Derechos para Tod@s 
Número 8 
abril - mayo - junio 2002




ESTADISTICA, DELITOS E INMIGRANTES
(1ª. parte)


Daniel Wagman



En los últimos meses han venido apareciendo diversas noticias en los medios de comunicación relativas al incremento de la delincuencia en el año 2001, y en casi todas ellas se relaciona este aumento con la inmigración.

El ministerio de Interior atribuye a la inmigración el aumento de la criminalidad en más de 9.8%», decía un titular de "El País·, 3 de Enero de 2002. «El director de la policía achaca a la inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10.52%», decía otro en "El Pais", 11 de Febrero de 2001.

En estos artículos se puede leer que «según fuentes consultadas, ese efecto ha provocado la llegada masiva de inmigrantes "sin ganas de trabajar, únicamente con animo de delinquir"», o que «la policía afirma que el 50% de los delitos conocidos fueron cometidos por extranjeros», que «la media española de homicidios es 2,61 por cada 100.000 habitantes, la mas alta de la Unión Europea» o que Zapatero sostiene que "las cuotas de inseguridad en España han subido hasta niveles nunca registrados»

Las dos cuestiones que aquí se relacionan, delito e inmigración, son ambas motivo de una gran preocupación social y un tratamiento alarmista, simplista o superficial de las mismas puede tener efectos muy negativos para el conjunto de la sociedad. Pero en el caso del tratamiento que se ha dado a estas cuestiones en los últimos meses sucede además algo mucho más grave: los datos y conclusiones presentados son en gran medida complemente erróneos, cuando no falsos.

La intención de este texto es apuntar a algunos de los errores y equivocaciones existentes en la presentación de aquellos datos en los que se establece una relación entre la delincuencia y la inmigración, además de presentar algunos criterios alternativos para el análisis de estos fenómenos.

Empecemos por plantearnos tres preguntas:

Primero, ¿es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia?.
Segundo, ¿es cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen inmigrantes?.
Tercero, ¿son la "tolerancia cero" o la "impunidad cero" -más policía, mayor dureza punitiva- las respuestas más adecuadas frente a una situación de incremento de la delincuencia?

***

1. ¿Es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia?

Los artículos de prensa a los que se está haciendo referencia se publicaron casi todos a raíz de la difusión por parte del Director General de la Policía Nacional de los datos sobre la delincuencia en el año 2001. Uno de los datos más destacados es que en 2001 hubo 1.015.640 delitos "conocidos" por las fuerzas de seguridad , 90.000 más que en el año 2000, o un incremento de un 10%. Casi todo este aumento se produjo en delitos contra la propiedad, con un descenso en general en todas las otras categorías de delitos: contra las personas, contra la libertad, tráfico de drogas etc.

Lo primero que se debe tener claro es que las cifras recogidas por el Ministerio de Interior son de delitos "conocidos", es decir, delitos descubiertos por la policía o denunciados por los ciudadanos. En otras palabras, no son los delitos cometidos, sino aquellos de los que se tiene constancia. En algunos tipos de delito, como el asesinato, se conocen casi todos los cometidos, sin embargo en otras categorías sólo se conoce un pequeño porcentaje, tal es el caso de la violencia domestica, donde la gran mayoría de las víctimas no denuncian. Otros delitos, como el tráfico de drogas, sólo se conocen cuando se detiene a alguien, ya que apenas existen denuncias de las "víctimas".

Dos cosas se desprenden de esto: en primer lugar, los datos de delitos conocidos tienen una relación más que tenue con él número de delitos reales; y en segundo lugar, la variación de un año a otro de delitos "conocidos" no tiene que estar relacionada con variaciones en el numero de delitos cometidos. Esta falta de relación se explica por varias razones.

La primera de ellas es que la percepción de las personas con respecto a la utilidad de denunciar o su voluntad de hacerlo puede variar considerablemente. Por ejemplo, las campañas en las que se anima a las mujeres a denunciar los malos tratos, junto con la formación impartida a la policía y a la guardia civil con respecto a los procedimientos que se deben seguir en estos casos, pueden dar lugar a un aumento en las denuncias. De hecho, en 1997, hubo 3500 denuncias de malos tratos en el ámbito familiar, y en 2000 esta cifra se duplica a 7122 casos. Obviamente, no se puede concluir que se ha duplicado el numero de delitos de malos tratos, e incluso se podría pensar que el aumento de denuncias influye positivamente de cara a un descenso de estos casos.

