Derechos para Tod@s 
Número 5 
julio - agosto - septiembre 2001



  

EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

J. Mejía

Señores miembros y responsables de Europa...entre los problemas tenemos la guerra, la enfermedad, la falta de alimentos... Ahora bien, nuestros padres son pobres y necesitan alimentarnos... Por tanto, si ustedes ven que nos sacrificamos y exponemos nuestra vida, es porque se sufre demasiado en Africa. Sin embargo, queremos estudiar y les pedimos que nos ayuden a estudiar...” se leía en un papel arrugado escrito por dos niños guineanos, Yaguine Koita y Fodé Tounkara, que murieron congelados en el tren de aterrizaje de un avión que les llevaba, clandestinos, a la rica y educada Europa.

En el Manifiesto “No somos mercancías” -firmado por la Fundación 1º de Mayo, Izquierda Unida, Fundación de Investigaciones Marxistas, Plataforma 0’7, Acsur Las Segovias, Sodepaz, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Plataforma Anti-Maastricht y Plataforma Rural, entre otros, con motivo de la reunión de la OMC en Seattle el 30 de noviembre de 1999- se dice: “El primer mundo genera exclusión hacia dentro y hacia fuera. Se han endurecido las condiciones de entrada de ciudadanos de otros países por nuestras fronteras, mediante legislaciones represivas que normalmente se extienden a toda la sociedad y alientan directa o indirectamente el racismo y la xenofobia. La paradoja no por cruel resulta menos evidente: libre circulación de dinero y mercancías pero no de las personas, tratamiento no discriminatorio del capital pero sí de las personas”

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
A estas alturas, no cabe duda que detrás de los flujos migratorios hay una violación de los derechos humanos más elementales. El 34% de la población del Sur no come carne, ni pescado, ni huevos; beben agua no potable; viven en chabolas; no tienen zapatos ni ropa para cambiarse y se desplazan a pie.

En Africa el 62% de una población de 620 millones de personas vive en la pobreza más absoluta. En Asia, un 19% de sus habitantes (aproximadamente 550 millones) pasan hambre y viven en unas condiciones miserables de vida. Las previsiones más optimistas hablan de 585 millones de empobrecidos para el año 2000, cifras que son la base de los desplazamientos migratorios.[...]

Por lo tanto, existe una relación estrecha entre desarrollo y derechos humanos. Entre pobreza y desarrollo. Entre miseria y derechos humanos. Muchos ciudadanos y ciudadanas del Norte, así como los del Sur, están sufriendo cotidianamente la carencia de estos derechos básicos. Cuando los y las inmigrantes llegan a nuestras tierras siguen padeciendo estas violaciones. Incluso durante el proceso de integración. Trabajan en peores condiciones que los nativos, no se les reconoce ningún derecho y siempre está la amenaza del despido. Los abusos se acrecientan si son mujeres.[...]

INMIGRANTES MANO DE OBRA BARATA
Sin embargo, para muchos países de la Europa del capital los inmigrantes y las inmigrantes son sólo mano de obra barata que ahonda las desigualdades. La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo responsabiliza de esta desigualdad a la “liberalización de las fuerzas del mercado” y considera inevitable la situación actual a menos que se regule la economía. Una distribución desigual expulsa cada vez más gente hacia la marginalidad. En los países del Sur más de 1000 millones de personas se ven incapacitadas de satisfacer sus necesidades básicas.

Una de las razones de estas desigualdades que generan estos flujos migratorios, son las políticas de ajuste estructural, incluso en los periodos de crecimiento (como el de 1990-97), que no han contribuido a una reducción de la desigual distribución de la riqueza en los países en desarrollo.
La política de liberalización desarrollada en América Latina durante los últimos 10 años no ha rebajado el nivel de miseria. La distribución de la renta es tan injusta que el 20% de la población se reparte el 4,5% de la riqueza. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), entre 150 y 200 millones de los 446 millones de habitantes de América Latina son pobres y el 16% míseros.

Para realizar una política de acuerdo a la vigencia de los derechos humanos hay que realizar una política de cooperación generosa y de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, España dedica menos del 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a erradicar la pobreza.
Por lo tanto, los flujos migratorios están estrechamente relacionados con las políticas económicas de los países del Norte en detrimento de los del Sur. Además, resulta curioso que, mientras la UE pide políticas migratorias más abiertas para conservar el actual Estado de bienestar, no se garanticen los derechos humanos básicos de los inmigrantes. Queremos inmigrantes que nos hagan el trabajo más indigno, pagarle cuatro perras para que a nosotros nos salga más rentable y no reconocer sus derechos como humanos.

