CHURRAS O MERINAS
(como enfocar de una vez el compromiso con la memoria
histórica)
La voluntad del republicano era el título
que iba a dar a este artículo. Luego opté por uno más castizo. Lo de republicano podía
sonar a Bush y prefiero no pensar siquiera en una confusión así.
En la búsqueda por la Recuperación
Histórica se está poniendo mucha vehemencia, interés y desde luego responsabilidad,
pero no todo parece perfecto. No trato de hacer una apología de Asociaciones o Grupos, ni
tampoco una persecución de los opuestos. Creo que en este momento varias personas nos
hemos unido, por afinidades o ideologías en esa búsqueda del derecho de los vencidos, no
reconocido, pisoteado y vilipendiado, con distintos puntos de vista. Pero los diferentes
barcos van llegando a puerto. Al fin un gobierno del Partido Socialista Obrero Español
toma, con retraso, la decisión de, mediante Decreto, crear una Comisión para el estudio
y las soluciones pertinentes con las victimas de la guerra civil y el franquismo. Yal
decir retraso no se tome como una crítica, sino como un hecho, que ya no permitirá a
muchos testigos de la guerra civil y/o la dictadura, verlo, porque ya fallecieron o por la
edad se encuentran en condiciones de salud precarias.
Pero el hecho de la urgencia, no quiere decir irresponsabilidad o
ineficacia. Es urgente porque llevamos más de 60 años esperando, pero esto no quiere
decir que no se precise un estudio sereno antes de tomar soluciones. Con energía y
urgencia, pero no con meteduras de pata.
Y aquí es dónde propongo el
debate. Asisto con estupor, a reuniones, textos y conversaciones en que se prima por
encima de todo al derecho de los familiares con sus víctimas, como derecho preferente.
Esto no es ya un error político, voy a intentar demostrar que es un error jurídico. El
causahabiente en el derecho sucesorio, es el primer sujeto a respetar. Y es su voluntad la
que prevalece sobre, o mejor decir, incluso, sobre el derecho de los herederos. Expresado
en lenguaje de la calle, la voluntad del fallecido, se respeta por encima de los derechos
de los familiares, amigos e interesados, en sus derecho y obligaciones. Es necesario y
preciso, que esa voluntad del causante de la herencia, quede expresa de forma clara, bien
en escrito de voluntades (testamento) o bien a través de testimonios de personas que
expresen, fuera de toda duda, su voluntad.
Pues bien, el causante o
causahabiente, da fe ante la sociedad de los hombres, y más concretamente ante su
enemigo, que lo busca por eso, de su ideario republicano. Y es buscado, perseguido, matado
por ser de la República, ya fuera anarquista, comunista, socialista, poumista, de
izquierda republicana, o de cualquier otro partido que defendiera a la República. Pero
también por ser un profesional, en su trabajo, al servicio de la República; bastaba con
ser maestro, o secretario del ayuntamiento, para ser llevado al pelotón de fusilamiento.
Y si podemos establecer que hubo casos aislados, de venganzas personales, también se
puede considerar que entraban en ese odio del enemigo fascista, al entrar en pueblos y
ciudades, que hasta ese momento fueron republicanos. Los crímenes de guerra, o los
posteriores crímenes contra la humanidad, en la posguerra, se hicieron contra personas
cuyo único delito era vivir en algún territorio ocupado más tarde por los rebeldes, y
no tener avales de fe fascista.
Por lo tanto, deduzco que el
testamento político de los desaparecidos, represariados y fusilados, estaba claro. O
había documentos que probaban su vinculación a la República, carnets de partido,
sindicato, profesional, etc., o había testimonios de compañeros, familiares, e incluso,
del enemigo.
Una vez establecido el derecho del caído republicano,
aparece, muchos años después, la petición de familiares, camaradas, amigos, a ser
reivindicado, a ser homenajeado, a ser enterrado en un sitio decente. Y aquí hay otro
error jurídico. Creo, y si estoy equivocado deben decírmelo, que la exhumación de un
cadáver debe hacerla un juez. Es evidente que puede hacerlo de oficio. Pero como esto no
conocemos muchos casos que se hayan dado, es evidente que hay que denunciarlo. Y el juez
ante esa denuncia no tiene más remedio que acceder a la exhumación. La dificultad está
en conocer exactamente el lúgar dónde hubo una fosa común, o unos restos de personas
matadas, por cualquier procedimiento, despeñadas o fusiladas. Pero estas localizaciones se van haciendo poco a poco, y se van conociendo los
sitios. Y es responsabilidad del juez, que las exhumaciones se hagan de forma legal y
pública. Porque estamos en el ámbito del derecho público, que no quiere decir que las
familias no tengan su importancia.
También reivindico, y entiendo, el
derecho familiar. Si no fuera por las familias, muchas de las fosas que se están
descubriendo, investigando, etc., no hubiera sido posible. Los sacrificios que pasan las
familias, durante más de 40 años de represión y silencio. Con amenazas, insultos y
persecuciones, es una tortura no comparable con ninguna otra. Sobre todo en los lugares de
poca población, dónde desde la pintada en sus muros, hasta tener que ver al asesino del
padre o abuelo, todos los días, representa una burla de la historia con los vencidos.
