Derechos para Tod@s 
Número 6 
octubre - noviembre - diciembre 2001



  

LAS CONSECUENCIAS DEL 11-S PARA LA INMIGRACIÓN:
LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS COMO PRIVILEGIO Y LA IMPLANTACIÓN DEL RACISMO INSTITUCIONAL

 

Clara Guilló. Socióloga, Master en Migration Studies por la Universidad de Sussex (UK) y miembro de la Comisión de Inmigración de Derechos para Tod@s.

Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 13 1948.


Las consecencias de los atentados del 11 de septiembre se pueden analizar desde el punto de vista económico, desde las relaciones internacionales, desde las libertades individuales, o desde la política migratoria. En general todas ellas acaban derivando en la cuestión de la seguridad nacional. La defensa colectiva es un argumento que se ha ligado a la inmigración desde hace varias décadas, especialmente en Europa, no así en los Estados Unidos. El efecto que 11-S tiene sobre la inmigración se resume en la homogeinización de las posturas ideológicas que tratan de poner freno a los flujos migratorios que se dirigen a occidente. En general se destacan cuatro consecuencias clave: la criminalización de la comunidad árabe, un mayor control interior de los extranjeros en los territorios nacionales, una tendencia hacia la selectividad de los inmigrantes que traspasan nuestras fronteras, y el intento de disminuir el volumen del flujo inmigratorio. Todo ello se materializa en dos direcciones: el racismo institucional y la concepción de la inmigración como un privilegio, y, el desarrollo del modelo europeo de fortaleza a nivel global.

1. LA CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Dependiendo del lado del Atlántico en el que nos situemos el fenómeno de la inmigración ha sido interpretado de manera diferente. En Estados Unidos el posicionamiento clásico ha sido tomar la inmigración como un fenómeno que se daba por hecho; hasta el 11-S era un proceso normal que se relacionaba con su historia y el propio creciento del país. En Europa, sin embargo, siempre se ha visto como un proceso extraordinario que requiere una justificación para su continuación, (Coleman 1992). Desde los acontecimientos del 11 de septiembre y la declaración de estado de guerra por parte del presidente norteamericano, la actitud hacia la inmigración en EEUU ha pasado a ser un elemento ligado a la defensa nacional y a la seguridad colectiva. En Europa esta tendencia se lleva dando hace treinta años, y el 11-S ha venido a respaldar una postura ya tradicional entre los vionarios de la Europa Fortaleza. Esto quiere decir que los dos continentes han homogeneizado en parte su posicionamiento. El impacto que esto tiene se refleja a nivel mundial, porque los argumentos que se esgrimen a favor de un cambio en la concepción de las políticas de inmigración son válidos en cualquier país del mundo.

La seguridad colectiva como prioridad a tener en cuenta a la hora de admitir un extranjero dentro de las fronteras nacionales no es un argumento nuevo, aunque halla sido considerado como válido o no según la parte del globo desde que se defendía. En África, continente que recoge el mayor movimiento de flujos migratorios, tanto de emigrantes como de refugiados y desplazados internos, el traspaso de fronteras y el establecimiento de campos de refugiados se ha percibido como un peligro para el desarrollo de los países. No sólo porque el acoger a refugiados o desplazados supone una amenza para las relaciones exteriores del país de acogida y una "carga económica", sino también porque se ha visto como un elemento distorsionador en el equilibrio étnico que sustenta la mayoría de países africanos. En el caso de África la comunidad internacional ha centrado sus esfuerzos en desarrollar programas de ayuda económica y de desarrollo por parte del ACNUR, Naciones Unidades, y de otras instituciones financieras internacionales. Programas de desarrollo que han servido como medida de presión de los organismos occidentales para que todos esos flujos migratorios no traspasasen las fronteras continentales, impidiendo así que llegasen a Europa o EEUU.

El concepto de seguridad es un constructo social relacionado con lo que se denomina "identidades constituidas", es decir las identidades colectivas que todos compartimos. No es necesario estar en una situación de conflicto armado donde lo que más se pone en riesgo es la propia intergridad física, sino que en general la "amenza" tiene que ver con la preservación de un estilo de vida y de la identidad cultural, (Huysmans 1995). En el contexto migratorio, el extranjero como constructo social es presentado como una amenaza para la sociedad; los inmigrantes son entoces representados en bloque como una unidad, silenciando de este modo las diferencias internas entre los sujetos. Desde este punto de vista el miedo al extranjero se vive como amenaza a lo cotidiano, entendiendo la tradición, la costumbre y los hábitos de vida como elementos que minimizan la incertidumbre del ser humano ante los cambios. Lo que no se conoce se teme porque nos impide preveer los cambios que este nuevo elemento va a provocar; de aquí se deriva la inseguridad y la percepción de amenaza.

