El campo colombiano tampoco aguanta más. Es una de las premisas que muy diversos actores rurales, académicos y políticos han externado en el foro El espejismo del ALCA y el libre comercio, celebrado hace unos días en Bogotá. Convocan más de 40 organizaciones de la sociedad civil y acuden más de mil 200 representantes de todo Colombia y dos invitados mexicanos.

Son las políticas económicas de ajuste, y no tanto la violencia y el narcotráfico, las que han llevado al desastre al agro colombiano. La "apertura económica", promovida por el gobierno de César Gaviria, se inicia desde 1990. Colombia llega tarde al programa de ajuste impuesto por el Consenso de Washington, pero se aplica y recupera el retraso muy pronto: las barreras arancelarias se reducen de 83 a 7 por ciento y las no arancelarias de 73 a uno por ciento en promedio.

Posteriormente, los países andinos signan con Estados Unidos un acuerdo temporal para la sustitución de cultivos "ilícitos": la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés), el cual estipula que para incentivar otro tipo de cultivos que no sea la coca, los estadounidenses abrirán sus fronteras a algunos productos colombianos, sobre todo café, y que éste recibirá un sobreprecio por buena calidad. Los resultados son muy claros: Colombia reduce drásticamente el cultivo de granos básicos: trigo, cebada, sorgo, soya. Ahora importa 95 por ciento del trigo que consume. En los primeros ocho años del ATPA las exportaciones colombianas sólo suben de 2 mil 700 a 2 mil 800 millones de dólares anuales, mientras las importaciones agropecuarias se disparan de 700 a 7 millones de toneladas.

Los beneficios prometidos no llegan. Estados Unidos abre sus puertas al café colombiano, pero su mercado se inunda con aromático de menor calidad procedente de Vietnam, Brasil y otros países. El precio se derrumba y con él las divisas que reciben los productores de Colombia. En 1997 exportan a Estados Unidos 20 millones de sacos y reciben 5 mil 39 millones de dólares. En 2000 reciben menos de la mitad en dólares: 2 mil 435 millones, prácticamente con el mismo volumen exportado.

La apertura y el acuerdo con Estados Unidos han hecho que se dejen de cultivar 800 mil hectáreas del agro colombiano. Se estima que se han perdido unos 200 mil puestos de trabajo y han desaparecido prácticamente los cultivos de trigo y de algodón. El cultivo de arroz está seriamente amenazado, pues dentro de la Iniciativa Andina se contempla la compra de varios miles de toneladas a Ecuador. La papa, otro de los cultivos-fortaleza de Colombia, no puede competir con los excedentes de papas estadounidenses de Idaho.

Debido a la falta de demanda de sus productos, así como a la caída del precio de los mismos, y no tanto por la inseguridad y la violencia, muchos agricultores vuelven a los narcocultivos. La agricultura, que da empleo a 4 millones de personas, que representan 11 y medio millones de colombianos, ya es zona de desastre económico y ambiental. Al productivismo se suma ahora el bombardeo con glifosatos, promovido por Estados Unidos dentro del Plan Colombia, para defoliar los cultivos de coca, pero que también arrasa con los cafetales.

Y cuando el campo no está sano, la economía en su conjunto no va. Colombia vive la crisis económica de fines de los años 90, la peor del pasado siglo, con graves déficit comercial y fiscal, con cifras crecientes de miseria.

Ante la perspectiva de aprobación y entrada en vigor del ALCA los colombianos conscientes adelantan cifras del apocalipsis agrícola que se daría de firmarse el acuerdo: se dejarán de cultivar 2 millones de hectáreas, se dejarán de producir 6 millones de litros de leche, 560 mil toneladas de carne de cerdo, 92 millones de libras de carne de pollo y se perderán 480 mil empleos. Todo por el espejismo de ganar nichos de mercado, muy reducidos y competidos en Estados Unidos, como el de las frutas tropicales.

Los campesinos colombianos no se cruzan de brazos, se han movilizado intensamente. Han creado organizaciones como Salvación Agropecuaria, que ya ha realizado paros nacionales y prepara una "toma de Bogotá" para el próximo 12 de agosto. Y con muy diversos sectores del país están demandando que la decisión de sumarse o no al ALCA, impuesto por Estados Unidos, no quede en manos de los 260 congresistas, sino que sea llevada a plebiscito para que sea decidida por todos los colombianos.

La democracia participativa se convierte ahora en el arma de los pueblos latinoamericanos contra la globalización excluyente representada en el ALCA.