Un factor que puede haber influido últimamente en el aumento del número de denuncias es la creciente aceptación por parte de la ciudadanía del servicio de denuncias por teléfono 902 102 112 o por Internet, que lleva sólo un par de años en funcionamiento . Una vez más, una medida que facilita la denuncia puede aumentar el número de "delitos conocidos", sin que ello indique un aumento en el número de delitos.

La propia actuación de la policía es otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar el número de delitos "conocidos". Una mayor eficacia policial al principio puede dar lugar a que se descubran más delitos y a que se realicen más detenciones, creando así la sensación de que hay más delincuencia. Una campaña organizada para una mayor represión de los delitos contra la seguridad vial o de los relacionados con el tráfico de drogas obviamente daría lugar a un mayor número de casos "conocidos" de estos delitos, pero ello tampoco implicaría que se hubieran producido más delitos de estos dos tipos.

Las actitudes y prácticas de la estructura policial a la hora de recibir las denuncias pueden dar lugar a que el número de delitos conocidos varíe considerablemente en un breve espacio de tiempo. Ya se han mencionado más arriba los nuevos mecanismos que facilitan la realización de las denuncias por Internet y telefónicamente. Pero es también posible que el repentino aumento de "delitos conocidos" en el año 2001 sea una repercusión más del "Plan 2000", iniciado a principios de 1999 por la Policía Nacional.

Este plan incluía, entre otras cosas, un sistema de bonificaciones monetarias a los agentes de policías en aquellos lugares donde se consiguiera "reducir la delincuencia", llegando a ser dichas bonificaciones de hasta 30.000 pesetas al mes. Dado que la policía sólo mide la delincuencia por el número de denuncias o de personas detenidas, este plan de "productividad" tuvo un efecto inmediato, y tremendamente nocivo: cuantos menos denuncias recogidas y detenciones realizadas, mas dinero cobraban los agentes.

Por su lado, las altas esferas policiales sólo deseaban mostrar que el Plan era un éxito y apuntarse un tanto con ello, jactándose además, en palabras de la Jefatura del CNP de Extremadura de que «la criminalidad ha sido reconducida, de tal manera que se considera un éxito sin precedentes en la historia policial española y europea». Es interesante observar que los cinco delitos que la CNP se había propuesto reducir en 1999 eran: las sustracciones en vehículos, las sustracciones de vehículos, los tirones, los robos con violencia y los robos en inmuebles. Según sus datos, el CNP consiguió reducir en un año los "delitos conocidos" en un 7.33%. Pero, precisamente, éstos son básicamente los mismos delitos donde se da ese "alarmante aumento" de un 10% en el año 2001. Así, en 1998 el CNP registraba 683.000 "delitos conocidos", pero en 1999 la cifra se redujo a 670.000 y en 2000 a 624.000. En este mismo periodo, la Guardia Civil, que no participaba en este genial plan de productividad, registraba entre 1998 y 1999 13.000 "delitos conocidos" más, y 10.000 al año siguiente.

Parece, pues, razonable pensar que el "alarmante" aumento de la delincuencia en 2001 se debe en gran medida a que las aguas volvieron a su cauce en el seno del CNP. En 2001, el CNP de policía reportaba 680.000 delitos, casi los mismos que en 1998, aunque hay que reconocer que la Guardia Civil registraba un aumento importante de 30.000 "delitos conocidos" entre el año 2000 y 2001. Sin embargo, si comparamos el total de "delitos conocidos" entre 1998 y 2001, veremos que el aumento es inferior al 5%, lo cual no es tan alarmante para un periodo de 3 años, máxime cuando se ha dado un importante aumento de la población en ese mismo periodo.

