Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son aquellas en las que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, con el objeto de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una movilidad urbana más sostenible y un cambio modal hacia los desplazamientos activos, en bicicleta o a pie. Pero recientemente hemos conocido que El Puerto de Santa María es una de las dos localidades de la provincia de Cádiz que aún no las han tramitado, según lo determina para todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
Esta falta de cumplimiento de la ley e interés, le llegó incluso al Ayuntamiento de El Puerto a ni tan siquiera acogerse en su día a un programa de subvenciones del Gobierno de España para inversiones de ejecución e implantación de ZBE, y de esta manera contribuir a mitigar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de la ciudad y de sus habitantes, o facilitar el desarrollo de la movilidad activa en el entorno urbano, todo ello liberando espacio público para el peatón, el ciclista o para el propio disfrute de la calle, demostrando una vez más la insensibilidad de nuestros gobernantes hacia el medio ambiente, y en particular por la contaminación del aire la ciudad y la salud de sus habitantes.
Porque según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es una emergencia de salud pública que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea (20.000 en España), y el tráfico urbano es una de sus principales causas, ya que el 70% de las emisiones de CO2 se produce en las ciudades. Además, es necesario actuar en la preparación de las zonas urbanas a los efectos que el cambio climático está provocando, una dinámica que irá en aumento según todas las previsiones.
Aunque en un principio la normativa establecía el 1 de enero de 2023 como fecha tope para la implantación de las ZBE, finalmente se ha pospuesto hasta mediados de 2024. Una prórroga que el ayuntamiento debiera aprovechar para hacer sus deberes, aun cuando éstos ya deberían estar terminados, por cuanto tiene perfecta constancia de la obligación de elaborar estos proyectos desde mayo de 2021 tras la entrada en vigor de la Ley, donde ya se les advertía que debería adoptar planes de movilidad urbana que permitieran reducir las emisiones derivadas del transporte, incluyendo el establecimiento de ZBE, además de las reiteradas ocasiones en las que desde Ecologistas en Acción se lo hemos hecho saber, solicitándole la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pero una vez más, no recibimos ninguna respuesta.
Mientras muchos ayuntamientos españoles ya están tramitando las ZBE, el de El Puerto sigue ignorando la ley, sus obligaciones y el sentido común, aunque ya no nos llama la atención al haber demostrado sobradamente este Gobierno Municipal su falta de interés hacia los problemas medioambientales que afectan a la ciudad: contaminación y depuración de aguas, cambio climático, arbolado urbano, residuos, biodiversidad, movilidad y espacio público, urbanismo y patrimonio…
Tras las declaraciones del teniente de alcalde de Medio Ambiente y Movilidad, Millán Alegre, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, manifestando que hay una “clara apuesta por una ciudad presente y futura más sostenible y eficiente, que necesita el compromiso de todos sin excepción”, nos preguntamos dónde está y que entiende por esa “clara apuesta de ciudad sostenible y eficiente”.
Por todo ello, desde Ecologistas en Acción le hemos remitido un nuevo escrito al Alcalde de El Puerto en el que le urgimos a poner en marcha estas actuaciones, facilitando la participación pública en su diseño y dando cumplimiento a los objetivos de las ZBE. En el escrito le volvemos a recordar que, independientemente de su inacción, desinterés y pérdida de subvenciones, la ley le obliga a actuar, pudiendo recaer sobre el ayuntamiento la retirada de fondos europeos por su manifiesta negligencia e ineptitud.