Carta Abierta al Sr.  Álvaro Uribe Vélez,

Presidente de la República de
Colombia
      
Ginebra, París, 7 de junio de  2004

Su excelencia,

El Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos,
programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y
de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su
extrema preocupación por las declaraciones hechas por usted, señor
Presidente, el 27 de mayo de 2004, en el marco de un Consejo de
Seguridad realizado en Apartadó, Departamento de Antioquia, respecto de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en particular sobre los
líderes de la mencionada comunidad y sobre los acompañantes extranjeros
de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y demás ONG que los
acompañan y apoyan.

Según las informaciones difundidas por la prensa colombiana, usted,
señor Presidente, manifestó que "los directivos de esa comunidad
obstruyen la  justicia y las labores de la Fiscalía", y que, según
denuncia de la propia Fiscalía, "cuando este organismo llega a esa
comunidad para cualquier diligencia, algunos de sus directivos no
permiten declaraciones de los habitantes" y advirtió que si esta
situación sigue presentándose, "las autoridades llevarán a la cárcel a
quienes lo hagan".

Dentro de sus declaraciones, usted, señor Presidente, continuó acusando
a los líderes de la mencionada comunidad, diciendo que "Nosotros
estamos dispuestos a apoyar a la Fiscalía con nuestro Ejército y con
nuestra Policía, para que la Fiscalía pueda administrar  justicia en
San José de Apartadó, donde se sigue presentando un corredor de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", e insistió en
que "si la autoridad tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos
directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel".

A continuación usted, señor Presidente, recordó a los directivos de la
Comunidad de Paz de San José de  Apartadó que "no pueden pretender que
esa, sea una zona excluida  de  la administración de justicia", recalcó
que "los extranjeros que estén obstruyendo la  administración de
justicia en Colombia, no cuentan con inmunidad  alguna", aclaró
que "aquí los
colombianos y los extranjeros  tenemos que cumplir con la Constitución
y las leyes", advirtiendo que "si es necesario deportar a quienes no
cumplan, así lo hará".

El Observatorio ve con mucha preocupación estas nuevas declaraciones
hechas por usted Sr. Presidente Álvaro Uribe Vélez, contra defensores
de derechos humanos y también contra los líderes de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, a la cual, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) dispuso, desde el 17 de octubre de 1997, la
adopción de medidas cautelares mediante las cuales se conminaba al
Estado colombiano a ofrecer las garantías necesarias para evitar la
violación de los derechos fundamentales que amparan a los integrantes
de la Comunidad de Paz y que fueran afectados gravemente, como venía
sucediendo hasta ese momento.

El Observatorio lamenta que, durante el transcurso de estos siete años,
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó haya sido víctima de 330
violaciones de los derechos humanos mediante los cuales se ha
pretendido atacar este proceso pacífico, disminuyendo su capacidad de
acción.  Entre los crímenes cometidos contra la Comunidad se cuentan
varias masacres, más de 130 homicidios, torturas, desapariciones,
violaciones sexuales, amenazas, desplazamientos forzados,  saqueos y
destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la
zona.  Teniendo en cuenta esta situación de vulnerabilidad frente a la
violencia, a petición de la comunidad y en una concertación con el
Estado se creó una Comisión
Especial de Investigación conformada por la Fiscalía, la Procuraduría,
la Defensoría, la Vicepresidencia y como observadora, la oficina de
derechos humanos de la ONU; esta comisión recibió toda la colaboración
de la comunidad y para sus investigaciones se aportaron más de 100
testimonios.

Sin embargo, a raíz del bloqueo impuesto en contra de la comunidad y
del asesinato de más de 20 personas, en el año 2002, por parte de los
paramilitares con el apoyo de miembros del ejército, la comunidad tomó
la decisión de no dar más declaraciones, ya que fue testigo de cómo
varias de las personas que habían dado testimonio habían sido
asesinadas y a pesar del esfuerzo de la comunidad las investigaciones
no avanzaban en nada.  Al final del año 2002, en reunión con el Sr.
Vicepresidente de la República, Francisco Santos, la Comunidad solicitó
una evaluación del trabajo hecho por la Comisión Especial de
Investigación para analizar el por qué no se había hecho justicia en
estas atrocidades cometidas contra la población civil, pero como no se
obtuvo ninguna respuesta frente a su solicitud, el 28 de febrero de
2004, habían vuelto a proponer la evaluación en reunión con el Estado.