Cuando a estos elementos primarios se les une la sensación de riesgo físico, o se manipulan políticamente exacerbándolos, entonces "el otro", el extranjero, pasa de ser concebido como "amenaza" a ser considerado como "enemigo". Muchas veces este giro ideológico no es explícito, como en EEUU, y otras, como en el caso del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es cristalino. En EEUU, el gobierno trata por todos los medios de ocultar la representación de lo islamico como "enemigo" a pesar de emprender unas acciones militarizadas sobre territorio musulmán, que se preveen se extiendan al resto de países con mayoría musulamana, y de aplicar medidas extraordinarias a las personas provinientes de los países árabes. En Italia, por el contrario, se ha explicitado algo que muchos dirigentes no se habían atrevido a exponer de manera abierta por aquello de lo "políticamente correcto": que esto es una lucha de civilizaciones y se debe de luchar para salvaguardar nuestra identidad occidental.

Aunque tanto desde EEUU como desde Europa el principal argumento para modificar las políticas migratorias es la cuestión de la seguridad, hay ciertos rasgos que los diferencian. Para empezar esta postura sí es nueva en EEUU, y está más relacionada con su política exterior que con su identidad como nación. Por el contrario, en Europa este argumento no es nuevo, y está relacionado con las dinámicas de inclusión/exclusión que conlleva la construcción de una identidad supranacional, la de ciudadanía europea, que exige la redefinición de las fronteras interiores y exteriores.


1. EL COLAPSO DEL SISTEMA DE INMIGRACIÓN NORTEAMERICANO: Propuestas a la europea

Es unánime en EEUU la opinión de que el modelo migratorio norteamericano no funciona. Lo que no está claro es hacia dónde deben dirigirse los cambios del modelo, y cómo debe reestructurarse el INS, órgano responsable de la inmigración (Servicio de Inmigración y Naturalización). La postura restrictiva presentada el 8 de noviembre por el secretario de Justicia, John Ashcroft, ha planteado un duro debate interno sobre la inmigración en EEUU. En los siguientes párrafos vamos a exponer cuáles han sido los argumentos ideológicos en los que se ha apoyado la administración Bush para trasnformar el INS, después explicaremos qué medidas concretas se han adoptado, y cuáles han sido las reacciones en contra.

Actualmente se cifran en 8 millones de personas las personas que residen dedocumentadas en el país. Lo cierto es que poco tiene que ver el hecho de tener un volumen mayor o menor de inmigración con el control de estas personas una vez que han alcanzado el territorio nacional. Lo primero está en relación con el volumen de la demanda de trabajadores, y lo segundo con estrategias policiales. Hace apenas tres meses el panorama de la inmigración era bien distinto, incluso el presidente Bush hizo referencia a una amnistía general para los casi tres millones de mexicanos residentes sin documentar. A principios de septiembre el presidente mexicano, Vicente Fox, comenzó una campaña de presión en su visita oficial al país para que esta amistía cobrase forma; un mes después, Fox de nuevo en visita oficial, sólo aludía a la cooperación en materia de terrorismo. El momento se ha vuelto políticamente inadecuado para hablar de inmigración.

En EEUU hay dos simbolos clave de la lucha contra la inmigración, uno es el grupo FAIR (Federación Americana para la Reforma de la Inmigración) y otro es el centro de estudios CIS (Centro de Estudios de la Inmigración). Ambos han publicado a raíz de los atentados del 11-S sendos informes sobre la necesidad de reducir y controlar la inmigración que tiene como destino los Estados Unidos. Los dos parten del hecho de que los terroristas eran inmigrantes que residian dentro del territorio nacional, y que las reformas en materia de inmigración son necesarias para prevenir futuros ataques terroristas. Además, tienen en común la proposición de una serie de medidas de control que se basan en el aumento de fondos y personal, el escudriñamiento de los solicitantes de visado, medidas excepcionales para aquellos que proceden de los países cuya población es de mayoría musulmana, medidas de seguimiento y control de los ya residentes en EEUU, y, una disminución del flujo de entrada de inmigrantes.Todos estos argumentos son los que han respaldado las medidas adoptadas por el gobierno.

