Ecologistas en Acción denuncia que el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María emitió dos informes favorables al Proyecto de Urbanización del Rancho Linares a pesar de que no se había sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental.
El 31 de enero de 2019, el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, Antonio Caraballo, remite un informe al Jefe de Servicio de Infraestructura y Urbanización en el que se propone una serie de medidas relativas a la ejecución del proyecto, como la “necesaria” eliminación de la vegetación afectada por la urbanización, medidas de prevención de incendios forestales, cerramiento de las zonas destinadas a Sistemas General y Local de Espacios Libres, mobiliario urbano, jardinería, localización de contenedores… En el Informe se llega a aceptar un vial que atravesaría la zona de retamar y denso pinar destinado a parque público.
El 28 de enero de 2020 el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente remite al Servicio de Infraestructura y Urbanización un nuevo informe sobre el Proyecto de Urbanización del Rancho Linares de cara a su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local. Dicho informe se limita, otra vez, a realizar observaciones sobre su ejecución: plan de autoprotección, red de hidrantes, trabajos selvícolas a realizar, tipo de cerramientos, mobiliario urbano, zonas de juegos infantiles, jardinería, papeleras… Dando por válido el Proyecto de Urbanización y su tramitación.
En estos informes no se advierte que la modificación del PGOU que recalificó este suelo a residencial se tramitó de forma ilegal, sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, mismo motivo por el que ha sido anulado el PGOU del municipio por el TSJA. Y lo que es más grave, no se advierte que el Proyecto de Urbanización tiene que someterse a evaluación ambiental, según determina a Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que estipula que todos los proyectos de urbanización que deriven de un planeamiento no sometido evaluación ambiental, como es el caso, o que tenga una superficie superior a 10 has., como también es el caso (Rancho Linares tiene 24,16 has.), tienen que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo que no se ha hecho en este caso, con la clara complicidad del Área de Medio Ambiente y de sus responsables.
Estos hechos dejan en evidencia a los concejales de Medio Ambiente que, por acción u omisión, han permitido que se tramiten estos informes fraudulentos y que han dejado en manos de Caraballo la decisión sobre los proyectos de urbanización. También deja en evidencia a la concejala de Urbanismo, que invoca seguridad jurídica para aprobar este Proyecto de Urbanización y defiende que se le otorgue licencia de obras, cuando no hay mayor inseguridad jurídica que tramitar planes urbanísticos sin la preceptiva evaluación ambiental. Ahí están las anulaciones en cascada por los tribunales: PGOU de El Puerto y Chiclana, Plan Parcial de Valdevaqueros…
Ecologistas en Acción exige al Alcalde que adopte medidas contra los responsables de haber redactado y tramitado estos informes fraudulentos, y que se proceda a su anulación y a la revisión del acuerdo por el que se Aprobó el Proyecto de Urbanización del Rancho Linares, por adolecer de nulidad radical al no haberse sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental.