El Observatorio denuncia con preocupación, ante usted, señor
Presidente, que la Comunidad de Paz de San José acaba de sufrir nuevos
atropellos.  Posteriormente a su discurso, el 2 de junio de 2004, hacia
las 6 de la mañana entraron al casco urbano de San José de Apartadó,
lugar de vivienda de la Comunidad de Paz, tropas del ejército y de la
policía junto con
miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la
Seccional de la Policía Judicial (SIJIN), que son organismos de
inteligencia del Estado.

Algunas personas de estos dos organismos hablaron con los
representantes de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), que se
encontraban haciendo presencia en San José y les pidieron sus
documentos.  Los representantes de PBI entregaron todos sus documentos
en regla pero, a pesar de ello, los citaron para el día siguiente con
el fin de llevar a cabo una verificación de sus datos en el DAS de
Apartadó.

A continuación, los miembros del DAS y de la SIJIN así como los
miembros de la fuerza pública se repartieron por el casco urbano de San
José con cámaras filmadoras grabando a los miembros de la comunidad,
sus sitios de vivienda y los lugares comunitarios.  Preguntaron
directamente a las personas de la comunidad, que a esa hora empezaban
con sus trabajos
diarios, por nombres específicos de líderes, como los Sres.  Wilson
David Tuberquia y Gildardo Tuberquia, y por sus lugares exactos de
vivienda.  Preguntaron también cuando se reúne la comunidad y lo que se
hace en dichas reuniones, anunciando que "ahora sí la fuerza pública
iba a tomar total control del casco urbano de San José y que iban a
poner un puesto de policía en el caserío".

Mientras tanto, varios de ellos se dirigieron a las pequeñas tiendas
que hay en San José y, a pesar de que sus dueños manifestaron que no
les venderían por formar parte de un actor armado, irrespetaron esta
decisión, les trataron groseramente y con presiones les obligaron a
venderles sus productos porque según ellos "así como les venden a la
guerrilla, también tienen que vendernos a nosotros".

El Observatorio señala que aunque el operativo se extendió hasta las
8:30 de la mañana, las tropas del ejército permanecen rodeando el casco
urbano de San José, creándose una situación de incertidumbre para la
comunidad que se encuentra muy preocupada por esta acción del Estado
colombiano la cual podría ser una consecuencia directa de las
declaraciones que hizo el Sr. Presidente de la República.

El Observatorio teme que la presencia de ejército y policía en medio de
las casas y las escuelas de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, ponga en riesgo a la población civil y en caso de que esa
presencia armada se mantenga, los pobladores se vean obligados a
retirarse en un nuevo desplazamiento masivo y forzado, perdiendo todo
lo que han construido en varios años.  Al Observatorio también le
preocupa de manera especial que la fuerza pública y los organismos de
inteligencia anden indagando por los nombres, viviendas y actividades
de los líderes y defensores de la mencionada Comunidad de Paz,
comunidad que siempre ha reiterado que mantiene su decisión de no
colaborar con ningún actor armado: sean ejército, guerrilla o
paramilitares.

El Observatorio, particularmente preocupado, desde hace varios años,
por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia,
manifiesta su profunda preocupación por la tendencia del Sr. Presidente
Uribe Vélez a desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos
humanos y particularmente a señalarlos como auxiliadores o
simpatizantes de la
guerrilla, convirtiéndolos así de manera inmediata en blanco directo de
las retaliaciones y venganzas de los grupos paramilitares (ver
Comunicados de Prensa del 12 de septiembre, del 2 de octubre de 2003 y
del 12 de febrero de 2004).

 

 

 

Su Excelencia,

El Observatorio, seriamente preocupado por su discurso y por la grave
situación de los defensores de derechos humanos en Colombia y con el
fin de contribuir a mejorar la situación de los mismos, le urge a:

 

I    tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de los derechos humanos, los líderes y los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como de los miembros de las organizaciones nacionales e internacionales acompañantes como son las Brigadas Internacionales de Paz (PBI);

II     dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los
organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos;

III     asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración
sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo
referente a la protección del Derecho de toda persona  "individual o
colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos,
de las libertades
fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a
esforzarse por ellos" (Art.1) y a la obligación del Estado
garantizar "la protección por las autoridades competentes de toda
persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o
cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de
los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2);

IV.     de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la
Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones
Internacionales y regionales ratificados por Colombia.

Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de
inmediato las medidas oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos
ante usted,


Sidiki KABA

 Eric SOTAS (Presidente de la FIDH)

 Director de la OMCT