LA REPÚBLICA DE NUEVO VENCIDA.

artículo de nuestro colaborador Antonio Cruz González

publicado en las páginas digitales: Re(d)forma en serio, Foro por la Memoria y Kaos en la Red.

Foto de Luis Escobar. La República representada por la madrina de la 106 Brigada Mixta. Albacete 1937.

De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos. (El País, 12/09/05) (*)

Contemplamos con estupefacción la noticia de hoy en el diario de mayor tirada. Al igual que los movimientos "julistas" en el 1917, o "junistas" de la Comune, a través de los medios legales, el parlamentarismo pactista, dá otro golpe de Estado a la República. No valen las promesas electorales, no valen las prédicas en el desierto, no valen los avales ideológicos. Se quitan un par de estatuas del dictador, se mueve la ultraderecha y la socialdemocracia cede vergonzosamente.

Se nos quiere convencer que todos, los de un bando y los de otro, fueron iguales, sufrieron igual y penaron igual. La falsedad de esta aseveración es manifiesta. Si la muerte llegó para muchos inocentes, no llegó por igual. Unos la provocaron levantándose en armas contra la legalidad republicana. Otros se defendieron. La legítima defensa está amparada en todos los Estados en que reina el derecho por encima de la fuerza.

Ayer un amigo me decía: "Nadie dá hostias con cuidado"(**). Efectivamente, una vez los pueblos están armados y enfrentados, caen muchos inocentes. Pero el matiz que nos separa de las tesis del Gobierno socialista y de la Sra. Jueza, Vicepresidenta, De la Vega, es que las víctimas (si pudiera llamarse así a los que cayeron del lado golpista) han recibido ya la compensación de derechos. Así, sus familias han recibido pensiones, han recibido sus cuerpos, los han enterrado en "sagrado" y han podido repetir hasta la saciedad que fueron perseguidos por el "terror rojo". Han tergiversado la historia, incluso han llevado su santidad, no mayor que los caídos del bando republicano, hasta el Vaticano.

¿Qué compensación de derechos cabe con el otro bando?. Sólo cabe restituir los derechos en el campo republicano, que es lo que no se ha hecho. Aquí no ha habido Ley de Punto Final, no ha habido Comisiones de la Verdad, no ha habido persecución del genocidio (aunque entendamos el genocidio sólo como persecución por delitos de ideas u opinión, lo sería por perseguir a masones, ateos o intelectuales de credo republicano), que para los que no conocen nada de leyes, es el delito que no prescribe por el paso del tiempo. Aquí sólo hubo un pacto en la primera Transición con un anexo, el golpe de Estado de Tejero, que dejó quietecitos a los representantes que se llamaban de izquierdas.

Pasan 25 años de la muerte del dictador. Y nos lanzamos a decir ¡Ya está bien!. Nuestra Bandera, nuestro escudo, es el votado en 1978, está en la Constitución y a falta de bandera republicana, que no ha sido derogada, vamos a reivindicar al menos, la no franquista. Pero no. En los edificios públicos, municipales, regionales, nacionales, sigue apareciendo un escudo ilegal, unos nombres ilegales en las calles, complementan los escudos, y por último unos fanáticos, que ni siquiera tienen ideología, aunque lleven símbolos nazis, portan banderas anticonstitucionales en variados eventos públicos, manifestaciones, partidos de fútbol o de otros deportes.

Y aquí sigue sin pasar nada. Es hora ya de pasar revista a los puntos que cita El País, y desmontar esa falacia de las comparaciones entre los ilegales y los legales, guerra, exilio y dictadura por medio.

Se pide, pedimos, NULIDAD DE LOS SUMARIOS (Equipo Nizkor y muchas firmas) y Amnistía Internacional. Los juicios sumarísimos celebrados (¡vaya palabra!) en la dictadura han sido denunciados por la ONU. Han sido una farsa de Justicia y sería loable que el propio Poder Judicial democrático español los excluyera por NULOS DE PLENOS DERECHO. ¿Qué comparación podemos establecer con juicios de una república que ya no existe?. Muy al contrario, decir que el mayor ideólogo marxista que existió en la República, en cuanto a conocimientos y conceptos teóricos y praxis, cuya figura ahora se reivindica, pero al que se acusó infamantemente de fascista, Andreu Nin, fue el que estableció en la Generalitat de Catalunya que los juicios populares lo fueran con un responsable jurídico conocedor de las leyes.

