tal y como hacen las Comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid o Valencia.

Echarle toda la culpa a los Ayuntamientos, que ni gestionan los medidores ni disponen de la información, es una pobre excusa para ocultar la propia ineptitud, sin perjuicio de que las autoridades locales también tengan responsabilidad en lo que está sucediendo. Por ello, los ecologistas piden que se abra una investigación transparente sobre lo ocurrido en Castilla y León entre los días 10 y 13 de julio, empezando por la publicación de los datos horarios sobre contaminación por ozono en toda la Comunidad Autónoma.

Hay que recordar que la Consejería de Medio Ambiente no está publicando los datos horarios y diarios sobre la contaminación atmosférica, tal y como exige la legislación. Asimismo, aún no ha publicado el informe sobre la calidad del aire en 2002, a pesar de que han pasado más de 6 meses desde la finalización de ese año, y 2 meses desde la solicitud formal de esta información por parte de Ecologistas en Acción. Por todo ello, esta organización ha denunciado a la Junta de Castilla y León ante la Comisión Europea.