Ecologistas en Acción Valladolid informa a la Subdelegación de Gobierno de que no es posible tramitar ni otorgar el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para las plantas fotovoltaicas Centauro 1, Line 1, Clave 1 e Iron 1 en municipios de la campiña de Villalar

Ecologistas en Acción Valladolid registró el 13 de junio de 2024 alegaciones dirigidas al Subdelegado del Gobierno en Valladolid (Área de Industria y Energía) a la vista de los anuncios de información pública de las solicitudes de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones solares fotovoltaica Clave 1, Iron 1 y Line 1, cada uno de 51,725 MW de potencia instalada y 51,725 MW de potencia pico, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Bercero, Torrecilla de la Abadesa y Villalar de los Comuneros (Valladolid), publicados en el BOP de Valladolid de 30 de abril de 2024, exponiendo:

Que esta asociación presentó un Recurso de Alzada el 22 de junio de 2023 contra las Resoluciones de 20 de abril de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas por las que se otorga autorización administrativa previa para las instalaciones fotovoltaicas Centauro 1, Line 1, Clave 1 e Iron 1 (códigos PFot-347, pFot-377, PFot-378 y PFot-379).

Con ocasión de la presentación del recurso fue solicitada la suspensión de los actos administrativos, sin que durante el plazo del mes siguiente se haya resuelto sobre la suspensión solicitada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.

En consecuencia, dado que se ha producido la suspensión de las autorizaciones administrativas previas no es posible tramitar ni otorgar el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para dichas instalaciones, al carecer de cualquier título habilitante en vigor que justifique dicho reconocimiento.

Asimismo, informamos que se encuentran en la misma situación administrativa las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico otorgadas por la Junta de Castilla y León, según acreditación adjunta.