500 industrias de la región carecen de autorización ambiental y sólo 50 tienen autorización de inicio de actividad

En el día de hoy, 30 de abril, finaliza la prórroga del plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que unas 800 industrias de Castilla y León obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. El plazo original venció el pasado 30 de octubre de 2007, pero el Congreso de los Diputados aprobó en otoño su prórroga por 6 meses, para intentar evitar el colapso de la actividad industrial.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la autorización ambiental integrada, al que en el caso de Castilla y León sigue otro denominado autorización de inicio de actividad, destinado a comprobar el cumplimiento de las condiciones del primero y que faculta para funcionar.

A pesar de los más de 12 años transcurridos desde la aprobación de la Directiva europea, dos tercios de las empresas regionales sometidas a esta legislación no han obtenido en plazo la autorización ambiental, y más del 90% no cuenta con la autorización de inicio de actividad, y en consecuencia a partir de mañana deberían cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Entre las empresas afectadas en Castilla y León se pueden citar Nissan, Harinera Villafranquina y Plastic Omnium (Ávila), Leche Pascual, Ferroli, Campofrío, VB Autobaterías y Montefibre (Burgos), Antibióticos, BA Vidrio, Miguélez, Roldán, Kraft y las centrales térmicas de Anllares, Compostilla y La Robla (León), Santa Bárbara, Renault y la central térmica de Velilla (Palencia), Intervet (Salamanca), Dibaq y Saint Gobain (Segovia), Campofrío (Soria), Iveco y Renault (Valladolid). Otras empresas muy significativas como Gullón, Siro, Ficomirrors, Helios o Visteón ni siquiera parecen haber solicitado el permiso.

La aplicación estricta de la norma a las 750 empresas regionales que en estos momentos no cuentan con ambas autorizaciones supondría la pérdida automática de decenas de miles de empleos directos y una caída de cerca del 10% del Producto Interior Bruto regional, magnitudes que dan una idea del desastre para el sistema productivo de Castilla y León.

Las provincias con el proceso más avanzado son Burgos y Salamanca, y las más retrasadas León, Valladolid y Zamora, que son además las que tardan más tiempo en tramitar los permisos, con un tiempo medio de 2 años frente a los 10 meses que como máximo prevé la Ley que se pueda dilatar el periodo entre la solicitud y la resolución de la Administración.

Por sectores industriales, el más atrasado es el termoeléctrico, que aún no cuenta ni con una autorización, mientras en el otro extremo metalúrgico, químico y de disolventes están en un 40%. En el caso de los vertederos, sólo han obtenido autorización ambiental los provinciales de residuos urbanos de León y Salamanca, el vertedero de residuos industriales no peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora) está suspendido judicialmente, y el de industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) ni siquiera ha sido informado.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada que denota esta situación, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de contaminantes de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Castilla y León que aporte los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mayor rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite de emisión y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.