Ecologistas en Acción de ValladolidParece que la Junta de Castilla y León empieza a preocuparse por la aplicación práctica de su política de apoyo a la construcción de viviendas de protección oficial. La Dirección General de la Vivienda ha ordenado que se intensifiquen los controles para detectar posibles fraudes. En el asunto de la vivienda se habla mucho del problema, se hace poco por resolverlo, y apenas se quieren ver los fallos que tienen las políticas públicas de vivienda. La nueva preocupación de la Junta puede ser una buena oportunidad para repasar las políticas de vivienda de nuestro país en las últimas décadas.
Es de sobra conocido que el precio de la vivienda ha crecido de forma espectacular. Su valor real se ha triplicado en España durante ese período. Quienes pueden acceder a un hogar tienen que dedicar porcentajes superiores al 50% de su salario neto para acceder a la misma con un préstamo hipotecario de veinte años. El carácter alarmante de las cifras no nos exime del análisis de los desequilibrios más importantes de nuestra política de vivienda.
Principales desequilibrios
El primero de ellos, y desde mi punto de vista es el que tiene que ver con la influencia que han tenido y tienen las políticas públicas a favor de la propiedad y en detrimento del alquiler. Las deducciones fiscales concentradas en la compra de vivienda, las pocas ayudas a la vivienda privada en alquiler, y la práctica inexistencia de un parque público de vivienda social en alquiler han llevado a una caída muy importante de esta última.
Según señala un informe de CCOO el número total de viviendas en alquiler ha disminuido en los últimos veinte años en 1,7 millones, mientras que el número total de viviendas ha aumentado en 7,2 millones.
Ya sabemos que el alquiler se encuentra en retroceso en toda Europa Occidental pero las cifras de nuestro país son sencillamente ridículas en comparación con las de otros países. Es difícil precisar el conjunto de razones que se encuentran detrás de estos movimientos pero una, al menos, está clara: el desinterés que han mostrado las administraciones por esta forma de acceso.
Al razonar de esta forma parecen olvidarse los problemas que tiene una política de propiedad, e incluso de la falta de equidad y eficiencia de la misma. Con carácter general nos encontramos con que las deducciones de impuestos a la compra de vivienda favorecen a los perceptores de rentas altas.
Además, algunas comunidades autónomas han vuelto a permitir la desgravación por la compra de la segunda residencia que la legislación básica había suprimido tardíamente. Para el caso particular de las políticas de gasto público directo a favor de quienes acceden a la compra de una vivienda también existen problemas importantes.
Dificultades al comprar
El primero de ellos es que la posibilidad de acceso a ese tipo de viviendas y las ayudas más importantes se conceden en función de la situación económica de un año concreto que, obviamente, puede variar en años posteriores. Sin superar este obstáculo pueden producirse utilizaciones no deseadas de los dineros públicos.
En una política de fomento de alquiler sería mucho más fácil aquilatar el precio de cada año a los ingresos efectivos de los inquilinos. Algo similar ocurre con la condición de ’primer acceso a vivienda’ del aspirante a una con ayuda pública. Aquí las técnicas de elusión son variadas pero todas coinciden en presentar una situación en el momento de la adjudicación.
El segundo de los problemas tiene que ver con las condiciones de los concursos de adjudicación de suelo público a empresas y cooperativas para que sean éstas las que finalmente adjudiquen las nuevas viviendas. Normalmente suelen utilizarse criterios atrabiliarios para decidir quienes son los adjudicatarios del suelo. A partir de ahí comienza otro problema del que no suele hablarse y que parece preocupar a la Junta en estos momentos. Los adjudicatarios pueden aprovecharse del precio al que han accedido al suelo, muy inferior al de mercado, para pedir ’dinero negro’ a los adjudicatarios de vivienda que cumplen los requisitos. Que la práctica existe es indudable.
Sin embargo, alrededor de ella se producen paradojas impresionantes: las administraciones públicas facilitan la existencia de dinero ’negro’ y permiten su acopio a empresas con ricos propietarios. Más que preocupaciones habría que hablar de soluciones. La más fácil es que sean los ayuntamientos los que decidan los adjudicatarios entre quienes cumplen la convocatoria.
Seguramente que una apuesta por los alquileres públicos y asequibles, pagados en función de la renta de cada año, facilitaría el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan y acercaría las cifras de alquiler de nuestro país a las de otros cercanos.
