El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2024
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el Alcalde de El Puerto de Santa María por su inacción contra el cambio climático, incumpliendo la obligación legal que tiene de aprobar e implementar un plan municipal de acción climática.
La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) representa un claro espaldarazo a la acción de la ciudadanía para denunciar a los gobiernos por su inacción climática. La asociación KlimaSeniorinnen, formada por un grupo de mujeres mayores suizas ha logrado una victoria histórica en el TEDH.
La demanda se ha basado en la violación de los derechos fundamentales de los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que consagran los derechos a la vida y a la salud, que están en riesgo en el contexto del cambio climático, desatendiendo la abrumadora evidencia científica al respecto. Esta sentencia marca un hito significativo en la lucha contra el cambio climático, no solo para Suiza sino también para todos los países europeos que nos enfrentamos a desafíos similares.
Por ello, Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña de denuncias a ayuntamientos para que respondan por su inacción climática, ya que el 13 de octubre de 2022 finalizó el plazo para poner en marcha sus planes locales, y muchos no los han iniciado.
En el caso de El Puerto, Ecologistas en Acción ha solicitado reiteradamente al alcalde que inicie los trámites para su elaboración, aprobación y ejecución, sin que se haya dignado ni siquiera a contestarnos. Incluso le hemos facilitado una guía (elaborada por Ecologistas en Acción) para realizar dicho plan; tampoco nos lo ha agradecido.
Esta inacción climática es una auténtica irresponsabilidad. En vez de dedicarse a organizar cabalgatas y charangas, el alcalde debería cumplir con la Ley andaluza 8/2018 de Cambio Climático, que obliga a contar con planes municipales de acción climática para frenar el calentamiento global. El ayuntamiento lleva año y medio de retraso en su elaboración y aprobación.
Tampoco ha iniciado el plan para instaurar las Zonas de Bajas Emisiones, incumpliendo la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tenerlas aprobadas y en vigor antes del 1 de enero de 2023, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prorrogó el plazo en 18 meses, que acaba el próximo 30 de junio.
Hay que destacar que esta inacción es generalizada en Andalucía, donde el 89% de los ayuntamientos andaluces carecen de planes contra el cambio climático, con el agravante de que estamos en la región más amenazada por la crisis climática, al ser la más meridional de Europa, padecer olas de calor, enfrentarse a una sequía persistente y contar con un extenso y amenazado litoral.
Después de la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Suiza porque “las autoridades suizas no actuaron de manera oportuna y adecuada para concebir, redactar y aplicar la legislación y las medidas pertinentes”, resultan más justificados que nunca los recursos judiciales que hemos puesto contra ayuntamientos incumplidores.
Ecologistas en Acción hace un llamamiento a las asociaciones ciudadanas a emplear la vía jurídica contra las administraciones que no hacen nada para reducir sus emisiones y adaptarse a los embates del calentamiento global, incumpliendo sus obligaciones legales.