El Programa Leader 2014-2020 incumple en Valladolid sus objetivos ambientales

• Ecologistas en Acción de Valladolid considera necesario denunciar esta peligrosa deriva antiecológica de las políticas de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y los GAL. Planten a los GAL una colaboración para revertirla en el nuevo programa LEADER 2023-2027, y requerir a la Consejería de Agricultura el cumplimiento de como mínimo lo establecido en las normativas y principios ambientales exigidos desde las políticas públicas europeas

• La Evaluación realizada por Ecologistas en Acción de Valladolid de la ejecución del Programa europeo LEADER 2014-2020 para el desarrollo rural participativo en la Provincia de Valladolid por los cinco Grupos de Acción Local (GAL) responsables, y a nivel regional la Consejería de Agricultura, pone de manifiesto el incumplimiento sistemático del objetivo de “garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima”, dispuesto en los Reglamentos de desarrollo rural europeo.

Desde Ecologistas en Acción de Valladolid han realizado la evaluación de resultados de la ejecución en los últimos 8 años del LEADER 2014-2020 por los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de la Provincia de Valladolid:

• CAMPOS TOROZOS. ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS

• DUERO ESGUEVA. ASOCIACIÓN DUERO ESGUEVA

• ZONA CENTRO DE VALLADOLID. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO EN LA ZONA CENTRO DE VALLADOLID

• VALLADOLID NORTE. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE TIERRA DE CAMPOS

• ASOCIACIÓN RUTA DEL MUDÉJAR. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL RUTA DEL MUDÉJAR

Metodológicamente han empleando las Directrices de evaluación de LEADER establecidas por la Comisión Europea (2017) en base a criterios de eficacia, eficiencia e imparcialidad del marco normativo, y que debieran haber sido aplicadas por la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León para determinar, entre otros, el nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la normativa de desarrollo rural del Parlamento Europeo, como el Reglamento de desarrollo rural (UE) nº 1305/2013, o el Reglamento de disposiciones comunes (UE) nº 1303/2013 para los Fondos Estructurales y de inversión Europeo.

El resultado obtenido es que, aunque todos los GAL asumieron en sus Estrategias, estos objetivos ambientales en mayor o menor medida, llegando a reconocimientos como el siguiente (Estrategia GAL Zona Centro):

“En nuestro territorio las acciones llevadas a cabo para recuperar los ecosistemas, de los que obtenemos alimentos, agua potable, y materias primas en general…, han potenciado la productividad y la calidad de vida, al tiempo que se prevé que a largo plazo se puedan ser garantes de la salud. La sostenibilidad de nuestra comarca se basa en que se sigan prestando los servicios que necesitamos, pero sin poner en peligro la salud de la naturaleza de la que todos dependemos. Por ello se hacen necesarias acciones medioambientales que persigan el equilibrio entre la necesidad de desarrollar y utilizar los recursos naturales del territorio y la obligación de dejar un legado provechoso a las generaciones futuras”.

Posteriormente, en su ejecución, se desentendieron sistema ticamente de los mismos, como muestran los hechos siguientes:

En primer lugar, a nivel de actores, los GAL, no han incluido en sus estructuras de gobernanza la representación de las organizaciones ecologistas. Y en cuanto a los proyectos financiados, únicamente una asociación o colectivo con fines de protección ambiental ha dispuesto de una ayuda. Concretamente el expediente promovido por la asociación medioambiental, GREFA, que ha desarrollado el proyecto Centro de Interpretación de la Naturaleza GREFA, en Villalar de los Comuneros, por un importe de ayuda de 13.000€.

Ello es indicativo de que desde los GAL se excluye la participación de las asociaciones y colectivos medioambientales, incluso a nivel consultivo o deliberativo.

En segundo lugar, a nivel de acciones ambientales, se han identificado 12 proyectos con contenidos ambientales, menos del 3 por 100, con una cuantía inferior al 1% del gasto público del Programa. Pese a que en estos territorios se encuentran espacios de especial protección como ZEPAs o LICs.