Se pide, pedimos, RETIRADA DE SÍMBOLOS, ESTATUAS Y CALLEJERO. Ya nos hemos referido a ello, porque no son los símbolos legales representativos de nuestra democracia, de nuestra monarquía constitucional, de nuestro Estado Español. ¿Hay qué decir algo más?. Añado: ¿Qué nos dicen que es competencia de los municipios?. Pero que tergiversaciones son éstas. ¿No es competencia la Sanidad de las Comunidades y la vamos a financiar todos los ciudadanos del Estado a través de las decisiones que está tomando el Gobierno de la Nación? ¿Nos van a convencer que es más dificil quitar un aguilucho de un ayuntamiento, para más INRI, muchas veces del PSOE, que pagar una sanidad que está legalmente trasferida?. ¿Es qué una votación en un Pleno de un Ayuntamiento puede vulnerar la Constitución? ¿Para que tenemos un Tribunal Constitucional? ¿Es que no se puede actuar de oficio? ¿Por qué un símbolo fascista tiene que adornar un ayuntamiento democrático? ¿Es que se olvidan ustedes señores del Gobierno que el escudo anterior llevaba en la parte inferior los símbolos de los partidos del Movimiento?. Ustedes que tantas vueltas le dan a no reformar la Constitución, debían de hacer que se cumpliese en el capítulo SÍMBOLOS.

Se pide, pedimos, ABRIR LAS FOSAS COMUNES y enterrar a los republicanos en sitios decentes con el homenaje correspondiente por el agravio recibido. Esto que se está realizando privadamente (Foro por la Memoria, ARMH) lo debía decidir un juez de oficio, y amparar económicamente un Estado. Tampoco aquí veo la correspondencia con el bando franquista. Los caídos franquistas están o han estado presentes en todas las fachadas de las iglesias del país, en monolitos, en placas públicas. ¡Por Dios y por España! Y todavía quedan en muchos pueblos, cementerios e iglesias. Aquí sólo hay una espera: la de los republicanos caídos y vencidos.

Se pide, pedimos, PENSIONES Y DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO. En este punto no se quieren reconocer pensiones a los soldados republicanos que se fueron al monte como guerrilleros maquis, a ciertos exilados que no están en el entorno de ciertos partidos y asociaciones. No se arbitra un procedimiento claro y concreto. Los franquistas tienen y han tenido sus pensiones de viudedad, de excombatientes. Los beneficios percibidos por las viudas, estancos, loterías o puestos de trabajo a los pertenecientes a los cuerpos o fuerzas del franquismo. Todos los que hemos vivido la posguerra conocimos a un acomodador de un cine que por la mañana era de la policia nacional o de la guardia civil, los conserjes de muchos centros públicos, igualmente, sin contar las concesiones de puestos de periódicos, etc. etc. La devolución de patrimonios y cargos (cátedras, puestos de maestros, profesorados) aunque fisicamente es muy díficil restituir, siempre se puede fijar unas pensiones compensatorias. De todo esto ya el bando franquista gozó y goza. ¿Se puede saber por qué se frena estos beneficios que se solicitan en virtud del principio de igualdad ante la ley?

Se pide, pedimos, APERTURA DE ARCHIVOS. Aquí si que estamos todos. ¡Luz y taquígrafos!. Cuando se abran con equidad los archivos saldrán a la luz los hechos de unos y otros y la Historia se restituirá. En todos los países democráticos una vez pasados un cierto número de años se levanta la prohibición del MUY SECRETO. Si aquí no se ha hecho, cabe preguntarse ¿es que se pretende que no se sepa la verdad histórica?. ¿A quién beneficia?. Todo diferimiento que este tema se haga, señores del Gobierno socialista, beneficia al fascismo.

Se pide, pedimos, que legalmente se definan los hechos históricos a la luz de nuestra democracia. Si ha habido genocidio que nuestros juristas lo digan, si ha habido golpe de estado que se diga en dónde proceda, que a nuestro entender son los parlamentos y los diarios oficiales.

Se pide, pedimos, la trasformación del monumento fascista del Valle de los Caídos en un centro histórico que refleje quién construyó ese conjunto, los republicanos esclavos prisioneros, cuánto tiempo duró, cuántas muertes causó (muchos obreros cayeron en el trabajo, por agotamiento, enfermedad o sepultados por la roca o la explosión de dinamita) e igualmente sirva para habilitarle como centro de la recuperación histórica.

Sólo cabe decir que no encontramos en ninguna de estas reivindicaciones, por otro lado acogidas a Derecho, ningúan acto ni contra la actual Constitución, ni contra el programa del partido socialista. Si no se hace, si se difiere, es evidente que es por otras razones, que esperamos no sean aquellas de la Primera Transición, decantándose por la Amnesia Total, para que siga imperando el fascismo encubierto.