La línea ideológica que separa a FAIR del CIS es bastante débil, aunque el segundo juega con el prestigio de ser un centro de investigación; entre los dos plantean cuestiones bastante representativas de lo que se está argumentando hoy en día en EEUU. La postura básica de FAIR es que la inmigración debe de reducirse y la legislación debe transformarse de acuerdo con imperativos de seguridad y defensa nacional. La reducción del flujo inmigratorio también afectaría a los solicitantes de asilo y refugio através de modificaciones legislativas que redujesen la concesión del estatus de refugiado. Por otro lado, FAIR sostiene que es necesario que EEUU seleccione mejor quién entra en el país y que se establezcan mecanismos de control para aquellos que ya están dentro. Tales mecanismos de control deberían de concretarse en un intercambio de información entre el FBI y el INS, manteniendo además el secreto sobre las fuentes de información en los procesos de expulsión de extranjeros. ¿Qué quiere decir exactamente esta medida?. En EEUU uno de los obejtivos de los grupos de defensa de los derechos civiles en relación a la inmigración es que se desvelasen la fuentes de información que servían a los agentes del INS como argumento para la expulsión de los inmigrantes de territorio norteamericano. Esto quiere decir que el extranjero es expulsado sin derecho a conocer la línea arumentativa del Estado, lo cual minimiza su derecho a la legítima defensa para que su caso sea revisado. Es precisamente la cuestión de los derechos civiles lo que constituye la tesis que ha seguido el CIS.

El Director de este centro, Mark Krikorian, realizó una declaración el 12 de octubre ante la Comision de Derechos Civiles del Congreso en relación a la adopción de nuevas medidas que reorganicen el sistema de inmigración. Su razonamiento se basaba en que la inmigración no se concibe como un derecho, sino como un privilegio que otorga el país de acogida a aquellos que decide admitir. De este modo cualquier medida de control no cuestionaría los derechos civiles ya que los inmigrantes no son miembros de pleno derechos, sino huéspedes que deben adaptarse a la legislación vigente de quienes les acogen. De acuerdo con esto, la presencia de extranjeros sería un privilegio y como tal puede ser suspendido sin alegar razón al alguna. En este sentido el Congreso tendría pleno poder en la regulación de la inmigración ya que es una cuestión de soberanía nacional (art.I, sec.8, cl.4 de la Constitución). Es este argumento el más polémico de todos porque transforma de manera radical la concepción clásica norteamericana de los flujos migratorios y el papel de EEUU como país de acogida y paradigma de la libertad individual y los derechos civiles.


Las medidas de tranformación que se han propuesto para a aplicar al INS son varias, y aunque en general recogen el discurso ideológico que acabamos de exponer no desarrolla todas sus propuestas. En prinicipio se ha propuesto dividir el INS en dos secciones: una que se ocupe de lo burocrático y otra que persiga a los dedocumentados, los detenga, procese y expulse. Además, se está estudiando la implementación de un sistema electrónico de información para el INS cuyos datos en principio no serán compartidos con el FBI. Este sistema incluiría dar algún tipo de documento de identificación personal, pero aún no se ha determinado cuál. Las posturas más radicales abogan por un sistema digitalizado de huellas dactilares y fotografías, que puedan permitir el rastreo de turistas, estudiantes, inmigrantes y solicitantes de asilo por todo el país. Una de las medidas más criticadas que van a ponerse en práctica es el seguimiento de los estudiantes de intercambio, cuyas universidades en EEUU deben de remitir informes acerca de ellos al INS, lo que ha supuesto las críticas de la mayoría de los rectores. Dentro de las resoluciones que ya se aplican está la de revisar todas las solicitudes de entrada al EEUU, y la asignación de códigos de barras a cada peticionario, lo que servirá para su seguimiento y control. Esto ha supuesto la inmediata congelación de las peticiones de naturalización y de visado para hacer una revisión a nivel nacional y asignarles dicho código. Las consequencias son realmente graves, por un lado 80.000 refugiados se encuentran en espera de entrar al país mientars se decide qué numero se aceptan; por otro lado ha habido un retraso generalizado en las solicitudes de modificación de estatus de los ya residentes, lo que afecta a la adquisición de residencia permanente, nacionalidad, y extensión de visado.