En tercer lugar, los proyectos con algún contenido ambiental principalmente han sido promovidos por Ayuntamientos y se han orientado a actuaciones de acondicionamiento de espacios con una finalidad más de abrirlos al turismo o al ocio, que a la recuperación natural propiamente dicha. Por ejemplo, el Proyecto Vega verde del Ayuntamiento de Fresno el viejo (32640€), proyecto construcción de carril bici por el Ayuntamiento de Alcacarén (32640€), proyecto Mejora de eficiencia energética en local social del Ayuntamiento de Palazuelo de Vedija (59.020€). De igual forma, algunos proyectos productivos han solicitado ayudas para modernizaciones tecnológicas justificadas en criterios de eficiencia energética o de recursos, pero que en la práctica tienen un claro objetivo productivo, de modo que el principio de quien contamina paga se pervierte en el que quien contamina, pero un poco menos, cobra. Por ejemplo, el Proyecto Instalación de energía solar fotovoltaica de la Comercial Avícola Caballo Blanco, SL de Villalón de Campos (10.272€)

En anteriores Programas LEADER, cuando menos los GAL dinamizaron como proyectos de cooperación proyectos como TRINO o Guardianes de las Semillas, con un contenido ecológico predominante.

En cuarto lugar, la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y Leo n, como responsable principal del programa europeo «LEADER», ha propiciado con su propio marco normativo el incumplimiento por los GAL del objetivo formal de impulsar el desarrollo rural actuando simultáneamente en la mejora de la sostenibilidad social, medioambiental y económica de las zonas rurales, y ha limitado la participación integrada en estos tres ámbitos o ejes, contraviniendo el enfoque ascendente desde los actores locales. Las organizaciones ecologistas tampoco han sido incluidas en el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y Leo n 2014-2020, cuyos informes han ignorado el incumplimiento de los objetivos ambientales.

En quinto lugar, los resultados finales alcanzados en el Último periodo de programación (PDR 2014-2022), por los 44 GAL de Castilla y León, según datos de la Consejería de Agricultura, han aplicado sus estrategias de desarrollo local en 2.214 de los 2.248 municipios de Castilla y Leo n (más del 98% del territorio) y han concedido 131 millones de ayudas para financiar 3.868 proyectos. La valoración de éxito que en base a los mismos difunde es inconsistente con las ratios de eficiencia y eficacia, toda vez que para ese periodo de 8 años, la media por ayuntamiento de fondos anuales recibidos asciende a 4.233 euros por municipio, con una infrafinanciación que en poco o nada contribuye a paliar los déficit de servicios y las necesidades de protección ambiental de esos territorios.

Y, por último, en sexto lugar, muy al contrario, la tipología prevaleciente de proyectos financiados han sido los productivos, que absorben un 65 por 100 de los fondos, destacando los de servicios agrarios para inversiones como la adquisición de maquinaria, primando una orientación de las ayudas a la industrialización y mercantilización de la sociedad rural. Por otro lado, la financiación a los GAL para administración del Programa, representa más del 25%, siendo la media anual de expedientes aprobados por grupo de tan solo 11, con un elevadísimo coste de administración por cada proyecto. Así, por ejemplo, el GAL Campos y Torozos supera los 20.000€ de gastos de administración por expediente, demostrando la desmedida burocratización del Programa.

En conclusión, este Programa LEADER responde a la denominada modernización rural iniciada con las políticas agrarias productivistas de extensión Agraria de los años 50, fortalecidas con la PAC, que lleva, de un lado, a la crisis de la sociedad rural, el vaciamiento rural, con la eliminación de las explotaciones familiares, al tiempo que la proliferación de macro granjas y grandes explotaciones corporativas orientadas a mercados globales, causando la aceleración del despoblamiento y el envejecimiento generalizado, con una edad media que en los pueblos con menos de 1000 habitantes se acerca a los 60 años, y en muchos de ellos la superan.

De otro lado, lleva a la crisis ambiental propiciada por la indefensión frente a los proyectos extractivos, energéticos, y agroindustriales que se extienden por el territorio, con los múltiples impactos ambientales críticos en suelos, agua y biodiversidad, denunciados en toda la provincia de Valladolid.

Desde su responsabilidad ambiental, Ecologistas en Acción de Valladolid considera necesario denunciar esta peligrosa deriva antiecológica de las políticas de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y los GAL. Planten a los GAL una colaboración para revertirla en el nuevo programa LEADER 2023-2027, y requerir a la Consejería de Agricultura el cumplimiento de como mínimo lo establecido en las normativas y principios ambientales exigidos desde las polí ticas públicas europeas.