Cordialmente,

Xavier Criou

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA Oficina del Portavoz e Información Pública

Intervención del Relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, al finalizar la visita a Guatemala

Termino hoy una visita oficial de 10 días en Guatemala por invitación del gobierno. Vengo en calidad de relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

El propósito de la visita fue recabar información relacionada con la situación de los pueblos indígenas del país, para informar a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre los resultados de mi investigación y proponer algunas recomendaciones.-

Durante la visita, tuve reuniones con varios funcionarios del gobierno, entre ellos, el Vicepresidente de la República, la Ministra de Cultura y Deportes, el Ministro de Trabajo, el Ministro y Vice-Ministro de Educación, la Presidenta de la Comisión Parlamentaria de los Derechos Humanos, el Presidente de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General, el Procurador de los ^ Derechos Humanos, la Secretaria de la Paz, y la Directora de la Defensoría de la Mujer Indígena.

Asistí a reuniones en Izabal con representantes de las Comunidades Q'eqchi', Poqomch'i, Achí, Mopan, Itzá, Chortí y Garífüna; en Chichicastenango con representantes de los pueblos Ixil, Kiche, Tzutuhil y Kaqchikel; en Totonicapán con representantes del pueblo Mam, Chuj, Kanjobal, Aguacateco, Poptí, Tektiteko, Uspanteko, Acateco, Jakalteko, Sakapulteko y Sipakapense ; en Santa Rosa con Xincas y Poqomames. Además de estas reuniones fuera de la ciudad de Guatemala me reuní con organizaciones indígenas en la capital. También tuve la oportunidad de reunirme con miembros del sector académico.

Presentaré el informe final sobre la visita a Guatemala, con mis resultados, observaciones y recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos en Abril 2003. Mientras tanto quisiera adelantar algunos comentarios. He tenido la oportunidad de observar que:

1) Guatemala es una sociedad multiétnica, multilingüe y pluricultural en
la cual la mitad del país esta constituida por los pueblos indígenas maya, xinca y garífüna.

2) En algunas regiones del país, especialmente en las áreas rurales, los
pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población.

3) La identidad nacional de Guatemala está basada en gran medida en las
culturas vivientes de sus pueblos indígenas, con sus tradiciones y valores comunitarios, idiomas y espiritualidad. Sin embargo, lejos de ser socios en igualdad de condiciones en la construcción de la Guatemala de hoy, los pueblos indígenas son excluidos, discriminados y marginados:

a) El 40% de los pueblos indígenas de Guatemala viven en la pobreza extrema y 74% en la pobreza, según la definición de la ONU; las mujeres indígenas son más afectadas por la pobreza que los hombres.

b) Si bien hay también no indígenas pobres, las tres cuartas partes de la población que viven en situación de extrema pobreza son indígenas; los peores índices de pobreza extrema y ausencia de servicios sociales (indicadores de Desarrollo Humano), se encuentran en los departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, donde el 70% de la población es indígena.

c) La mitad de la población indígena del país es analfabeta.

d) En algunas comunidades el analfabetismo de las mujeres indígenas alcanza el 90%.

e) Los niños y las niñas indígenas de las áreas rurales tienen un promedio de menos de dos años de educación; las niñas indígenas un poco más de un año.

f) Las tres cuartas partes de los hogares indígenas viven en áreas rurales sin servicios de agua o saneamiento.

Además de estos indicadores sobre la situación extremadamente difícil que enfrentan los mayas, xincas y garífünas en Guatemala, los representantes indígenas me hablaron repetidamente de la discriminación racial y étnica que han sufrido y sufren en su vida diaria. La discriminación se manifiesta en las actitudes de las autoridades hacia los indígenas, los prejuicios asociados con el traje tradicional y otros aspectos de la cultura, así como el hostigamiento y el abuso verbal.

La aprobación de la legislación pendiente sobre la discriminación racial y étnica que se encuentra ante el Congreso y la propuesta para que Guatemala acepte el mecanismo de monitoreo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, son medidas necesarias y urgentes que contribuirán a construir una sociedad respetuosa de la diversidad cultural, como está indicado en la Constitución y los Acuerdos de Paz.

