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Derechos Civiles
   

La investigación en precario

Derechos para Tod@s. Madrid a 27 de Octubre de 2000

Ciudadanos y miembros de la comunidad universitaria y científica, estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios, nos sentimos escandalizados por el bloqueo a que se ve sometida, por falta de fondos económicos, la investigación biomédica para prevenir y curar el cáncer cerebral denominado glioblastoma, investigación dirigida por el equipo del biólogo Manuel Guzmán de la Universidad Complutense de Madrid. La ausencia de ayudas económicas, que asciende a la nimia cantidad de 15 millones de pts. para una investigación de capital importancia para la salud pública, obedece, entre otras razones, a los prejuicios debidos al descubrimiento del cannabinoides (principal componente activo de la marihuana) con fines terapeúticos para el tratamiento de esta grave enfermedad, que afecta a miles de personas en todo el mundo. 

Entendemos que esta falta de apoyo financiero es también la consecuencia inmediata de una raquítica política científica del Gobierno y de las administraciones públicas, que prima los gastos militares, aún disfrazados de I+D, u otras partidas presupuestarias como las destinadas al Plan Colombia, por encima de la investigación básica y aplicada con fines sociales. Con el bloqueo económico de esta investigación, junto con otras que se hallan en similares condiciones de penuria económica, como el proyecto de secuenciación del genoma del anfioxo, se corre el grave riesgo de que sus patentes caigan en manos de empresas sin escrúpulos, a fin de comercializar indebidamente los resultados de las mismas en beneficio único de quienes puedan costear el tratamiento, y hacer de ello un gran negocio privado.

Exigimos que estas patentes sean adquiridas por las universidades públicas y centros públicos de investigación correspondientes, a fin de garantizar el uso social y público en beneficio de todos los ciudadanos sin distinción.

Exigimos al Gobierno, al nuevo Ministerio de  Ciencia y Tecnología, a las Universidades públicas, Comunidades Autónomas y organismos con competencias en materia de investigación científica, que apoyen decididamente las investigaciones emprendidas con fines sociales, mediante políticas coherentes de financiación, personal investigador e infraestructuras. Entendemos que el derecho a la salud pública y a unas condiciones dignas de vida para tod@s es incuestionable y, por consiguiente, la ciencia básica y aplicada ha de encaminarse en esa dirección prioritaria.