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Alegaciones a la modificación de la Autorización Ambiental para la ampliación de explotación porcina de 1.500 cerdas madres y 264 de reposición hasta 2.640 cerdas madre, 500 de reposición y 6 verracos en Serrada

Registradas el 10 de diciembre de 2019

Martes 10 de diciembre de 2019 - 196 lecturas


Comunicado, 10-12-2019

Ecologistas en Acción Valladolid registró el pasado 10 de diciembre un escrito de alegaciones en la fase de información pública relativa al expediente de Modificación de la Autorización Ambiental Expte.- 008-19AAVA, cuyo proyecto es una ampliación de explotación porcina de 1.500 cerdas madres y 264 de reposición hasta 2.640 cerdas madre, 500 de reposición y 6 verracos, situada en el municipio de Serrada (Valladolid), notificado a esta asociación el 29 de noviembre de 2019, escrito dirigido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, solicitando:

1) Admita las presentes alegaciones dentro del procedimiento iniciado de Trámite de Audiencia al expediente de Modificación de la Autorización Ambiental relativa al proyecto de ampliación de ex-plotación porcina para 864 UGM, en el término municipal de Serrada, Valladolid. Expte: 008-19AAVA.

2) Informe desfavorablemente y/o deniegue la autorización solicitada.

3) Proponga o apruebe una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales que supongan un incremento de la producción industrial de porcino en la provincia.

Estas peticiones las fundamenta Ecologistas en Acción Valladolid en base a las siguientes consideraciones:

En el Boletín Oficial de Castilla y León del 18 de noviembre de 2019, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cerdas madre, en el término municipal de Serrada (Valladolid), promovido por «Agroserrada, S.L.», se hace mención a las Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de la siguiente manera:

La alegación contiene siete puntos que tratan de manera global y generalizada diferentes aspectos como: posibles problemas por contaminación de nitratos, olores, emisiones atmosféricas, despoblamiento rural y bienestar social, ubi-cación de instalaciones, medidas generales que creen que deben adoptarse, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y las explotaciones ganaderas, y consideraciones sobre que la actividad ganadera debería considerarse como actividad industrial. Se solicita finalmente, informe desfavorable o denegación de la autorización solicitada; someter al procedimiento de autorización de uso excepcional en suelo rústico la actividad e informar desfavorablemente la au-torización; someter a evaluación de impacto ambiental el uso solicitado, y por último proponer o aprobar una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales que supongan incremento de la producción industrial de porcino en la provincia.

Desde Ecologistas en Acción de Valladolid, hacemos constatar que dichas alegaciones, además de exponer de manera justificada el problema de la Ganadería Industrial, siendo una/la causa principal del Cambio Climático, siendo el principal causante de las emisiones de Metano y Óxido de Nitroso, algunos de los gases de Efecto Invernadero más importantes. Hay que tener en cuenta que ambos gases tienen una gran capacidad de retener el calor. Finalmente no hay que olvidar que la Ganadería Intensiva es el principal causante de la deforestación a nivel mundo, recordando la importancia que tienen los bosques como sumideros de CO2.

De una manera más concreta en lo que se refiere a este Proyecto de Ampliación de Serrada, constatamos en dichas Alegaciones, la nefasta gestión de los purines de la siguiente manera:

A pesar de hacer un listado de agricultores y número de hectáreas, así como un libro de gestión de residuos, se encuentran deficiencias respecto a la superficie de la distribución de purines, no se específica, las parcelas, polígonos, términos municipales, en los que se va a aplicar dichos purines. No consta en el expediente que se haya notificado a cada uno de los Ayuntamientos afectados, a pesar de que los purines los deberán sufrir en su municipio, ni que los vecinos hayan podido deducir de la lectura del anuncio en el BOCYL que dichos vertidos afectarán a su municipio y a su calidad de vida, pues el anuncio no avisa de los municipios afectados, sino sólo de la ubicación de las instalaciones.

Igualmente incidimos en la Zona Vulnerable de Medina del Campo (ZV-MC), en la que se encuentra dicha explotación de la siguiente manera:

Si bien, dentro del resumen de la memoria no técnica y en el propio proyecto, presentada por la empresa, se habla Zonas Vulnerables (Decreto 40/2009, de 25 de junio) y no encon-trarse ubicada en zonas clasificadas como vulnerables, quede manifiestamente claro, a partir del propio informe de la Junta de Castilla y León que dichas instalaciones quedan dentro de una zona vulnerable, desmintiendo el resumen de la memoria no técnica y el propio proyecto. También la afirmación de no haber más granjas porcinas en dicha localidad, no obvia la presencia de granjas porcinas en pueblos limítrofes.