A parte de estas medidas, se han adopatdo otras de carácter extraordinario que se dirigen específicamente a la población de origen árabe. Entre ellas está la de detención sin cargos de todos los sospechosos de terrorismo, y la grabación de las conversaciones entre cliente-abogado. Después de un par de semanas de llevar a cabo esta política los agentes y jefes de policía norteamericanos se han negado a aseguir aplicándola porque la consideran una violación de los derechos fundamentales del individuo. Además, tal y como prometió el Secretario de Estado, Colin Powell, se va a poner en práctica un cuestionario específico para los hombres solicitantes de visado que proceden de los países árabes. Este cuestionario no sólo es más largo y contiene cuestiones más personales, sino que da carta blanca a los consulados a realizar un seguimiento exahustivo del solicitante en el país de origen antes de tener en cuenta su solicitud. Todo ello está siendo analizado en el Congreso en espera de ver si Aschcroft se ha extralimitado o no en su política de seguridad.

Estos instrumentos se justifican de la misma manera que se justificó en la Segunda Guerra Mundial el internamiento en campos de detención de los ciudadanos norteamericanos que tenían antecedentes nipones. Es decir, en tiempos de guerra cualquier acto de defensa es válido, y en EEUU la guerra tiene dos frentes: el interior y el de Afganistán. Es en base a este razonamiento por el que se está pidiendo una suspesión total de visados para los individuos de origen árabe, e incluso el cierre total de fronteras. La asunción de actuaciones específicas hacia personas de origen musulmán supone la materialización del enemigo en lo árabe. Aunque Bush y su gabinete se esfuercen por declarar que tan americanos son los muslmanes como los cristianos o los judíos, lo cierto es que es que todos los cambios en la política migratoria ha supuesto la criminalización de la comunidad árabe, no sólo dentro de EEUU sino en todo occidente.

La cuestión que se plantea desde Estados Unidos no es tanto quién entra dentro de las fronteras, sino para qué. No es un debate que se centre en la identidad, "qué es o no la esencia americana" y quien la pone en peligro, sino un tema de control y de conomía bélica. Esto no quiere decir que no halla un tema identitario de manera latente, pero el no querer plantearse la polémica musulmán vs. cristiano-judaico si que es algo típicamente americano.
Las ideas clásicas contra la inmigración como coste económico quedan obsoletas ante argumentos mucho más decisivos como el de la seguridad. Todo esto ha permitido que se plantee de manera directa el tema de la reducción del volumen del flujo inmigratorio. La disminución del número de inmigrantes parece a primera vista que no tiene mucho que ver con la seguridad, pero esto no es así para la postura anti-inmigración. Esto es algo típicamente europeo y no tanto un distintivo norteamericano. De acuerdo con una concpeción bastante peculiar del manejo de los flujos, la capacidad de gestión del volumen inmigratorio no tendría que ver ver con la efectividad de las medidas de ingreso, acogida e integración social, sino con el número de inmigrantes que entra. De esta forma, el número sería lo que percibe la población, cuanto mayor sea éste menor es la capacidad de asimilación e integración que tienen los "acogedores". Por el contrario, cuanto menor es el flujo, mayor es la capacidad integradora. Esta línea argumental es bastante pobre, pero ha tenido bastante éxito en Europa. Dentro de las fronteras de la Unión se ha defendido como la necesidad de proteger a los inmigrantes que ya viven entre nosotros. Es decir, se utiliza como un argumento supuestamente positivo, porque se emplea en defensa de los propios inmigrantes, para minimizar el conflicto social, y disminuir la xenofobia y el racismo. Llegados a este punto hay que señalar que la percepción de cualquier fenómeno social es algo subjetivo. No es tanto la situación real que nos rodea como la representación que colectivamente hacemos de ella. La manipulación política y mediática sobre los temas de inmigración que se da en Europa tiene mucho que ver con la defensa de la identidad nacional. El manejo de los flujos es una cuestión de gestión y de provisión de servicios, no existe un tope real sobre el volumen de gente que son "integrables o no". El volumen es algo que construimos de manera colectiva. En España por ejemplo tenemos la percpeción de que convivimos con muchas personas de origen extranjero, cuando realmente el número de inmigrantes no llega al 3% de la población total.