En un plazo no superior a cinco años, los ciudadanos europeos dejarán de percibir las actuales pensiones de jubilación si no se altera el ritmo decreciente demográfico y no se modifica la actual política migratoria restringida. Pero el problema no sólo se focaliza entre los inmigrantes. Ya hemos dicho que también en el Norte se sufre y padece las desigualdades producto de un sistema económico, político y social injusto. Defender los derechos fundamentales en el Norte y en el Sur es básico. En el Sur, la palabra que explica y define la pobreza es “muerte”; en el Norte, esta palabra es “carencia” o “carestía”. Los pobres en el Sur son aquellos cuya única tarea es sobrevivir y engañar a la muerte. Los campesinos sin tierra, los millones de refugiados africanos, las familias que viven en las villas-miseria del pillaje y la delincuencia, los cientos de miles de niños sin casa ni familia.

EL DERECHO A EMIGRAR
Una primera premisa es reconocer este derecho. No cabe desarrollar una política de integración sin un previo reconocimiento al derecho a emigrar. El fenómeno migratorio incluye a los trabajadores fronterizos, al intercambio de trabajadores de alto standing de las multinacionales, a los desplazados por las guerras, a la reunificación familiar (turistas, estudiantes, retirados, prófugos, exiliados, empresarios, cerebros, inversores). La migración no es exclusiva de minorías o desesperados.

INVERSIÓN Y DESARROLLO
Sin embargo, un colectivo que tiene que ver mucho con el desarrollo de los pueblos, el empresariado, tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) confunde desarrollo de los pueblos del sur con el incremento de las inversiones españolas que beneficia a unos cuantos. Toda inversión no es sinónimo de desarrollo. Existen inversiones perniciosas que han roto el ecosistema de los países del sur, inversiones que han aumentado la deuda externa ?y por lo tanto la dependencia- de esos países, inversiones que han arrojado al paro a más trabajadores. ¿Podríamos analizar los efectos de las políticas de regulación de empleo de muchas de las grandes empresas españolas en países del Sur? ¿Podríamos preguntar los efectos de esta política a los trabajadores, por ejemplo, de Telefónica en América latina o de Aerolíneas Argentinas?

Los intereses del mercado no son necesariamente los intereses de los trabajadores inmigrantes. La economía de mercado provoca exclusión y necesita de mano de obra barata a la que se puede explotar sin reconocer sus derechos. Existe una corriente de opinión favorable a la apertura “controlada” de nuestras fronteras para recibir sólo a los trabajadores que nos conviene, que conviene a la economía nuestra, a nuestros empresarios, pagarles lo mínimo y, si es posible, negarles sus derechos como por ejemplo su derecho al voto en las elecciones. Diversos líderes de opinión vinculados a las grandes empresas y centros financieros apuestan por un inmigrantes que trabaje mucho pero que no conviva con nosotros. Los queremos en los campos alejados de las urbes, en El Ejido, pero los rechazamos en la convivencia.

Estos son los efectos perniciosos de la globalización, que mueve bienes y productos y limita la movilización de trabajadores.

Pero ¿cómo controlar el proceso migratorio? En primer lugar, hay que reconocer que parte de la solución pasa por tomar medidas económicas globales que no potencien la exclusión y la marginalidad. Existe la tendencia a controlar el proceso inmigratorio mediante el fomento de políticas de ayuda internacional al desarrollo, a pesar de la constatación empírica de la eficacia sólo relativa, y de la lentitud operativa de tales políticas.

También se plantea la colaboración internacional como solución. Por ejemplo, la exportación e implantación de industrias que fomenten su desarrollo interno en los países de origen. En su viaje a Rabat -en mayo de 2000- el presidente de Gobierno, José María Aznar, ofreció a Marruecos inversiones para frenar la inmigración ilegal. Pero ya hemos señalado anteriormente que toda inversión no es garantía de freno a la inmigración.

