La Junta ordena la paralización inmediata de la gravera ilegal de La Cistérniga

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Jesús García Galván, ha ordenado con fecha 21 de febrero la paralización inmediata de la gravera de Áridos Rodisán, S.A. ubicada en las proximidades de Fuentes de Duero (La Cistérniga), al carecer de autorización, en respuesta a la denuncia presentada la semana pasada por Ecologistas en Acción.

Esta gravera, iniciada en la confluencia de los caminos de Los Lagares y de Laguna de Duero en una superficie aproximada de 5 hectáreas, forma parte del proyecto de explotación “Fuentes de Duero, Fase V”, que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental negativa del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con fecha 11 de enero de 2005 por afectar al Área de Interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (APHA) ‘Entorno Duero - Canal del Duero’ y al Área de Singular Valor Ecológico (ASVE) ‘Montes de Fuentes de Duero’, protegidas por las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT).

De forma incomprensible, el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en lugar de velar por el respeto a las DOTVAENT, ha iniciado de oficio mediante Orden FOM/28/2006, de 2 de enero, el procedimiento para su modificación descatalogando 257 hectáreas de los dos espacios protegidos mencionados, con la única intención de permitir la actividad de la gravera ilegal objeto de la orden de paralización inmediata. Curiosamente, la principal justificación de esta iniciativa es la degradación del área producida precisamente por la explotación de grava ilegal a la que se pretende beneficiar.

Por ello, Ecologistas en Acción pide públicamente al Consejero de Fomento como máxima autoridad en materia de urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma que vele por el interés general, manteniendo la catalogación de los dos espacios naturales protegidos y respete la Declaración de Impacto Ambiental del Consejero de Medio Ambiente, en lugar de favorecer de forma espuria el interés particular del infractor.

La orden de paralización inmediata de la gravera se ha dictado sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador, que por una infracción muy grave de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental podría resolverse en una multa de hasta 400 millones de pesetas. No obstante, el valor de la grava extraída ilegalmente hasta la fecha supera los 100 millones de pesetas, mientras la explotación de las 257 hectáreas descatalogadas alcanzaría 7.500 millones de pesetas, al precio actual de mercado.

Actualmente, dos juzgados de Valladolid instruyen Diligencias por presunta corrupción en relación con la autorización de graveras contra varios funcionarios de la Junta de Castilla y León.