3. LA EUROPA FORTALEZA: Schengenland más vigente que nunca

En la Unión Europea la relación entre seguridad e inmigración se ha establecido desde los inicios de la construcción europea. Desde los años 70 los países centroeuropeos han intentado parar los flujos de entrada de inmigrantes económicos; las nefastas políticas puestas en práctica generaron una dinámica de inmigración irregular, alimentada por un lado por la demanda encubierta de mano de obra y por otro por la situación de inestabilidad política, social y medioambiental que vivían los países empobrecidos.Todo ello se daba en el contexto de construcción de la Unión Europea, lo que ha generado a su vez dinámicas propias de exclusión e inclusión. Mientras que en Estados Unidos los ataques del 11-S han supuesto un cambio ideológico en materia de inmigración, en Europa estos acontecimientos han supuesto un espaldarazo a la política migratoria de la Unión. En países como España, la adopción previa de legislaciones restrictivas en extremo se han visto de repente justificadas bajo la óptica de la defensa nacional. La estrategia policial como método de gestión de flujos ha caracterizado la política migratoria de la Unión desde sus inicios, ahora más que nunca han encontrado un justificante ético para su aplicación y desarrollo.

Los orígenes de esta línea política pueden fecharse a mitad de los años 70, cuando los Estado Europeos comienzan a poner práctica lo que se ha denominado como "políticas de inmigración cero". Comienza así en el continente la idea de frenar la inmigración. Una migración promovida por estos países a partir de la Segunda Guerra Mundial, vital para el crecimiento de las economías post-bélicas. La cuestión migratoria se transforma en una cuestión de control y asimilación de los grupos ya residentes en los países captadores. El fenómeo del control y la dinámica económica generada en los países de origen, junto a dos factores más, la demanda continuada de mano de obra encubierta desde Europa y el proceso de dualización y segregación del mercado de trabajo europeo dan lugar al fenómeno conocido como "inmigración ilegal".

La lucha contra la inmigración ilegal se convertirá a partir del Tratado de Amsterdam (1997) como una de las directrices prioritarias de la Política Migratoria Europea. Paralelamente a esto, se establece una política de cooperación para el control de las fronteras. Política que se materializa con el acuerdo TREVI (1973: Terrorismo, Radicalismo, Extremismo y Violencia Internacional), que se convirtió en el prototipo de organización intergubernamental que precedió al Tercer Pilar del Tratado de Constitución de la Unión Europea en 1993 (Tratado de Maastrich). De esto se infiere que la cuestión migratoria y el control policial han ido unidas desde el principio de la puesta en práctica de las políticas de restricción de la inmigración.

En 1985 encontramos el paradigma fundacional de control del área fronteriza de Europa: los Acuerdos de Schengen, implementados en 1990 por la Convención de Schengen, incluidos en 1997 en el Tratado de Amsterdam. En unos diez años los Estados europeos habían pasado de las políticas unilaterales y bilaterales a la cooperación multilateral. El espíritu que empujaba estos acuerdos era "la lucha contra la inmigración ilegal a través de la cooperación policial y las autoridades aduaneras". Su objetivo principal es la armonización de las políticas de visado. Entre sus mecanismos encontramos las claves de la futura política migratoria de la UE, en especial los rasgos policiales como base de partida y la estigamatización de los solicitantes de asilo y refugio, elemento que fue en su día, y sigue siendo, muy criticado por las ONGs y el Ato Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El aspecto policial como mecanismo de regulación respecto a las migraciones se ha ido incrementando hasta materializarse en dos mecanismos clave: ISI (Sistema de Información de Schengen) y EURODAC (Sistema Automático Europeo de Regulación de Huellas Dactilares). Los dos juntos constituyen el sistema computerizado común para el intercambio de datos personales, sin que halla ningún mecanismo judicial supranacional de control para ambos. Las posteriores cumbres europeas no han hecho más que continuar esta tendencia respecto a la inmigración.

