Una
mujer de 76 años y sus dos hijos fueron dejados en la
calle. Su vivienda fue arrasada por una topadora. No hubo juicio
de desalojo. Participaron 7 efectivos policiales ante la desprotección
de la anciana que no tuvo tiempo de llamar a su abogado.
Una familia campesina fue literalmente dejada en la calle
después de un violento desalojo que culminó
con la destrucción total de una casa de material y
dos casas ranchos, viviendas construidas a lo largo de los
sesenta años de posesión de la familia en el
lugar.
El hecho ocurrió el día martes 30, un día
antes de los festejos de año nuevo y último
día de normal funcionamiento judicial hasta febrero,
en un inmueble rural ubicado a seis kilómetros de la
localidad de Puesto de Castro en el departamento Río
Seco, a 180 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
A las diez de la mañana se presentaron ante Ramona
Bustamante de 76 años, propietaria del campo, el Juez
de Paz de Puesto de Castro, Roque Benchetrit, el Dr. Chiavassa,
representante del Sr. Scaramuza, quien dice ser el legítimo
dueño del campo en cuestión y siete efectivos
policiales de los destacamentos de Sebastián Elcano
y Puesto de Castro encabezados por el Subcomisario Moyano,
a cargo del operativo.
Benchetrit, Moyano y Chiavassa intimaron a la Sra. Bustamante
a desocupar el lugar. Ante la negativa, los efectivos comenzaron
a retirar las pertenencias, rompiendo a mazazos las ventanas.
Vale aclarar que Orlando Bustamante, hijo de Doña
Ramona, no se encontraba en el lugar ya que había viajado
a la ciudad de Deán Funes a realizar una denuncia a
la fiscalía. El Sr. Orlando Bustamante poseedor desde
hace 48 años de este predio, venía realizando
las tramitaciones para registrarse como poseedor en el marco
de la ley provincial 9100 y buscaba también el amparo
de la Ley de Posesión Veinteañal que prevé
el Código Civil en el artículo 2468.
En este sentido es importante recalcar que el desalojo no
se realizó con el juicio correspondiente, sino simplemente
con una orden judicial mediada por la homologación
de un dudoso escrito realizado por el anterior Juez de Paz
hace unos años atrás, lo cual impide la oposición
de pruebas por parte de los damnificados.
En otro sentido, durante el procedimiento Ramona Bustamante
tuvo varios picos de tensión y debió ser atendida
por una enfermera del lugar.
Una vez que todas las pertenencias fueron quitadas de la
vivienda de material, el Dr. Chiavassa salió en busca
de un tractor con frente de rejas para comenzar a topar la
casa.
Durante aproximadamente tres horas el tractor estuvo destruyendo
parte por parte las habitaciones de la vivienda ante la desesperación
de Doña Ramona y su hija quien ya se había hecho
presente en el lugar.
En todo momento el Dr. Chiavassa agredió y desprestigió
verbalmente a la anciana y a todos los que se acercaron a
exigir explicaciones. Es de hacer notar que tanto el Juez
de Paz como el oficial Moyano actuaban de acuerdo a lo que
Chiavassa exigía, siendo que este abogado sólo
estaba en calidad de representante de una de las partes y
no tenía porqué intervenir directamente en el
procedimiento. Chiavassa imperaba: "sacame esto",
"retirame a aquel", "volteemos rápido",
"tiráselo a la mierda", etc, y el Juez y
la policía actuaban consecuentemente.
Posteriormente, alrededor de las seis de la tarde se hizo
presente Orlando Bustamante intentando frenar la destrucción
de los ranchos y fue reducido por la policía en pleno
shock nervioso, mientras amenazaba con prenderse fuego con
un bidón de nafta en una mano y un encendedor en la
otra.
Ante esto, Chiavassa le sugirió a Moyano: "Atenlo
y llévenlo preso, así terminamos"
Finalmente cuando todo ya había sido realizado, pareció
como que todos emprendieran una especie de "festejo",
ya que el Juez Benchetrit tomaba champán mientras tecleaba
la máquina de escribir y la policía y Chiavassa
tomaban y comían salame con queso traído de
una conservadora que estaba en la camioneta cuatro por cuatro
del letrado.
Contexto
Este procedimiento no es un caso aislado sino parte de una
metodología que se viene llevando adelante desde hace
aproximadamente veinte años, donde los pobladores del
lugar quedan totalmente desprotegidos de la justicia.
La frontera agropecuaria se abre y corre hacía el
norte de la provincia, no sólo topando ilegalmente
montes y bosques nativos (sin cumplir las leyes forestales
vigentes), sino también desalojando y aplastando a
campesinos y a sus sistemas sustentables de producción
que durante cientos de años viene alimentando y dando
trabajo a miles de argentinos.
La desprotección legal en la que se encuentran las
tierras de los campesinos del norte de Córdoba ha sido
históricamente desoída por las autoridades;
el problema ahora se recrudece con este tipo de situaciones
ya que el valor que han adquirido los campos en los últimos
tres años con la "fiebre de la soja" hace
que muchos empresarios quieran obtener parcelas de campos
sin importar los medios.
La llegada de la soja al noreste provincial ha puesto en
jaque a las familias campesinas, ya que el encierre de los
campos, la matanza de animales, el cierre de caminos vitales,
la fragmentación de comunidades, las fumigaciones y
demás fenómenos desconocidos años atrás
impiden el desarrollo normal de un estilo de vida genuino
que se ha quedado con pocas alternativas de subsistencia.
Una hectárea de campo en la zona donde ocurrió
el desalojo está cotizándose entre 3500 y 4000
pesos y la rentabilidad que otorga esa misma superficie sembrada
con soja es de cuatro a cinco toneladas por cosecha (entre
2500 y 3000 pesos)
El papel de la policía y de la justicia a nivel local
siempre ha quedado supeditada a los favores y al poder económico
de las partes. Un campesino que denuncia la matanza de un
animal o la colocación de postes u otros elementos
en su propiedad, deberá resignarse a no encontrar respuestas,
en cambio un propietario adinerado pagará el gasoil
de los móviles policiales, regalará camionetas
a los destacamentos, pagará con honores cada certificación
del Juez de Paz y así podrá acceder a la "justicia"
y el "derecho". Así es que ambos brazos de
la justicia en las zonas rurales se verán "comprometidos"
a devolver esos favores que les permiten funcionar.
Del mismo modo una justicia que impide el embargo o el remate
en el ámbito urbano, lo permite con gracia en las zonas
rurales.
Las causas del proceso de concentración de las zonas
urbanas no son consecuencias sólo de "una natural
tendencia de las personas" a vivir en las ciudades sino
también de la desigualdad de derechos.
Para repudiar o pedir explicaciones sobre este hecho:
- Subcomisaría de Sebastián Elcano (03522)
498940
- Comisaría de Villa de María del Río
Seco (03522) 426001 / 426002
- Unidad Regional Nro 11 de Deán Funes (03521) 426210
/ 426221
- Juzgado Civil y Comercial 38 nominación: Juez Adolfo
Coronel (0351)
Unión Campesina del Noreste (UCAN)
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