Cuando en mayo del año pasado comenzaron a llegar centenares de camiones de esta empresa -contratada por el Grupo Q, promotor de la urbanización del Rancho Linares-, con miles de toneladas de escombros procedentes de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, el ayuntamiento no hizo nada. Cuando se denunció por Ecologistas en Acción, por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el SEPRONA y por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se limitó a mandar una inspección para comprobar la veracidad de las denuncias, tras lo cual, siguió sin hacer nada; ni paralizó los vertidos, ni incoó el preceptivo expediente sancionador.
Más aún, el Concejal de Medio Ambiente, la Concejala de Urbanismo y el propio alcalde, intentaron justificar el vertido como parte de un plan de reciclaje de escombros para la urbanización del Rancho Linares. Tras varios meses de denuncias públicas, la Concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, a instancia del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Antonio Caraballo, incoa un expediente sancionador. Pero, sorprendentemente, no se sanciona a la empresa por el vertido, sino por carecer de licencia, con lo que la sanción baja, de los 35.000 € estipulados en la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, a 674 € por falta de licencia de obras. Además, no se obliga a la retirada de los escombros como estipula la mencionada Ordenanza. Con esta maniobra para favorecer a una empresa privada, tanto Caraballo como Enciso pueden haber incurrido en un presunto delito de prevaricación.
Según cálculos que hemos realizado -el ayuntamiento ni siquiera ha calculado el monto del vertido-, en Rancho Linares se han vertido unas 13.000 toneladas de escombros, que si se hubieran llevado a gestor autorizado -muy cerca hay una planta legal de reciclaje de escombros-, hubiera supuesto un coste de 53.000 €. A cambio de ahorrarse el coste del reciclaje, la empresa tiene que pagar sólo 674 €. En el Puerto, quien contamina, se ahorra dinero.
Esta actuación de los máximos responsables de Urbanismo y Medio Ambiente del ayuntamiento, se une a otras anteriores en las que también han incurrido en manifiesta ilegalidades, como la aprobación del Proyecto de Urbanización en Rancho Linares sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Ante esto, el Alcalde Germán Beardo, tan dicharachero en redes sociales, calla, con lo que se convierte en cómplice de las irregularidades cometidas por sus concejales delegados de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, y por su protegido Caraballo.
