En el 2001 eran
quinientos mil, tres años después más de un millón de inmigrantes indocumentados
residen en España. Los números esconden seres humanos, historias, marginación,
esfuerzo y en demasiados casos, tragedias. Una ley racista que choca frontalmente
contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace que cada
vez más personas se escondan por miedo a la expulsión o a la cárcel, ya
que carecen de los más mínimos derechos de ciudadanía; el asilo en España
es algo en lo que cualquier víctima de la guerra en todo el mundo ni siquiera
piensa.
En Barcelona miles de inmigrantes se manifiestan todos
los días contra una situación legal que perpetúa viejas políticas colonialistas
y esclavistas de las que Europa aún no ha escapado. La concentración de
la riqueza por parte de las multinacionales, muchas de ellas españolas
ha hecho que una parte del mundo sea mucho más pobre y otra mucho más
rica, obligando a millones de personas a salir de sus países de origen,
haciendo del viaje la única tabla de salvación. Los compañeros y las compañeras
que se encerraron entre el 4 y el 5 de junio en Barcelona fueron reprimidos
brutalmente por la policía; varios inmigrantes están en peligro de ser
expulsados del país. Mientras tanto, la clase política española tranquiliza
su conciencia jactándose de haber cambiado de gobierno, cuando el abismo
que separa la España oficial de la España real va volviéndose cada vez
más profundo.
Madrid ya no puede ser testigo de todo esto y debe salir
a las calles. La Ley de extranjería beneficia únicamente a los empresarios,
que la utiliza como excusa para bajar los salarios y precarizar el empleo.
Estos grupos de poder culpabilizan a los inmigrantes, convirtiéndolos
en chivos expiatorios del deterioro de los servicios públicos y de la
inseguridad ciudadana, justificando de esta manera la represión y el control
policial.
España necesita a los inmigrantes. No hay una invasión.
Hay más de un millón de trabajadores que han sido obligados a salir de
sus países por la miseria, causada por el robo de los recursos naturales
y la privatización de las empresas públicas, hoy en mano de las multinacionales.
Por eso creemos que pedir papeles para ese millón de trabajadores no es
una utopía ni una solución descabellada, sino algo que corresponde por
justicia. Los trabajadores españoles deben recordar que a lo largo de
los siglos han emigrado a diversos países buscando mejores condiciones
de vida, y que ahora, cuando por primera vez en su historia España recibe
tal flujo de inmigración, la solidaridad es una cuestión de principios.
Por todas estas razones Madrid debe manifestarse en un
solo grito el viernes 3 de julio y exigir:
· La inmediata regularización de todas las personas inmigrantes
que se encuentran en el estado español.
· La derogación de la ley de extranjería.
· El reconocimiento de los derechos sociales y civiles
en igualdad de condiciones para todos los seres humanos.
· El cese de las expulsiones, tanto de los represaliados
en Barcelona, como de las que cotidianamente son ejecutadas en Madrid.
· La libre circulación de personas y no sólo de mercancías
y capitales, haciendo eco no solo a las manifestaciones en Barcelona,
sino a un problema global que saca a la luz el lado más sórdido e injusto
de un sistema del cual todos somos víctimas.
3
DE JULIO: MANIFESTACIÓN POR LA REGULARIZACION SIN CONDICIONES
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