Desde el punto de vista de la construcción de la Unión, el control de la inmigración se concibe por un lado, como un mecanismo de inclusión cuyo objetivo es la supresión de fronteras interiores y la constitutción de una ciudadanía supranacional, y, por otro, como un mecanismo de exclusión para aquellos que no entran dentro de la definición de los nuevos miembros, esto es los llamados "nacionales de terceros países" (Thranhardt & Miles 1995).

De acuerdo con autores como Huysmans la migración en Europa siempre se ha situado junto a cuestiones como el terrorismo, la cooperación policial, y la asistencia en asuntos criminales. Así, además de los medios de comunicación, los líderes políticos han estado emplazando de manera progresiva la inmigración dentro de la agenda de la seguridad (1995:53). Tal y como señala Monica de Boer (1995) lo políticos europeos han sido los responsables en construir la idea de inmigración ilegal como una amenaza a la seguridad interna. Según esta tesis habría tres puntos centrales en la construcción de tal amenaza. Por una lado estaría el vínculo entre la inmigración y crimen organizado, incluyendo el tráfico y la ayuda al traspaso irregular de fronteras. El segundo punto haría referencia a la relación entre la inmigración y el abuso de los beneficios sociales por parte de los inmigrantes. Finalmente estaría la cuestión de la inestabilidad interna que provocan temas como la xenofobia y el racismo. Estos tres elementos son la clave de la defensa ideológica de la Europa Fortaleza. Todos ellos se emplean para justificar la adopción de medidas policiales ante la inmigración, sin embargo estoz argumentos son simplemente falsos.

De acuerdo con la autora inglesa Teresa Hayter que defiende una política de fronteras abiertas (2000), son las medidas policiales las que han generado las dinámicas de inmigración irregular hacia Europa y las situaciones de tráfico de personas, y no al revés. Es decir, primero se impone una política de control, dados los cambio en la Nueva División Internacional del Trabajo tras la crisis de los setenta y la paulatina transnacionalización de conflictos internacionales (como el caso Francia-Argelia), y después, se generan las dinámicas irregulares y la defensa ideológica de las medidas de control. Hasta entonces, sostiene Hayter, la migración se ajustaba a un ciclo de emigración-retorno, emigración de un nuevo miembro de la familia- retorno, así de manera ciclíca. La instauración del cierre de fronteras supuso la paralización de modelos económicos a nivel familiar y nacional en muchos países que dependían de las divisas como parte de su desarrollo económico. La consecuencia que esto tuvo para los países de origen conllevó un cambio de estrategia en la emigración, pasando ésta a buscar la permanencia y no la sustitución de miembros emigrantes en la familia, intentando así alcanzar las fronteras vecinas a toda costa ante el definitivo fin de este modo de supervivencia.

El 21 de septiembre el Consejo de la Unión manifestó su compromiso de desarrollar aún más las políticas de cooperación policial, judicial y en materia de inmigración. El control de fronteras que se implementa a través de la política migratoria debe, según esta declaración, tomar un impulso de urgencia. Ahora más que nunca, dice la actual presidencia belga, deben impulsarse todos los aspectos de coordinación de medidas para llegar al 2004 con un sistema unificado. Es pues, dentro de dos años, cuando todas las cuestiones referentes a la inmigración van a pasar de la lesgislación nacional a la legislación europea, lo que se denomina el Primer Pilar de la Unión. Aquí es donde se ve claramente la cuestión de la identidad de ciudadanía europea y las dinámicas de inclusión/exclusión a las que nos referíamos antes.


3. ESTIGMATIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Como acabamos de ver el lazo de unión entre inmigración y seguridad es un viejo argumento. Lo preocupante es que el argumento de defensa se imponga al de los derechos humanos. Estamos ya lejos de la concepción de la migración como un derecho de todo ser humano. Tal y como exponía el representante del CIS, la migración no es un derecho sino un privilegio que otorgamos los occidentales al resto del mundo. Esta línea ideológica es racista, excluyente y carece de toda memoria histórica, pues no hace más de 30 años que Europa fue obligada a descolonizar los territorios en los que había extendido su modelo imperial.