Es por esto, por lo que hay que
reivindicar la esfera de lo público. En un artículo anterior publicado en Rebelión.org
establecía la diferencia entre desaparecidos o desperdigados. Creo que no llegó a quedar
muy claro el título. Desaparecidos es una categoría de un colectivo, desperdigado es el
hecho de una unidad de un colectivo que no se encuentra entre los suyos. Aquí no se trata de desperdigados que encuentra un
familiar y se lo lleva a un nicho de su familia en el cementerio, haciendo una ceremonia
religiosa, y aquí paz y después gloria. Aquí se trata de un hecho luctuoso, un
asesinato en serie, un crímen contra la humanidad, que se ha pretendido que sea
silenciado por la Historia, mientras los responsables se daban golpes de pecho “perdonando” a los rojos. Luego hay una diferencia clara. Esa
diferencia se debe establecer desde fuera de la familia. Cuando se concede el premio
Nobel, o el Cervantes, o una medalla a título póstumo, no se consulta a la familia del
homenajeado. ¿Por qué aquí se trata de hacer algo íntimo, a hurtadillas, cuando los
que se tienen que esconder, deberían de ser los asesinos? No se reclama venganza, sino
restituir el honor y la dignidad, primero del fallecido, después de sus familias, que
sufrieron por el desaparecido, por su situación y su pensamiento, por su ideario y su
defensa de la República y la libertad.
Y dejo para el final el papel de la
Iglesia. También hay una voluntad familiar, en olvidarse del pensamiento laico o ateo o
agnóstico de los desaparecidos y/o fusilados. Muchos de ellos testimoniaron ante el
pelotón o minutos antes, su negativa a confesarse o a rezar o a inclinarse ante un cura
que acompañaba, en general de buen grado, a los fascistas. ¡Y luego cuando lo
trasladamos al cementerio aparece un cura rezando un responso!. Eso es una burla cruel. Y
las segundas o terceras generaciones, ajenas a esa guerra, a esa ignominia, no tienen
derecho, ni a revistir ese féretro con una bandera monarquica, que no es la suya, que no
es la que defendieron y murieron por ella, ni a que les enseñen con un hisopo y unos
rezos el camino del paraíso, que si existe, ellos ya lo tienen ganado hace mucho tiempo,
sin necesidad de curas y simulaciones.
Ahora se van a empezar las negociaciones con la Comisión
creada por el Gobierno Zapatero. Se supone que ahora se comienza una etapa de legalidad,
en que se fortalecerán todos los vínculos jurídicos y políticos que comentamos, y que
me gustaría resumir:
1.- Reconocimiento expreso de que
las víctimas fallecidas o desaparecidas en la Guerra Civil o en la posguerra, lo fueron
en una situación de ilegitimidad jurídica, contra la Constitución Republicana y en
defensa de ésta y de la libertad.
2.- Reconomiento de las últimas
voluntades de los fallecidos, de tal forma que los cadáveres o restos que se encuentren,
consecuencia de la investigación que se realice, no sean objeto de burla o escarnio,
respetando sus ideales republicanos, usándose los símbolos que acreditan esa voluntad y
no otros. (Bandera, actos laicos, etc.).
3.- Exhumación, desde la petición
familiar y/o de asociacones, partidos o particulares interesados directamente en el caso,
de los restos en fosas comunes o lugares, y traslado al cementerio, preferentemente civil,
a cargo del Estado y sus instituciones autónomas, provinciales y/o locales, con apoyo
decidido a todo tipo de homenaje político y público de su memoria.
4.- Anulación de los actos
jurídicos establecidos por las autoridades franquistas en el período 1936 – 1978,
como actos nulos de pleno derecho y por lo tanto no objeto de recursos de ninguno tipo,
que acreditarían una legitimidad que no tienen (ver informe Nizkor: apartado 2.
Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista,
haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por
unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12
de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho
internacional). Especialmente con los
Sumarios de los Tribunales Militares y de Orden Público en su persecución de TODOS los
expedientes.
5.- Establecimiento de las pensiones
compensatorias, iguales a las establecidas en idénticos casos a los vencedores de la
Guerra 1936-1939, de viudedaz, orfandad, de retiro militar (incluídos no solo militares,
sino también guerrilleros maquis, auténtico ejército clandestino de la República), e
indemnizaciones “causa belli”, niños de la guerra, exilados, etc.
6.- Establecimiento público del
derecho al HONOR de todos los que murieron o sufrieron cualquier tipo de represión, que
van desde el fusilamiento al menor expediente administrativo, en el período 1936 –
1978, mediante placas, calles, lápidas, diplomas, y por supuesto la retirada de las
mismas de signo contrario, conteniendo nombres y estatuas de representantes del sistema
dictatorial franquista.
Quizá se puedan añadir más
capítulos, pero no cabe duda que éstos son los esenciales.
Finalmente que de las aclaraciones y
críticas que se vierten en lo anterior escrito, no se busque un cauce de ruptura o
disensión , sino la solidaridad y la cohesión para llevar a buen término estas
reivindicaciones.
Estamos en la esfera de lo público,
históricamente hablando; los derechos individuales, voluntad del fallecido, voluntad de
la familia, tienen que quedar amparados, pero también los públicos. No se puede quedar
impune la memoria de las verdugos y quedar sin siquiera citar la memoria de las
vícitimas. Y esto tiene que hacerse desde las Instituciones Públicas. Creo que en esto
estamos y el esfuerzo es de todos los que llevamos años luchando por ello. Lo contrario
sería confundir las churras con las merinas.
Antonio
Cruz González
Despage:
Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano
Madrid
22 septiembre de 2004
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