Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María un Recurso de Reposición y alegaciones contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares. Todo el expediente es un despropósito para favorecer a una empresa privada, habiéndose incurrido en numerosas ilegalidades.
La aprobación de un Proyecto de Urbanización para construir 1.200 viviendas en el bosque con mayor biodiversidad del término municipal, es una decisión de enorme gravedad que demuestra el desprecio de los miembros del Equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de El Puerto.
Este proyecto tiene su origen en 2.008 cuando se comenzó la tramitación de una Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de Santa María de 1.992 por la que se modificaba la calificación de esta zona de terreno forestal destinado a parque público (Sistema General de Espacios Libres- SGEL-), según determina el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), a suelo residencial.
Este proyecto ha incurrido en múltiples irregularidades, la más grave, el no haberse sometido la mencionada modificación del PGOU a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según determina la Directiva Europea 2001/42/CE y su transposición en la Ley 9/2006 sobre evaluación de planes y programas. Las administraciones, que tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, vulneran conscientemente la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo que han anulado numerosos planes, entre ellos el mismo PGOU de El Puerto de 2.012 por no haberse sometido a EAE. Estos altos tribunales han establecido, además, el principio de no regresión en materia medioambiental. Un suelo protegido no se puede desproteger si sigue manteniendo sus valores ambientales.
Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo de la nulidad de esta modificación del PGOU y por tanto de todo su desarrollo. Pero tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía han seguido apoyando y tramitando este proyecto urbanístico a pesar de su manifiesta ilegalidad.
El proyecto de urbanización tampoco se ha sometido al preceptivo análisis de alternativas, y existen alternativas viables para la construcción de viviendas. Así, en La Florida, de titularidad pública y con Plan Parcial aprobado, está prevista la construcción de 3.360 viviendas, 2.409 de VPO; en Las Marías está prevista 1.200 viviendas; junto al centro comercial El Paseo otras 960 viviendas, de las que un 55% serían VPO; y en la colindante “Bahía Alta” quedan 700 viviendas por construir.
Los impactos de esta urbanización serían tremendos. Supondría el desmonte de toda la dehesa de acebuches y parte del pinar donde están inventariadas más de 200 especies de plantas, la mayor biodiversidad del término municipal. En el ámbito del Rancho Linares existen dos Hábitats de Interés Comunitario (HICs): Matorrales termomediterráneos y Arbustedas termófilas mediterráneas Asparago-Rhamnion, lo que ha sido ocultado por la empresa, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. También es hábitat de especies protegidas como el Camaleón y la única araña protegida por la UE y la de mayor tamaño del continente, la Macrothele calpeiana.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se basa en dos informes favorables, uno técnico y otro jurídico, que adolecen de graves deficiencias y omisiones. Los dos obvian que el proceso de Modificación del PGOU se aprobó sin someterse a la preceptiva EAE. También obvian que son terrenos protegidos por el POTBC que prevalece sobre el PGOU. Pero lo que es de suma gravedad es que en el informe jurídico no se hace mención del informe del jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Urbanismo del Ayuntamiento de fecha 01/04/2022, en el que se reconoce la nulidad de la modificación del PGOU en el ámbito del Rancho Linares por no haberse sometido a la preceptiva EAE, por lo que habría que declarar su nulidad. Estos dos informes son arbitrarios y contrarios a derecho y podrían incurrir en una presunta falsedad documental.
Ecologistas en Acción ha solicitado al ayuntamiento:
– Que proceda a revisar de oficio el acuerdo de aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares por ser contrario a derecho.
– Que no se conceda ninguna licencia de obra durante el proceso de anulación del Proyecto de Urbanización.
– Que se revise de oficio la Modificación Puntual del PGOU de 1.992 en el ámbito del Rancho Linares por no haber sido sometido a la preceptiva EAE.
– Que se proceda a integrar en el PGOM en tramitación la totalidad del Rancho Linares en la red de SGEL y se garantice la protección de la totalidad de estos terrenos forestales.
Ecologistas en Acción advierte al ayuntamiento que de seguir con este despropósito presentaremos recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del Proyecto de Urbanización y de la Modificación del PGOU, y estudiaremos acciones legales en el ámbito penal por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.