En las alegaciones presentadas a dicha ampliación se hace referencia también al problema del agua y la ausencia de datos sobre el incremento de consumo de agua que supone dicha ampliación:

La explotación actualmente se localiza en el polígono 501, parcela 29, en el Término Municipal de Serrada (Valladolid y para la ampliación de la explotación se va a utilizar la parcela 25. En cuanto al suministro de agua, según la memoria técnica dice que se realizará a través del sondeo existente. En ningún momento se data del incremento de consumo de agua que supone la ampliación de la explotación. Por otra parte, se encuentra en una zona sensible a la carencia de agua por períodos de sequia (es el caso del período de riego del año 2017, en el que hubo problemas de abastecimiento para el riego de los cultivos exis-tentes en la zona del Bajo Duero). Así mismo, el incremento puede afectar a perforaciones existentes y que pueda afectar negativamente a dichas explotaciones agrícolas.

Finalmente queremos incidir en el Informe del Procurador del Común de Castilla y León, en el que hace eco del descontento de gran parte de la población del medio rural ante la proliferación de explotaciones porcinas in-tensivas o su ampliación. La oposición a este tipo de explotaciones se constata en la creación de Plataformas en contra de la Ganadería Industrial en toda la comunidad autonómica, así como el interés de Asociaciones y mo-vimientos vecinales en el que se manifiesta su preocupación ante este tipo de explotaciones y su incidencia negativa, contaminando suelos, aire y agua.

En dicho informe, el Procurador Común de Castilla y León, haciendo eco, en cuanto a Actuación de Oficio se encontraba en el hecho de que, como consecuencia de la presentación de varias quejas sobre los proyectos de instalación de explotaciones industriales de ganado porcino de gran tamaño en varias localidades de las provin-cias de Zamora y Soria, esta Procuraduría había tenido conocimiento de la existencia de numerosas alegaciones y reclamaciones presentadas por ciudadanos y asociaciones, ante el impacto medioambiental que podría supo-ner la proliferación de estas actividades. En efecto, dichos colectivos consideran que esta situación agravaría la contaminación por purines en algunos municipios, y que podría suponer un incremento de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, máxime cuando se está tramitando la modificación del Decreto 40/2009, de 25 de junio.

Desde Ecologistas en Acción, ante dicha resolución, el informe hace un claro llamamiento a una moratoria, con el fin de minimizar el impacto ambiental de las explotaciones porcinas sujetas a autorización ambiental inte-grada, se adopten por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las siguientes medidas en el ámbito de sus competencias, manifestándose de la manera siguiente:

Que se valore igualmente por el órgano autonómico competente aplicar una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de las ya existentes, en aquellas zonas que se declaren vulnerables, en las que los informes preparatorios establezcan que la fuente principal del nitrógeno aportado a las tierras tengan su origen en la actividad ganadera, salvo que se adopten medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar el impacto ambiental, como las recogidas en el artículo 54.1 del Decreto 153/2019, de 3 de julio, de la Generalitat de Cataluña, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Otro aspecto a considerar en las conclusiones de dicho informe, es la mala praxis en cuanto a la gestión de los purines, manifestándose de la siguiente manera.

Que, en el ejercicio de las potestades de control conferidas a la Administración autonómica en el artículo 66 del Decreto Legislativo 1/2015, se apruebe en el Programa de actuación la implementación de herramientas informáticas que permitan el control de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola situadas en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agraria, impidiendo de esta forma que pueda existir duplicidades en las declaraciones de tierras donde se vierten los purines procedentes de las explotaciones porcinas intensivas.

También desde Ecologistas queremos constatar que este modelo de integración del porcino, más que favorecer el poblamiento del medio rural, es todo lo contrario, donde el ganadero, cotizando como autónomo, pone sus instalaciones y el trabajo al servicio de un oligopolio, que le proporciona los cerdos u otro tipo de animal, pien-sos, medicamentos y servicios a cambio de una remuneración por animal engordado. El sector, a nivel nacional, ha pasado de más de 200.000 granjas hace tres décadas a las 86.000 actuales. El sistema de integración supone aproximadamente el 75% de la producción, el 15% queda en manos de las cooperativas. El resto hasta llegar al 10% son ganaderos independientes.