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Anulada la autorización de uso de suelo rústico de la pista de esquí de Tordesillas

El juez estima que se han vulnerado en la forma y en el fondo la normativa urbanística y la Ley de Montes, y señala la ausencia de interés público en el proyecto de la Diputación

Jueves 17 de abril de 2008 - 451 lecturas


Por Sentencia 58/08 de 22 de febrero de 2008, el Juez de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas de 4 de octubre de 2006 por el que se otorgó autorización de uso excepcional en suelo rústico para la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro (Tordesillas), en la que constituye la primera de las sentencias judiciales sobre la polémica instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (SODEVA). La sentencia es recurrible ante el TSJ de Castilla y León.

La sentencia entiende que “en la tramitación del expediente administrativo no se ha respetado el trámite de información pública”, faltando “datos relativos a la superficie y ocupación de la parcela, alturas, materiales, dotación de servicios necesarios, justificación de las circunstancias de interés público…”, que o no fueron aportados por el promotor o se facilitaron con posterioridad a la exposición pública, impidiendo “el previo debate social”. Tampoco se respetó el procedimiento administrativo al otorgar la autorización de uso de suelo rústico dos meses antes de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, invirtiendo el orden legal de los permisos.

Respecto al fondo del asunto, el juez constata que “se está ante un uso incompatible con las categorías de Suelo Rústico con Protección Natural Forestal y Paisajística“ que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tordesillas adjudica al emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí. Asimismo, confirma que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la Ley de Montes prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años, circunstancia que ya motivó la suspensión judicial de las licencias ambiental y de obras en septiembre de 2007.

Finalmente, la sentencia señala que no se ha acreditado la existencia de un interés público en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección. La sentencia es contundente en este aspecto al señalar que “no puede considerarse que el proyecto vaya a redundar en beneficio de todos los administrados, sino que este beneficio podrá entenderse producido para las personas que puedan obtener un puesto de trabajo, para los establecimientos de hostelería y de alojamiento, para las personas que, a cambio del precio, puedan disfrutar del uso de las instalaciones y para la empresa explotadora”. El supuesto interés general queda así reducido a un mero interés de parte, que no justifica los daños ambientales producidos.

Se confirman así las críticas realizadas a esta obra por Ecologistas en Acción desde octubre de 2006, reiteradas en la negativa comunicada la semana pasada a la petición de la Diputación Provincial para que los ecologistas retiraran sus acciones judiciales. A las ilegalidades en la tramitación de los permisos, a los daños ambientales asociados a la conculcación de las normativas urbanística y de montes, se suma el nulo interés público del proyecto, que hay que recordar se financia con el dinero de todos, en especial de los vecinos de Villa del Prado, en Valladolid.

Ecologistas en Acción se felicita una vez más de que en esta ocasión el ánimo infractor de la Administración no se beneficie de la lentitud de la Justicia, como ha ocurrido en el caso de tantas y tantas obras y autorizaciones públicas, declaradas ilegales tras haberse ejecutado. Los ecologistas exigen asimismo responsabilidades a las autoridades protagonistas de la promoción y autorización del fiasco de “Meseta Ski”, empezando por el Presidente de SODEVA y Vicepresidente de la Diputación Provincial, Alfonso Centeno, y esperan que este precedente sirva de ejemplo para eventuales nuevas “aventuras” de la institución provincial y otras Administraciones, demasiado acostumbradas a la política de hechos consumados.