¿QUÉ ES EL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE LOS SERVICIOS (AGCS)?

ATTAC europeos


En Noviembre 2001, la reunión ministerial de la OMC, celebrada en Doha, ha reavivado el proceso de liberalización de los servicios amenazados por el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS), y ha fijado dos fechas importantes para el proceso llamado "ofertas-demandas". Cada Estado miembro deberá, antes del 30 de Junio 2002, comunicar a la OMC y a los países afectados, sus demandas concernientes a los sectores de servicios que ellos desean ver liberalizados en el territorio de los otros miembros; a continuación, cada país miembro, tendrá hasta el 31 de Marzo de 2003 para comunicar a la OMC y a los demás Estados miembros sus ofertas de liberalización. En el caso de los países miembros de la Unión Europea, la Comisión se encarga de todas las "ofertas-demandas" por su cuenta. Estas ofertas forman la base de la fase final de las negociaciones del presente ciclo del AGCS.

El Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios AGCS, abarca prácticamente, todos los aspectos de la actividad humana, comprendido todos los servicios públicos. Este acuerdo internacional figura entre los diversos útiles de los que se sirve actualmente, la Unión Europea y los gobiernos de los estados miembros para forzar la apertura a la competencia (léase privatización) de los servicios públicos, someterlos a las reglas del mercado capitalista o "a las reglas mercantiles del capitalismo", y finalmente a transformarlos en actividades privadas generadoras de beneficios. Todos los servicios privados que no son prestados por las empresas multinacionales, están igualmente amenazados, como asimismo los servicios prestados por las PYME, empresas con fines no lucrativos y cooperativas.

Los servicios públicos son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales; una vez privatizados, los ciudadanos mas pobres de recursos y mas alejados de las ciudades importantes, serán los mas perjudicados. Los servicios públicos fueron creados para satisfacer las necesidades de los hombres y las mujeres, en ningún momento pasó por la cabeza de los legisladores el obtener beneficios de ellos. Es necesario, por el contrario, que los servicios públicos sean correctamente financiados con dinero público porque se trata de un elemento fundamental de la solidaridad nacional y, en el futuro, de la solidaridad europea. Los servicios públicos contribuyen, también, a satisfacer los derechos económicos humanos, sociales y culturales garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos.

El proceso de "oferta-demanda" del AGCS, amenaza en particular a los servicios públicos de los países en vía de desarrollo de Europa del Este: si estos son embrionarios o subdesarrollados, serán destruidos por la competencia extranjera; si son inexistentes se les impedirá para siempre existir, reforzando e incrustando de esta forma, la pobreza.

Por todas estas razones, rechazamos la lógica del AGCS, que no nos conduce mas que a consecuencias económicas, sociales, culturales y de medio ambiente, desastrosas. Exigimos a la Unión Europea y a nuestros gobiernos total transparencia y la publicación inmediata de todo lo que concierne al proceso de "demandas-ofertas". Deploramos y encontramos inaceptable la declaración semi oficial de la Comisión, precisando que "las peticiones que serán sometidas a los miembros del OMC en Junio, no podrán ser ni serán publicadas, porque forman parte del proceso de negociaciones bilaterales". Esta actitud es un insulto, al mismo tiempo, para los ciudadanos y para la democracia. Insistimos en el hecho de que los servicios públicos deben ser conservados y desarrollados en todos los sectores esenciales, como el agua, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el alojamiento social, la cultura, el medio ambiente, el audiovisual, las comunicaciones, los transportes, la energía: la Unión Europea no debe entrar en la "oferta-demanda" de estos dominios.

Nosotros nos comprometemos a emprender una campaña, que incluya a Europa del Este y del Oeste, a los estados miembros y no miembros de la UE, para informar ampliamente a los ciudadanos sobre las consecuencias del AGCS y para movilizar a la opinión pública contra su carácter antidemocrático. Reafirmamos nuestro apoyo al llamamiento firmado en 2001 por mas de 1200 organizaciones de todo el mundo, manifestando que las negociaciones del AGCS no deben continuar hasta que no se haga una evaluación completa de sus consecuencias para los ciudadanos. Esta evaluación, ha sido mil veces prometida y nunca cumplida. La suspensión de los Acuerdos Generales del Comercio de los Servicios (AGCS) es mas necesaria que nunca.