Vale la pena preguntarse si el interés del CNP en revelar este supuesto "alarmante" aumento de delito no estará motivado por el interés de conseguir importantes aumentos en sus presupuestos. De hecho, a raíz de las "alarmantes" noticias, el consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero, abrir 6587 nuevas plazas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Aun así, en 2001 se registran menos delitos que en 1989 y 1990, a pesar de las afirmaciones del Señor Zapatero: 2001= 1.015.640/ 1989 = 1.030.996 & 1990 = 1.021.050) y el porcentaje de delito por persona es aún menor, ya que la población española ha aumentado, en gran parte debido a la llegada de un importante número de inmigrantes.

Otra falacia muy importante es la creencia de que el número de personas detenidas o el número de reclusos reflejan el nivel de delito de una sociedad. En el primer caso es importante recordar que alrededor de un 90% de las personas detenidas nunca son juzgadas . El número de detenciones puede aumentar tanto por una mayor eficacia policial, o, por el contrario debido a un mal funcionamiento de la misma, como el detener a gente sin pruebas o con pruebas dudosas, pero en cualquiera de los dos casos no tiene por qué indicar un aumento de la delincuencia.

También se suele citar como muestra del incremento de la delincuencia el hecho de que se ha producido un aumento en el número de reclusos en las cárceles del estado, llegando 47.000 el número de personas que cumplen hoy condena. Sin embargo, la relación entre los índices de delincuencia y el número de presos es bastante discutible, como lo indica el hecho de que hay menos "delitos conocidos" en 2001 que en 1990, cuando había sólo 33.000 presos. En primer lugar, no se pueden utilizar las cifras de presos convictos para medir el índice de delincuencia de un año determinado. Es decir, el aumento de presos convictos (no en espera de juicio) en 2001 es más bien un reflejo del número de delitos cometidos hace más tiempo. Serviría quizás para medir los índices de delincuencia de periodos más largos, siempre superiores a dos años. Por otro lado, el número de presos preventivos tampoco está en función del aumento de las detenciones, como lo viene a demostrar el hecho de que en 2001 hubo un 3% más de detenciones, y, sin embargo, el número de presos preventivos aumentó en un 10%.

Es importante reconocer que el número de personas encarceladas no guarda una relación automática con el nivel de delito, sino que es el resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran: las decisiones sobre qué actos constituyen delito en el código penal; las condenas que se les imponen; las presiones sociales o políticas para perseguir con más recursos ciertos delitos, o vigilar más estrechamente ciertos colectivos; las políticas policiales y judiciales; la utilización o no utilización de alternativas a la cárcel; la decisión de los equipos de las Instituciones penitenciaros a conceder la libertad condicional...

Por ejemplo, la nueva tendencia judicial a aumentar la cantidad de droga cuya pertenencia se considera delito a la hora de fijar condena implicará una reducción en el número numero de presos, sin que ello guarde relación alguna con la incidencia de la delincuencia. El código penal de 1995 cambió las condenas de muchos delitos, y lo que es aún más importante eliminó las redenciones automáticas. Los equipos de tratamiento tienen ahora mucho más poder para conceder o no la condicional, y de hecho en el caso de algunos delitos se está aumentando mucho tiempo de estancia en la cárcel en comparación con el de los presos condenados por los mismos delitos bajo en antiguo código penal, en algunos casos hasta el doble de tiempo. Obviamente, las condenas más largas implican un mayor porcentaje de población encarcelada, una vez más sin que esto tenga ninguna relación con el número de delitos cometidos.

La conclusión que se puede extraer de todo ello es que medir el nivel de delito en la sociedad y sus variaciones es algo mucho más complejo de lo que se pretende hacer creer. Como hemos podido ver, los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de los "delitos conocidos" tenían graves errores. Además cuando se los compara con los datos de la Fiscalía o del Consejo General del Poder judicial, su debilidad se hace aún más evidente.

En 1999, por ejemplo, la fiscalía inició 3.500.000 diligencias penales. De éstas, se archivaron 500.000 casos por no ser considerados delito, y otros 300.000 por ser únicamente faltas. 2.000.000 están sobreseídos por desconocerse al autor. Esta ultima cifra constituye el doble de todos los "delitos conocidos" por el Ministerio de Interior. Una discrepancia parecida se produce con respecto a los datos del CGPG, que en 2000 abrió alrededor de 5 millones de diligencias previas penales. Ninguno de los tres estamentos es capaz de explicar tales discrepancias.