Existe la necesidad de solucionar la situación de desequilibrio Norte-Sur y de conjugar en condiciones de justicia social la economía global, pero se confunden indebidamente con la estrategia más conveniente y eficaz para regular los flujos migratorios. Regular los flujos migratorios no conlleva a una solución de fondo. La regulación es un parche. La solución pasa por equilibrar las relaciones Norte-Sur. A las políticas de cooperación hay que añadir otras políticas: Tasa Tobin ?regulación financiera-, comercio justo, una Organización Mundial de Comercio (OMC) más inclinada a los intereses de los pueblos, etc.

INMIGRANTES Y PUESTOS DE TRABAJO
Otro de los aspectos que salen de manera continua y sin ningún fundamento es el cliché de que los “inmigrantes nos quitan puestos de trabajo”. Relacionar el paro con la presencia de inmigrantes carece de justificación, no sólo por el volumen de las cifras (3.442.400 parados en el primer trimestre de 1997, frente a 166.490 permisos de trabajo a extranjeros vigentes en aquel momento) sino porque ?como indica Miguel Pajares en “La inmigración en España. Retos y propuestas”- “nada indica que la inmigración extranjera haya provocado más desempleo en España; al contrario, cabe pensar que, sin su aportación para la dinamización de ciertos sectores económicos en depresión (agricultura, textil, etc.),aún podría haber más paro”.

Por lo tanto, la llegada de obreros inmigrantes no provoca más pobreza sino más desarrollo económico. Es reconocer el derecho a emigrar, reconocido en la Carta de Derechos Humanos, y aceptar que no somos dueños de nuestro país con derecho a reservar exclusivamente para nosotros, reconocer que no podemos exigir que acepten incondicionalmente nuestros estilos de vida, nuestras costumbres o nuestros idiomas.

Es imprescindible crear espacios de convivencia , facilitarles condiciones de vida equiparables a los ciudadanos nativos, el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad, el trabajo.

Tenemos que desterrar en nuestros centros de enseñanza, en nuestros lugares de encuentro social y ocio los estereotipos y prejuicios que justifican una actitud antidemocrática. Pretendemos esperar que todos los de casa estén bien sentados y alimentados para permitir que un nuevo cupo llene los asientos vacíos. Esto pretende que en el fondo siga habiendo ricos bien atendidos junto a marginados excluidos del banquete de nuestra ciudadanía.

LA APORTACIÓN DEL COLECTIVO INMIGRANTE A LA ECONOMÍA
No podemos cerrar los ojos ante la realidad. Apunten este dato. Por ejemplo, en España, la extensión de la sanidad a todos los inmigrantes costaría 4.716 millones de pesetas mientras que la aportación anual de los inmigrantes a la economía española es de 150.000 millones, según un estudio realizado por la Auditoría Price Waterhouse Coopers y la Universidad de Comillas y encargado por el IMSERSO.

Más datos: Desde la segunda mitad de los años 80, se nota una creciente presencia de empresarios latinoamericanos en comercio y hostelería. En el sector de la construcción hay una creciente presencia de inmigrantes: un 95% producto de los flujos migratorios de países menos desarrollados con una fuerte presencia magrebí.

En el sector de servicio doméstico, las mujeres aportan dinero a través de impuestos, seguridad social, etc. Reciben prestaciones y servicios públicos y envían remesas a sus países de origen. Son más contribuyentes que preceptoras. Las empleadas de hogar aportan 10.500 millones de pesetas, las trabajadoras de la limpieza 1.500 millones de pesetas, las empleadas de hostelería 3.600 millones y las empleadas administrativas 5.200 millones. Aportan unos 21 mil millones de pesetas a las arcas públicas (inmigrantes asalariados que cotizan a la Seguridad Social).

A todo esto hay que añadir 2.200 millones de pesetas de mujeres que trabajan por cuenta propia. Sin embargo reciben pocas prestaciones en materia de desempleo. Sólo el 4%. Las empleadas de hogar no tienen acceso a esta prestación. En vivienda de protección oficial reciben el 1.3% y en becas el 9%. Sólo el 1% utilizó el INEM para encontrar trabajo. Sólo el 2.7% utilizó las instituciones públicas para solucionar problemas económicos urgentes.