Antonio Cruz González www.nodo50.org/despage

(*) El artículo de El País va a continuación.

(**) La frase exacta era: "en la guerra nadie dá hostias con cuidado".

De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos

EL PAÍS - España - 12-09-2005

El Ejecutivo se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos para "cicatrizar heridas"

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Un año después de anunciar un proyecto largamente esperado por los represaliados del franquismo para recuperar la memoria histórica, el Gobierno aún no ha resuelto esta compleja papeleta, y no tiene fecha para hacerlo. El Ejecutivo ha decidido frenar o al menos ralentizar la ley que preparaba con la idea de buscar un proyecto "ambicioso" que "contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas". El proyecto se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos los que sufrieron la Guerra Civil. Pasó marzo, pasó abril, llegó el verano, y la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de los republicanos represaliados por el franquismo, uno de los grandes proyectos del Gobierno socialista, sigue encima de la mesa de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera. Junto a él hay más de 700 documentos aportados por 40 asociaciones, particulares y expertos que abordan un tema definido por el Gobierno como "enormemente complejo y muy sensible". El Ejecutivo ha incumplido hasta ahora los tres plazos que se dio a sí mismo. Pero no por capricho o desidia, sino por motivos políticos y técnicos. De la Vega creó en octubre de 2004 la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. La decisión, de forma simbólica, se había anunciado en julio, en un Consejo de Ministros celebrado en León, donde fue fusilado, por mantenerse fiel a la república, el capitán Juan Rodríguez Lozano, el abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El día que anunció la puesta en marcha de la Comisión, De la Vega fue muy clara en su objetivo: "Reparar la dignidad y restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión o muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática". Pero la realidad ha desbordado poco a poco esas intenciones iniciales. A medida que la Comisión ha ido avanzando en su trabajo, sus miembros han ido comprobando la gran complejidad de este asunto. No sólo por los 700 documentos recibidos, sino por las miles de personas a las que afecta, y los problemas tan diferentes que engloba. Enterramientos ilegales en fosas comunes, reparaciones morales, peticiones de devolución de patrimonio, pensiones reparatorias para los afectados, anulación de sentencias sumarísimas, retirada de símbolos franquistas... "Estos asuntos son como las cerezas, tiras de uno y salen otros tantos", señalan en La Moncloa.

Proyecto ambicioso

Lo cierto es que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar un "proyecto ambicioso" sobre la recuperación de la memoria histórica, en palabras de una portavoz de la Vicepresidencia Primera, pero se lo va a tomar con calma. También por un motivo político. Las últimas ocasiones en las que este asunto se ha reabierto, especialmente en marzo, cuando el Ministerio de Fomento retiró la última estatua de Francisco Franco que quedaba en Madrid, han permitido al Ejecutivo comprobar lo que ya temía: que éste no es un asunto cerrado en la historia de España, que sigue reabriendo heridas y que, sobre todo, cuenta con la oposición frontal del PP, especialmente en lo que se refiere a retirada de símbolos franquistas. El argumento de la oposición se repite cada vez que hay alguna novedad: "Esto no interesa a nadie, no hay que remover el pasado". El Ejecutivo se encuentra frente a un gran problema. Los enfrentamientos que provocó la retirada de la estatua de Franco en Madrid -después cayó la de Guadalajara, aunque resisten otras- le han convencido de que debe tratar el asunto con mucha delicadeza. De hecho, el Ejecutivo ya ha anunciado a sus socios prioritarios, ERC e Izquierda Verde, que va para largo y que quiere medir muy bien los tiempos. Los socios se impacientan. La formación ICV ya ha pedido que al menos el asunto de la transformación del Valle de los Caídos en un memorial de la represión franquista esté resuelto para el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplen 30 años de la muerte del dictador. La Moncloa no quiere poner fechas, y menos una tan simbólica que sin duda pondría en pie de guerra a la extrema derecha. El Gobierno argumenta, además, que la intensa temporada política de este otoño no facilita las cosas para volcarse en un asunto de esta magnitud. El Ejecutivo busca un objetivo complejo: "No despertar rencillas en ningún bando, ni convertir este asunto en un arma arrojadiza". Pero para lograr eso, el Ejecutivo cree que sólo hay una manera: revisar toda la historia, no sólo la represión franquista; también las ejecuciones sumarísimas, por ejemplo, que se realizaron en zona republicana. De la Vega asume que las víctimas de ambos bandos no están en igualdad de condiciones, porque mientras el franquismo honró a sus muertos, los sacó de las fosas comunes y los convirtió en héroes, los republicanos quedaron olvidados en las cunetas prácticamente hasta este nuevo siglo, cuando varios jóvenes nietos de represaliados han reabierto la memoria. Aún así, y dejando claro que es imposible situar en el mismo plano a los dos bandos, el Ejecutivo cree que su proyecto debe incluir toda la memoria histórica. "Hubo ejecuciones sumarísimas en los dos bandos. Tenemos que ver qué hacemos con Paracuellos del Jarama", señalan gráficamente en Moncloa, recordando el fusilamiento de unos 2.000 civiles del bando nacional a las afueras de Madrid, que el franquismo convirtió en máximo ejemplo de la crueldad de los republicanos. "Con este proyecto no se pretende reabrir ninguna herida, al revés; nuestro máximo interés será cicatrizarlas, si es posible, en ambos bandos", concluye el Ejecutivo. Las asociaciones se impacientan y exigen una solución definitiva

