Ecologistas en Acción solicitará a la Junta de Andalucía que asuma las competencias en materia de inspección urbanística

 

Venta De Parcela En El Barranco (reserva Natural Lagunas De El Puerto)
Venta de parcela en El Barranco (Reserva Natural Lagunas de El Puerto)

El Puerto de Santa María, 08/07/2021

Ecologistas en Acción denuncia el colapso reinante en el Área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y reclama la asunción por la Junta de Andalucía de las competencias en inspección ante las continuas paralizaciones y caducidades en los expedientes de protección de la legalidad urbanística. El “Plan Municipal de Inspección Urbanística”, en vigor desde hace más de dos años, continúa sin aplicación.

Ecologistas en Acción colaboró con el ayuntamiento en 2019 en la elaboración de un “Plan de Inspección Urbanística” del que carecía el municipio, y que fue aprobado por unanimidad en Pleno municipal. Los Planes de Inspección Urbanística de los municipios son obligatorios según se establece en el Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

En el propio Plan de Inspección ya se advertía a los responsables del Área de Urbanismo que su aplicación sería muy complicada si no se incrementaban los medios personales.

Ante la solicitud de Ecologistas en Acción sobre el desarrollo y ejecución del Plan, se nos informó que, precisamente por falta de personal, no se han realizado las inspecciones establecidas, y que debería corresponder en el primer bienio con zonas no urbanizables de especial protección, con el objetivo de evitar la proliferación y aumento de parcelaciones y edificaciones ilegales en estas zonas protegidas. Menos aún se han llevado a cabo el seguimiento y control de las intervenciones como se señala en el citado Decreto.

Si esta situación es ya lo suficientemente grave, el propio trabajo diario de inspección, atención de denuncias o trabajo administrativo de gestión de expedientes, tampoco se está realizando con la diligencia debida, dando lugar a paralizaciones continuas, caducidades y prescripciones de los mismos.

Esta situación no es nueva y viene arrastrándose desde hace años con la pasividad y complicidad de los responsables políticos que no adoptan decisiones ni proporcionan los medios adecuados para el cumplimiento de la legalidad urbanística, consintiendo de facto un caos urbanístico y desastre medioambiental de imposible reparación y con una negra hipoteca para futuras generaciones.

Esta falta de actuación de disciplina urbanística está creando una sensación de impunidad que, unido a la reciente anulación del PGOU por el Tribunal Supremo, nos va a llevar de nuevo a un resurgimiento de nuevas parcelaciones y construcciones ilegales.

Ecologistas en Acción ha realizado desde al año 2016 el seguimiento de más de 50 expedientes de protección de la legalidad y 20 sancionadores, en los que está personada como parte interesada, y el resultado no puede ser más desalentador.

La mayoría de estos expedientes abiertos corresponden a parcelaciones y construcciones en terrenos de especial protección como son: El Barranco, Coto de la Isleta, Sierra de San Cristóbal, Vía Verde, Corredor Verde, Cinturón Verde o Pinar de Coig. De todos los expedientes analizados, no tenemos constancia de ninguna demolición subsidiaria por parte del ayuntamiento, y las demoliciones voluntarias son insignificantes. Estamos hablando de expedientes muchos de ellos de más de 10 años de antigüedad, y son innumerables las paralizaciones así como las caducidades y prescripciones de los mismos, con lo que la eficacia administrativa en la aplicación de la Ley es nula.

Por otra parte, hemos detectado que en numerosas ocasiones no se notifica el inicio del expediente a la Fiscalía cuando existe obligación, ni se abre en paralelo expediente sancionador. En la actualidad, nos consta que no se abren expedientes ni aún existiendo denuncia previa, o se demoran en el tiempo por falta de inspecciones, no se comprueban las paralizaciones ni se ejecutan otras medidas coercitivas previstas en el Reglamento, por lo que el efecto llamada es inevitable.

Nos consta que el personal adscrito a Disciplina Urbanística es insuficiente para cumplir con todos los cometidos del citado departamento, pero es competencia de los responsables políticos remover todos los obstáculos para que se cumpla la Ley, ya que de lo contrario y a sabiendas estarían prevaricando.

