Y en esta lucha, la sanción de las leyes que garantizaran el acceso a la tierra, al reconocimiento de la presencia étnica y cultural de pueblos indígenas, el derecho a la educación, a hablar su lengua materna y otras cuestiones socioeconómicas fueron y son importantes.

El primer paso desde el monte formoseño
La primera ley fue promulgada en Formosa, con una gran población aborigen, y su elaboración tuvo un gran protagonismo indígena.
En 1984 se crea una comisión conocida como "de los veintiuno", siete representantes por cada una de las tres etnias aborígenes (pilagá, toba y wichi) de la provincia. Estos se proponen consultar a todas las comunidades de sus etnias sobre la tierra, la cultura, la educación, la salud, etc. con la finalidad de insertar el pensamiento aborigen de una ley.

Este proceso culmina con una gran movilización a la ciudad de Formosa para la representación al Poder Legislativo del proyecto de Ley Integral Aborigen conjuntamente con el Poder Ejecutivo.

Esta ley se aprueba con el nº 426 que otorga reconocimiento jurídico a las organizaciones aborígenes como asociaciones civiles, y con ella, la posibilidad de recuperar la tierra como "reparación histórica". También con esta ley se crea el ICQ, el Instituto de Comunidades Aborígenes, de carácter gubernamental para operativizar las cuestiones indígenas relacionadas con la nueva legislación.

Movilización para una ley
Después, en la provincia del Chaco, se vive un proceso similar. A través de una convocatoria, impulsada por las Organizaciones no Gubernamentales, se reúnen en la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña dirigentes de todas las comunidades del Chaco y de las diferentes etnias junto con representantes de todas las instituciones que los acompañan.
Se conforma una comisión llamada "de los seis", dos representantes de cada etnia (mocoví, toba y wichi) que debían llevar adelante las gestiones para la sanción de una ley provincial del aborigen.

Finalmente, en mayo de 1987, se realiza una movilización aborigen en la ciudad de Resistencia para reclamar la sanción de la ley, la que finalmente se sanciona en ese mismo año. También aquí la ley contempla la creación de un organismo gubernamental, el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño y la posibilidad de titularizar tierras indígenas junto al reconocimiento de otros derechos como el de la educación bilingüe y bicultural.

Un pensamiento común: La Ley
En la provincia de Santa Fe todavía no existe ninguna legislación. Desde hace unos 3 años, nació la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, la OCASTAFE, que agrupa a los representantes de las dos etnias que habitan la provincia: mocoví y toba.
Las asambleas periódicas que llevan a cabo es el ámbito que permite recuperar la memoria histórica para enlazarla con la vida actual. Una vida llena de agravios e injusticias hacia el aborigen con respecto a al propiedad de la tierra, la educación y el menosprecio a la raza. Por esta situación para buscar alternativas de vida más dignas.

El accionar de la organización OCASTAFE posibilita plantear políticas hacia las comunidades. Y una de las iniciativas de esta organización fue la elaboración de un anteproyecto de ley provincial cuyo primer artículo dice:

"Esta ley tiene por objeto el tratamiento integral de la situación social, económica, política, jurídica, colectiva e individual de las comunidades aborígenes de la provincia de Santa Fe, mediante el reconocimiento de su propia organización, como elemento de autodeterminación, llevando implícito un real respeto a la cultura, a través del acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida en cuanto a salud, vivienda y educación; garantizando su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional."

Desde agosto de 1992, este proyecto de ley está en manos de los presidentes de los tres bloques de la Cámara de Senadores, del Vicegobernador y del Gobernador.

Con la fuerza de la Organización
Y en Río Negro tampoco ha sido fácil la sanción de una ley. Luego de muchos tironeos entre los representantes indígenas y el gobierno provincial, fue sancionada la ley provincial.
Para lograrlo fue necesario que la poderosa organización mapuche, el Consejo Asesor Indígena, el CAI, luchara a brazo partido cada punto de la misma.

Los mapuches del CAI reúnen a representantes de 72 parajes distintos, alejados por enormes distancias entre sí. Surgido a partir de la nevada del '84, el CAI es hoy una muestra de lo que puede lograr la organización indígena. Durante el primer gobierno democrático provincial, el CAI colaboró en un primer momento con la elaboración de la ley, pero cuando las autoridades pretendieron modificar el proyecto elaborado en conjunto, el CAI puso una firme resistencia.

Tras la elección de un nuevo gobernador, y tras una serie de grandes movilizaciones, se conformó una comisión legislativa de asuntos indígenas, en la cual intervinieron los representantes de los aborígenes y sus asesores. El proyecto de ley surgido de esa comisión fue festejado por los aborígenes y votado por unanimidad por los legisladores.

Este primer paso fue dado. Sin embargo, la lucha de la organización indígena continúa. Todavía hay que hacer realidad el sueño de la dignidad: recuperar las tierras.

La tierra, una promesa
Salta es la provincia que más etnias diferentes alberga en su territorio provincial. Pese a haber sido la segunda provincia en instrumentar una ley aborigen, Salta presenta la situación más complicada del país en este tema. Graves conflictos entre terratenientes e indígenas parecen volcarse a favor de los primeros. Mientras tanto, el poder político sigue haciendo promesas.
Se hace imposible contar los casos de intentos de desalojar a comunidades aborígenes de las tierras fértiles que desde hace siglos ocupan.

Mientras la ley demora en ser implementada, los alambrados cierran caminos, se meten en territorios indígenas y los derechos aborígenes siguen pisoteados.

En el chaco salteño, en septiembre de 1991, criollos y aborígenes firmaron un Acta Acuerdo con el Gobernador de la provincia para la ubicación de las familias en 75 mil hectáreas de lotes fiscales. Esto forma parte de una iniciativa de Organizaciones no Gubernamentales que presentaron un Plan de Regulación y reordenamiento de tierras fiscales para criollos y aborígenes.

Otra ley
En Misiones, la cuestión no está menos complicada. En democracia, la provincia de Misiones aprobó la ley más progresista de todas las redactadas en el país. Elaborada por grupos indigenistas y los propios indígenas fue muy bien aceptada por las aldeas mbya. Esta ley fue reglamentada pero nunca fue aplicada. Y lo que es peor, fue derogada echando por el suelo las esperanzas de las aldeas guaraníes. En su lugar fue sancionada la Ley nº 2727 que tiene además el decreto reglamentario. La población indígena de Misiones no tiene aún suficiente información de la misma como para presentar un pensamiento común en propuestas o posturas. Desde ya se sabe que uno de los aspectos más difíciles de sortear será la tenencia de la tierra y las posibilidades reales de acceso.
La ley también crea la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, organismo gubernamental encargado de reconocer a las comunidades indígenas como tales, y otorgar la personería jurídica.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Allá por 1986-87, con unos pocos años de democracia, los ciudadanos argentinos empezamos a escuchar, de boca del presidente Alfonsín, las palabras Reforma Constitucional. Sólo el correr del tiempo y la vida en democracia nos harían entender verdaderamente su significado. Aquella mención produjo cierto revuelo en determinados sectores de nuestra sociedad, que querían aportar a la construcción de una nueva Carta Magna.
En 1991-92, el presidente Menem vuelve a lanzar el tema al ruedo. Hoy ya está sancionada la nueva Constitución, con una serie de correcciones y nuevos derechos. De todos ellos, el reconocimiento de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas se ha escrito con la letra del protagonismo popular.

Los derechos indígenas están reconocidos en el artículo 75, inciso 17:

"Corresponde al Congreso...
Reconocer la pre-existencia de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptibles de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."

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La Tapa n°7