Curiosamente, según el estudio “El servicio doméstico y otras ocupaciones”.Vol II. Mujer inmigrante y mercado de trabajo del Colectivo IOE, las mujeres españolas aportan al año unos 16.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, un 23% menos de lo que aportan las extranjeras. En el sector doméstico, la mayoría de españolas no cotizan a la Seguridad Social. Sin embargo, las mujeres españolas perciben más ayudas en casi todos los conceptos: desempleo, vivienda, becas, INEM...

Pero nuestras mujeres extranjeras, inmigrantes, no sólo pagan religiosamente sus impuestos y más que las propias españolas, como indican las estadísticas, sino que también ayudan al consumo interno.

Las mujeres extranjeras aportan al capítulo de consumo privado 92.000 millones de pesetas. En ahorro 35.000 millones de pesetas y al pago de deudas 21.000 millones. Dedican un 23% de sus ingresos, alrededor de 36.400 millones, al envío de remesas a su país de origen. Las mujeres inmigrantes asumen en España una vida cotidiana más austera (menos consumo inmediato) en beneficio del bienestar general de su familia de origen (remesas) y como inversión para el futuro (ahorro).

El trabajo de nuestros inmigrantes también son un factor a tener en cuenta en los respectivos países de origen. En Ecuador, los ingresos por remesas de sus inmigrantes (de EEUU y España) ascendieron a 1.100 millones de dólares en 1999 y representó el 8% del PIB y fue la segunda fuente de ingresos para la balanza de pagos, después del petróleo.

Entre 1993 y 1999 el volumen de remesas se ha triplicado según el Banco de España, pasando de 48.000 millones de pesetas a 152.000 millones de pesetas. El envío de media mensual de los ecuatorianos es de 25.000 pesetas. Ecuatorianos/as con y sin papeles han elevado el envío de sus remesas a 23.000 millones de pesetas, que representa el 9% de los ingresos por remesas de la balanza de pagos de Ecuador. Las autoridades ecuatorianas tienen otras cifras. Dicen que las remesas se elevan al 30% de esos ingresos. Pero esto último, según los expertos, no está contrastado.

Todos estos datos nos indica que la migración, de acuerdo a las teorías de conflicto, es siempre benéfica para los países receptores e invariablemente dañina para los emisores. Con los países receptores explotando a los trabajadores de los países emisores pobres, la migración aumenta, más que restringe, las disparidades de salarios e ingresos. Hace a los países emisores continuamente dependientes de la emigración y, por ello, distorsiona y retarda su desarrollo, mientras enriquece a los países receptores.

Ahora bien, tengamos presente que el trabajo de nuestros inmigrantes, el envío de remesas cada vez más cuantiosas, no solucionan el problema de fondo. Sigue existiendo paro en sus países de origen y sigue existiendo grandes bolsas de pobreza y sigue existiendo la dependencia.
En 1991 más del 16 por ciento de la población de Haití - más de un millón sobre un total de seis millones solo en República Dominicana - estaban fuera del país, pero su problema básico de desempleo permanecía sin resolverse. El alto nivel de migración de México durante años no ha traído una solución definitiva al problema del desempleo. Los ejemplos pueden multiplicarse.

Y ahora se indica frecuentemente, como fue enfáticamente hecho, por ejemplo, por la Comisión estadounidense para el Estudio de la Cooperación Internacional y el Desarrollo en 1990, que el desarrollo es la única medida efectiva para reducir la presión emigratoria, pero que podría llevar varias generaciones para revertir el proceso.

Quisiera terminar con una referencia a unas Jornadas sobre Emigración, flujos de capital, fuerza de trabajo que la Univesidad Nómada celebró en Madrid en mayo de este año. “Consideramos que no es posible analizar el fenómeno de la emigración sin analizar el funcionamiento actual del capitalismo y sus procesos de acumulación y explotación diferencial en el conjunto de la economía?mundo capitalista”.

Tenemos por delante el desafío del pluralismo, el desafío de la participación social y la apertura de mayores espacios comunitarios, el desafío del agua como sustento del desarrollo, el desafío de la inserción inteligente en la economía internacional, el desafío de reducir las brechas de equidad y las asimetrías entre países, el desafío de elevar la calidad democrática, el desafío de fortalecer gobiernos locales democráticos, el desafío de una gestión regional del riesgo, el desafío de las oportunidades para la niñez y la adolescencia, el desafío de una institucionalidad regional para el desarrollo.

En definitiva, el desafío de reforzar el derecho de las personas a elegir su destino.