C. E. C. - Madrid

EL PAÍS - España - 12-09-2005

El Gobierno ha escuchado a las asociaciones que tienen algo que decir sobre la recuperación de la memoria histórica, hasta alcanzar la cifra de 40. Lo que sigue es el extracto de algunas de sus peticiones, a las que se ha sumado este verano un informe de Amnistía Internacional, que reclamaba al Gobierno que actúe ya. Las asociaciones comienzan a impacientarse, exigen una solución definitiva y recuerdan al Ejecutivo que éste es un asunto urgente, sobre todo dada la avanzada edad que tienen los escasos supervivientes.

- Anulación de juicios. Es el punto técnicamente más complejo. Las asociaciones, entre ellas grupos internacionales de derechos humanos como el Equipo Nizkor o Amnistía Internacional, exigen que, como sucedió con el nazismo y el fascismo italiano, el régimen franquista sea anulado a todos los efectos, incluidos los juicios sumarísimos, para deslegitimar el golpe de Estado. El Gobierno apuesta por una ley de rehabilitación moral y simbólica, sin abrir la vía de la revisión judicial, porque daría lugar a una "inseguridad jurídica inmanejable". En ese caso, algunas asociaciones piensan recurrir a tribunales internacionales.

- Símbolos, estatuas y callejero. Las asociaciones reclaman una ley que obligue a los ayuntamientos, iglesias y recintos militares a retirar los múltiples restos vivos de la dictadura. El Ejecutivo asegura que sólo puede recomendar, porque la competencia es de los municipios. Una proposición promovida en noviembre de 2004 el Congreso por PSOE, ERC e ICV y apoyada por todos, salvo el PP, insta al Gobierno a redactar esa ley. Otra que pide la retirada de la estatua de Franco en la Academia Militar de Zaragoza, que tampoco se ha cumplido aún.

- Fosas. Sólo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sin apenas ayuda oficial, ha realizado 536 exhumaciones en tres años. También trabaja en este campo el Foro por la Memoria, vinculado al PCE. Todos piden que el Gobierno cree una oficina para promover las excavaciones de forma oficial, con expertos, con todas las garantías y siguiendo los protocolos internacionales de búsqueda de desaparecidos.

- Pensiones y devolución de patrimonio. Ambos han sido ya tratados, pero las asociaciones piden más; por ejemplo, que se suban las cuantías y no se cobre el IRPF sobre la cantidad entregada. El Gobierno recuerda que en este asunto la competencia es de las comunidades. En cuanto a las devoluciones, se ha trabajado en el patrimonio de los partidos. Ahora se reclama el de los republicanos expoliados tras la guerra.

- Los archivos de la represión. El conocimiento de la verdad, la recuperación de la historia, es algo que obsesiona a todos los familiares de represaliados, que se encuentran con archivos militares cerrados para ellos o de difícil acceso. Las asociaciones piden crear un gran archivo informatizado de la represión no para expertos, sino para familiares.

- Comisión de la Verdad. Al final de otras dictaduras, como la argentina, se realizó un estudio para determinar una verdad oficial ratificada por el Congreso, que en España no existe. También se pide que sea eso lo que se enseñe en las escuelas.

- Valle de los Caídos. Se pide la instalación en la nave central de una exposición permanente sobre los 12.000 presos políticos que lo construyeron. También se reclama la colocación de placas en todas las obras, como el canal del Guadalquivir, construidas por presos políticos. Además, se propone crear un gran centro de interpretación de la represión franquista, similar al que hay en Nüremberg (Alemania), sobre el nazismo.