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PASO DECISIVO HACIA LA IMPUNIDAD Organización
de Defensa Popular, de Chile (ODEP) En el orden político, el fallo de la Corte de Apelaciones es el resultado de los esfuerzos desplegados por el gobierno de Frei y actualmente por el gobierno de Lagos, para impedir por todos los medios el juzgamiento de Pinochet en España y en Chile. La mesa de diálogo fue sólo una parte de esta estrategia de impunidad. Ante la inminencia de esta decisión judicial, se precipitaron una serie de hechos reveladores, como la hospitalización de Pinochet y la visita que le hizo el comandante Izurieta, la reunión social de Lagos con los comandantes en jefe de las FFAA y los rumores de la muerte de Pinochet, que instalaron el marco para el sobreseimiento temporal del genocida. Lagos y su Concertación de partidos han demostrado obsecuencia y cobardía frente a las presiones de los militares y de la derecha para institucionalizar la impunidad traicionando a quienes en Chile y en el mundo claman justicia por los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura militar. Con la excusa de respetar y acatar los fallos judiciales y amparándose en el eufemismo de la existencia de un Estado de Derecho, para no pronunciarse acerca del fondo de las cosas, Lagos y su gobierno se sitúan objetivamente del lado de los violadores de los Derechos Humanos. El gobierno no ocultó su alivio frente al sobreseimiento. La investidura de Jefe de Estado obliga a Lagos a pronunciarse sobre un tema de Estado, que compromete los derechos fundamentales de la persona. La impunidad de los crímenes contra la humanidad afecta las bases de la institucionalidad y los derechos constitucionales. Sin embargo, Lagos responde con un tibio cacareo que él, como Presidente, "no administra justicia". Para decir lo obvio, no fue elegido Presidente. ¿Acaso la Justicia no es un asunto de competencia de un jefe de Estado? ¿O acaso al Presidente de la República le es indiferente que un genocida no sea juzgado y quede impune? ¿Es posible que el Presidente de la República no emita o no tenga opinión acerca de la violación a los Derechos Humanos y sus responsables?. La actitud pusilánime de Lagos deja al descubierto que el sobreseimiento de Pinochet fue negociado y consensuado con la derecha y con los comandantes en jefe de las FFAA y que la impunidad es un asunto de Estado. Por lo demás, Lagos se había comprometido con los empresarios a que el caso Pinochet tendría una salida satisfactoria. Políticamente el caso ya estaba resuelto, como se han resuelto todos los demás casos sobre violación a los Derechos Humanos: con impunidad. Sin embargo, era también necesario el compromiso y obsecuencia de los tribunales de justicia para sellar jurídicamente esta operación de impunidad, tal como fuera siempre en el pasado. El tema de la justicia está pendiente: el gobierno jamás se ha pronunciado sobre el decreto ley de amnistía ni sobre una correcta interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente respecto de la calificación jurídica de los hechos como crímenes contra la humanidad. Una opinión jurídicamente seria vino del defensor público del nuevo sistema procesal penal, señor Alex Carocca, quien sostuvo categóricamente que el fallo de la Sexta Sala se aparta de la Constitución y la ley. No podía resolverse de otra forma la situación procesal de quien hizo la violación de la constitución y la ley una política sistemática. En efecto, Pinochet se apartó del derecho internacional, de la Constitución y de la ley para violar los Derechos Humanos. Hoy, los Tribunales de Justicia y el gobierno hacen lo mismo, al apartarse de la Constitución y la ley y asegurar definitivamente la impunidad de Pinochet, desconociendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia. El argumento del debido proceso, manipulado por la defensa de Pinochet, fue puesto al servicio de la impunidad. La verdad y la justicia una vez más han quedado postergadas por los poderes del Estado. Se ha consumado un acto más de violación de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, 13 de julio de 2001 |