Las políticas de seguridad en relación al control de fronteras se extienden al control interior de los territorios, concretamente hacia el control de las personas que viven dentro de nuestros estados. La pregunta que todos debemos hacernos no debe dirigirse a si es lícito o no el control de fronteras ante una amenaza, sino si es justo el controlar a los conciudadanos que conviven con nosotros. En EEUU se ha utilizado una postura bien clara: no son ciudadanos, son huéspedes. En Europa se mantiene una postura más ambigua. Por un lado se lucha contra la xenofobia y la discriminación , tratando de igualar lo más posible los derechos de los nacionales de terceros países residentes legalmente a los de los ciudadanos europeos, por otro lado se deslegitimiza la existencia de otro tipo de emigrantes, hasta negarles los derechos más fundamentales. Son estos los refugiados, a los que se les cuestiona su estado fundamental partiendo de la base de que son "falsos refugiados", y los inmigrantes dedocumentados, a los que se les asocia con la criminalidad.

La representación de los inmigrantes irregulares como un peligro distorsiona la imagen de todas las personas inmigrantes, porque el ciudadano común no distingue de un simple vistazo quién tiene papeles y quién no. Todos son sospechosos, todos son una amenaza. Este doble rasero de la Unión estigmatiza a todo migrante, y criminaliza su existencia. No se trata sólo de las personas de origen musulmán sino de cualquiera que pueda ser identificado como inmigrante. Esto implica un reforzamiento de las actitudes racistas y xenofobas, porque es a través del color de la piel, de los acentos y de los rasgos físicos como identificamos al inmigrante. De este modo, la generalización y justificación del argumento "defensivo" deriva en la instauración de un racismo institucional que es aceptado por todos. Los centros de detención y las políticas de expulsión y trámite acelerado de expedientes constituyen una violación de los derechos humanos. Un ejemplo ultrajante de esta política es el Plan Ludeco que desde el gobierno español se dirige a los nacionales de Colombia y Ecuador. Este plan ha sido denunciado por varias ONGs y asociaciones de inmigrantes, aludiendo a la violación de la presunción de inocencia, y a la criminalización explícita que se hace de estos colectivos.

Si perdemos la noción de los derechos como base esencial de la convivencia social degeneramos la esencia propia de nuestra sociedad. ¿No es la nuestra una civilización que nace de los derechos?, ¿no son éstos la base fundamental de nuestra identidad colectiva?. Ya que los argumentos reestrictivos hablan de identidad y de defensa ¿no deberíamos movilizarnos por la defensa de tales signos identitarios?. La concepción de la historia como progreso, como proceso lineal de crecimiento es decimonónica y obsoleta. La historia puede avanzar hacia atrás y los cambios históricos pueden dirigirnos hacia el pasado tan rápido como hacia el futuro. Los genocidios, las guerras, el hambre, la pobreza que existe en las tres cuartas partes del mundo nos lo demuestran todos los días.

En el mes de enero del próximo año, España detentará la presidencia de la Unión Europea, y como se ha determinado según el calendario de la Unión, tendrá que tomar decisiones clave sobre materia migratoria. Debemos movilizarnos. Como sujetos aún de derechos somos responsables de las decisiones polñiticas que nuestros Estados toman. Esto va más allá de la ciudadanía e implica consideraciones éticas hacia el resto del mundo que globalizamos desde el supuesto centro del mundo. Porque todos y todas somos responsables, debemos actuar, cuestionar y exigir a los gobiernos un cambio decisivo. Todos y todas somos sujetos protagonistas del cambio social. Cuestiones como la cooperación al desarrollo, el retorno voluntario, la creación de zonas de contención en países futuros miembros de la Unión, se interpretan como factores decisivos en el éxito de la política migratoria europea. En este sentido, debemos apostar por un desarrollo per se, sin intercambios y sin políticas económicas encubiertas; debemos asegurarnos que el retorno voluntario no es un mecanismo pro-expulsión; y que las fronteras no son fortalezas.

El día 23 de enero hará un año que entró en vigor la Ley de Extranjería 8/2000. Las consecuencias estigamtizadoras de la ley son obvias, y han supuesto la institucionalización de la criminalización de las personas inmigrantes. Es un hecho muy significativo que sea España a la que la toque presidir la Unión durante la primera mitad del año 2002. Precisamente porque vivimos en un país cuya legislación es de las más duras de Europa y porque hemos institucionalizado el racismo, debemos de llevar a cabo las movilizaciones necesarias para parar la reestricción de los derechos a los ciudadanos y ciudadanas negados. Porque tod@s somos inmigrantes, tod@s somos ciudadan@s, los derechos deben de ser para tod@s.