CONCLUSIONES
•Se ha avanzado en la normativa reguladora del ruido (Ordenanza-Marco de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenanzas Municipales,...), pero sin embargo el grado de respeto a las normas es muy bajo, por lo que todos estamos en mayor o menor medida expuestos a la contaminación acústica.
•No existen planes de actuación encaminados a la reducción del ruido, no se dispone de mapas acústicos para reconocer la situación acústica de las ciudades, el ciudadano que soporta la agresión acústica no encuentra solución en los ayuntamientos al problema y hay una clamorosa falta de coordinación en las administraciones encargadas del control de la contaminación acústica.
•Vivimos en una (in)cultura del ruido que genera una aceptación social del ruido e incluso se busque en determinados ambientes. Necesitamos una cultura del respeto mutuo que se traduzca en no agredir acústicamente.
•El problema del ruido es lo suficientemente complejo como para no poderlo resolver exclusivamente con medidas sancionadoras; éstas deben ser complementadas con políticas de formación, información y sensibilización ciudadanas.
•La lucha contra el ruido ha venido presidida hasta la fecha en el mejor de los casos por medidas correctoras, sin adoptar políticas de prevención, como plantea la futura Directiva comunitaria sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que considera necesario evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental sobre la salud humana. La fijación de niveles de ruido ambiental es una medida necesaria pero insuficiente, si no va acompañada de intervenciones en el ámbito de la prevención, la reducción y la planificación.
•La política de promoción descarada del vehículo privado en la Bahía de Cádiz (el 85% de los desplazamientos), nos lleva también en contaminación acústica a un callejón sin salida: sin una política valiente de potenciación del transporte público y de los desplazamientos no motorizados, el ruido seguirá siendo un agresor insidioso.
•Además de declarar “zonas saturadas de ruido”, precisamos contar con “zonas libres de ruido”, como credencial que asegure la calidad de vida urbana. Los responsables públicos deben demostrar voluntad política para atajar el problema del ruido.
•Los aislamientos acústicos de las viviendas dejan mucho que desear; se precisa de una Norma Básica de la Edificación que garantice protección frente a ruidos y vibraciones.
• La promoción de la salud y del bienestar de las personas requiere una actuación mucho más decidida y coordinada de las autoridades, integrando la reducción del ruido como un factor esencial de calidad ambiental en la planificación urbana y del transporte.
Hay que destinar mayores recursos económicos, técnicos y humanos a su atención, sancionando adecuadamente los comportamientos insolidarios.