Por todo lo expuesto, esta asociación va a proponer que la Junta de Andalucía se avoque las competencias en este municipio de la disciplina urbanística dada la inactividad y dejación en las inspecciones y falta de personal, tal y como está previsto en la Ley 7/2002 Urbanística de Andalucía, y en el Decreto 60/2010 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Todo sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades en el ámbito penal para proteger el interés general de la ciudadanía de El Puerto de Santa María que ha respetado la legalidad urbanística a la hora de adquirir su vivienda, así como el derecho a disfrutar de una ciudad compacta y medioambientalmente sostenible, no contaminada por innumerables fosas sépticas, pozos ilegales y destrucción de territorio.

Vivienda Ilegal En Pago Winthuysen
Vivienda ilegal en Pago Winthuysen

La Junta sanciona a la promotora de la urbanización del Rancho Linares y le obliga a la retirada de los escombros

El Puerto de Santa María, 02/07/2021

La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha comunicado a Ecologistas en Acción que ha impuesto una sanción pecuniaria a la empresa MARSUR TS-21 S.L. por una cuantía de 240.401 Euros y la obligación de restauración ambiental del terreno donde se ha producido el vertido ilegal.

Cuando en mayo del año pasado comenzaron a llegar centenares de camiones de la empresa de demoliciones DAYTA con miles de toneladas de escombros procedentes de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, Ecologistas en Acción denunció los hechos al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento no sólo permitió el vertido de las 13.000 toneladas de escombros, sino que pretendió legalizarlos con el subterfugio de que se trataba de una zona de acopio para una planta de reciclaje de escombros. Ante la evidencia de que no existía constancia de tal planta, la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, autorizó dicha supuesta planta sin tener competencia para ello, pues una planta de reciclaje de escombros la tiene que autorizar la Junta de Andalucía. Al final, dicha autorización se ha anulado y la concejala de Urbanismo impuso a la empresa una ridícula sanción de 674€ por falta de licencia de obras, sin obligación de la retirada de los escombros.

Ahora, la Junta ha cumplido con su obligación e impone a la empresa MARSUR TS-21 S.L., propietaria de los terrenos y promotora de este vertido, una sanción ejemplar: 240.401€ y, lo que es más importante, la obligación de restauración ambiental del terreno donde han instalado esta escombrera ilegal.

En la citada notificación de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible se hace constar que en la inspección realizada “se comprueba que se está llevando a cabo el depósito de residuos, escombros, procedentes de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. A la fecha de inspección los residuos depositados alcanzan una superficie de 35 metros de ancho por 70 metros de largo y una altura de 3 metros. Los residuos depositados son residuos de construcción y demolición predominantemente inertes, que se están empleando para operaciones de relleno y acondicionamiento de un espacio sujeto a obra de urbanización. El titular del terreno es MARSUR TS-21, S.L. quien a su vez actúa como gestor de los residuos, procediendo a las operaciones de relleno, sin que conste autorización alguna para la actividad ni tampoco autorización a la citada empresa para operaciones  de gestión de residuos. Por su parte, el beneficiario de la actuación es la empresa GRUPO Q GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L., promotor de la obra.”

Teniendo en cuenta que el tratamiento en una planta de reciclaje de estos escombros hubiera supuesto un coste de 53.000€, con la sanción del ayuntamiento le salía a cuenta a la empresa verter de forma ilegal los escombros en medio de un bosque. Ahora no, la empresa tendrá que pagar 240.401€ de sanción, más el coste de la retirada de los escombros y de su gestión en una planta de reciclaje.

Toda la trama diseñada por los máximos responsables de Urbanismo y Medio Ambiente del ayuntamiento para urbanizar el Rancho Linares se les ha venido abajo. A la anulación del Proyecto de Urbanización por carecer de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, se une ahora este varapalo a la empresa promotora y al propio ayuntamiento que, de nuevo, ha quedado en evidencia.

Ante esto, el Alcalde Germán Beardo, tan dicharachero en redes sociales, calla, con lo que se convierte en cómplice de las irregularidades cometidas por sus concejales delegados de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, y por su protegido Caraballo.