No se pretende afirmar aquí que la reducción de la delincuencia no es un objetivo importante, sino de dejar claro que para llevar a cabo esa reducción es fundamental conocer su realidad. De los argumentos expuestos más arriba no se concluye que no haya aumentado el delito, algunos delitos habrán aumentado, otros no. Lo que sí se puede poner en duda a juzgar por los datos disponibles es que se haya producido un "alarmante incremento" de la delincuencia, o la afirmación de que "nunca hemos tenido tanto delito". Asimismo, se puede afirmar que existen importantes lagunas en los mecanismos necesarios para conocer esta problemática.

Quizás uno de los ejemplos recientes más exagerados de esta falta de rigor, que incluso tendría un aspecto cómico si no fuera un tema tan dramático, son los datos utilizados referentes a asesinatos y homicidios. Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior en 2001 había 1.234 asesinatos y homicidios (además de 81 homicidios imprudentes). Este dato ha dado lugar a afirmaciones diversas en prensa o incluso en el informe del PSOE sobre la delincuencia de que España tiene la tasa de homicidios mas alta de Europa: 2,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo una lector más cuidadoso de las estadísticas del Ministerio sobre "Victimas de delitos" puede observar que se indica que el número de personas muertas por asesinato y homicidio en 2001 eran en realidad de ¡601 personas!. Indica además que había 248 victimas de homicidio y asesinato que ¡no sufrían lesiones!. La explicación es sencilla: los datos del Ministerio juntan tentativas y consumaciones en estas cifras. La cifra real de muertos es sólo de 8 mas que en el año 2000 y muy parecida a las cifras de los años 1992 al 1995. A la vez da una tasa de homicidio de 1,5 personas por cada 100.000 habitantes, una media mas baja que el 1,7% del conjunto de los países de la Unión Europea.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es si es adecuado hablar del delito en su totalidad. Según los datos del Ministerio del Interior, entre 2001 y 2000 hubo un 3% menos de "delitos conocidos" contra las personas, un leve descenso entre los "delitos conocidos" contra la libertad sexual, y un 15% menos de delitos conocidos contra la seguridad vial. Si estas cifras reflejan verdaderamente una reducción en estos delitos, parece que debería ser causa de alegría y un logro que contrapesa en parte el hecho de que casi la mitad del "alarmante incremento de delito" fuese debido al aumento de los delitos denunciados de hurto y sustracción en los vehículos. Estos últimos delitos desde luego son molestos, y costosos para sus víctimas, pero en términos de gravedad comparada los descensos en muchas categorías de delito en 2001 a lo mejor es una noticia positiva igualmente importante de resaltar.

Existen otras metodologías para medir la realidad del delito. Ninguna es exacta, pero ciertas técnicas, como los estudios de victimización, donde se pregunta a una muestra de personas si han sido víctimas de delito y cómo, o los estudios de auto inculpación, donde las personas reconocen si han cometido diferentes delitos- pueden facilitar más datos para conocer la realidad de la situación. Siendo como es una cuestión treméndamente compleja, parece sorprendente el poco interés que las instituciones políticas, policiales, judiciales o mediáticas muestran por conocer mejor estas metodologías o técnicas. Apenas recurren a la ayuda de los profesores y expertos en criminología. No se dedican recursos en la investigación de nuevas metodologías, y todavía se pone menos voluntad en el desarrollo de nuevas prácticas de trabajo, de plataformas de discusión y de nuevas herramientas aplicadas a la tarea de conocer la realidad de delito, como paso fundamental para prevenirlo.

Lo que es mucho más común es la utilización irresponsable o demagógica de los datos, llegando incluso a la pura falsificación de los mismos para sus propios fines. Y esto se puede decir tanto con respecto a los cuerpos de seguridad del estado, como a la administración, los representantes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general. Podría suceder que una de las mayores fuentes de inseguridad en la sociedad fuera no tanto la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno a ella debido a la ignorancia o el interés.