El Ayuntamiento de El Puerto va a firmar con la empresa FCC un nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, que no cumple con la normativa vigente, por valor de 155.111.176,91 € y un plazo de validez de 10 años.
No fue hasta diciembre de 2023 cuando el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto aprobó el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza pública. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARC) lo anuló ante el recurso presentado por la empresa GMSM Medioambiente S.A., teniendo el ayuntamiento que rehacer de nuevo el pliego y convocar una nueva licitación.
Durante la redacción del nuevo pliego de condiciones técnicas, desde Ecologistas en Acción le advertimos al alcalde de la obligación que tenía el ayuntamiento de modificar el modelo de gestión de los residuos municipales para cumplir con la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga, entre otras cosas, a la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (o biorresiduos), bien mediante el sistema “puerta a puerta” o mediante el quinto contenedor “con control de usuario”, exponiéndole nuestras consideraciones sobre exigencias y criterios que deberían incluirse para mejorar estos servicios, además de adaptarse a la normativa en materia de economía circular. Lamentablemente, nuestras propuestas no se tuvieron en cuenta.
En junio de 2024 se acordó la nueva licitación del contrato de limpieza, que nuevamente se adjudicó a FCC en octubre de ese mismo año por valor de 155.111.176,91 € y un plazo de validez de 10 años, y aunque la empresa SACYR puso una nueva reclamación ante el TARC, éste finalmente la desestimó.
El nuevo contrato firmado no cumple plenamente con la normativa vigente, por cuanto la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece, entre otras medidas:
– A partir del 1 de julio de 2022 es obligatoria para las entidades locales con población superior a 5.000 habitantes la recogida separada de los biorresiduos. Sin embargo, el nuevo contrato establece la implantación del quinto contenedor marrón a partir del segundo año de la firma del contrato, cuando ya se lleva más dos años de retraso, además de no precisar la necesidad de “contenedores inteligentes” para evitar su uso inadecuado y poder hacer un buen compostaje de la fracción orgánica; y para ello es necesario la realización de potentes campañas de sensibilización ciudadana. Para disimular el cumplimiento de esta ley, el ayuntamiento ha instalado en la ciudad algunos contenedores para biorresiduos que no cumplen la función deseada.
– La cantidad de reciclaje para las fracciones de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables, deberá alcanzar en conjunto en peso, como mínimo, el 55% en 2025 (desde el 2020 Bruselas nos exigía el 50%), el 55% en 2025 y el 60% para 2030. Sin embargo, según información que nos ha facilitado el propio ayuntamiento, en 2023 el total de residuos recogidos fue de 41.806,65 Tn., de las cuales fueron al vertedero de Las Calandrias 32.728,83 Tn., un 78%, el resto, un 22%, es lo que se prepara para reutilización y reciclado, aunque se desconoce su destino. Esa cifra queda muy lejos del 55% que nos exige la ley para 2025.
– A partir de enero de 2023 se penaliza con 40 €/Tn. los residuos que vayan a vertedero y 20€/Tn. a incineración. Sin embargo, de los datos facilitados por el ayuntamiento, en el vertedero de Las Calandrias la tasa por tonelada es de 52€, habiendo pagado en 2023 la cantidad de 1.701.899,16 €. El ahorro que habría supuesto si se hubiera logrado el 55% de reciclado con la misma cantidad de basura habría sido de 723.638,6 €.
El desastre administrativo y medioambiental del actual Equipo de Gobierno llega a la situación de que actualmente también está prorrogado el contrato de concesión de servicios para la gestión de la planta de selección de envases (CRR) y del servicio de recogidas selectiva.
El ayuntamiento delega en empresas privadas servicios que son de su competencia, para lo que dedica decenas de millones de euros de nuestros impuestos; deja que finalicen los plazos sin tener preparados los nuevos contratos y licitaciones, y no controla el cumplimiento de las cláusulas de esos contratos. A la incompetencia de los responsables municipales se une el despilfarro de los fondos públicos.