Los representantes indígenas también me informaron de su gran preocupación por el sistema de administración de justicia, declarando que sus comunidades no tienen acceso a una justicia equitativa y expedita. En muchos casos, como lo reconoce la oficina del Fiscal general hay ausencia total de operadores de justicia; y allí donde funciona, hay pocos o a veces ningún intérprete legal para asegurar el acceso en sus propios idiomas para los pueblos indígenas como lo requieren los acuerdos de paz.

Me informaron además que en muchas comunidades indígenas la situación se complica aún más por la persistencia del involucramiento en asuntos públicos de los miembros de las ex-PAC, quienes a pesar de estar formalmente desmilitarizados siguen como un factor altamente organizado en la política local en numerosas instancias. Junto con la impunidad de la que gozan en cuanto a sus actividades durante el conflicto armado interno, esta presencia puede ser percibida como un peligro para la construcción de un estado libre y democrático.

Además, ante las dificultades extremas en el acceso a la educación a todo nivel, los indígenas han solicitado la creación de una política de educación bilingüe e intercultural comprensiva y dinámica, y el establecimiento de escuelas en idiomas indígenas.

Son muy positivos los esfuerzos del Ministerio de Educación en promover la
interculturalidad y el multilingüismo, pero sufren de la limitación de recursos disponibles para la implementación de estos elementos fundamentales de los Acuerdos de Paz.

En numerosas oportunidades los pueblos indígenas se refirieron a las restricciones que enfrentan en el goce del derecho de practicar su propia espiritualidad y creencias. Estas incluyen prohibiciones de acceso a sitios sagrados, persecución de líderes espirituales que recogen plantas para sus ceremonias, y hostilidad hacía las creencias y prácticas espirituales indígenas por parte de las iglesias.

El problema de la tierra es el tema fundamental que afecta los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los representantes indígenas con los que hablé se refirieron al aumento de tensiones sociales por la falta de acceso a la tierra; la falta de resolución de reclamos en tomo a la posesión de la tierra; la falta de respeto por sus territorios comunales, tales como los bosques tradicionales que históricamente son propiedad colectiva de las comunidades; desalojos forzados debido a proyectos de desarrollo económico y temas relacionados con la pérdida de tierras debido al conflicto armado. Es prioritario establecer un registro catastral que delimite claramente las tierras comunales así como implementar una política nacional agraria más dinámica, para resolver los numerosos conflictos que se presentan y enfrentar los problemas estructurales asociados con la concentración extrema de la propiedad agraria en el país. Si la problemática de la tierra sigue sin soluciones adecuadas aumentará la probabilidad de que estallen conflictos sociales, con serias implicaciones para la democracia y la estabilidad política y social.

Fui informado de las diversas medidas tomadas por el gobierno en cumplimiento de los acuerdos de paz y especialmente del acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Estas medidas incluyen el establecimiento de una Defensoría de la Mujer Indígena, Unidades de asuntos indígenas creadas en la oficina del Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia, la nueva política de educación bilingüe, el Fondo Indígena, etc. Los representantes de estas instituciones declararon que los bajos presupuestos limitan sus acciones. El FODIGUA, por ejemplo, un fondo para el desarrollo comunitario indígena, dispone de un presupuesto de 22 millones de Quetzales (3 millones de USD.) para el año en curso, lo cual limita seriamente su potencial para fortalecer a las comunidades indígenas. Además, estos presupuestos limitados son a veces recortados aún más durante el año fiscal.

Estas iniciativas que en parte cumplen con los Acuerdos de Paz son pasos significativos pero resultan en gran medida de poca efectividad por la falta de recursos y de voluntad política para implementarlos.

Estoy convencido del papel importante que desempeña MINUGUA en relación con los pueblos indígenas y he escuchado preocupación por la finalización de la Misión en el 2003. En mi opinión, las instituciones guatemaltecas para la protección de los derechos humanos tendrán la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Sin embargo, el informe recomendará que la ONU considere, en consulta con los pueblos indígenas y el gobierno, la forma de seguir contribuyendo al proceso de construcción de una sociedad más equitativa en Guatemala para sus grupos más excluidos, apoyando a las instituciones gubernamentales y fortaleciendo las capacidades de los pueblos indígenas mismos. De esta manera se podrá sostener el camino hacia una sociedad plural e incluyente.

Guatemala de la Asunción, 11 de septiembre de 2002.

Fundación Rigoberta Menchú Tum - México
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