Derechos para Tod@s 
Número 16
septiembre - octubre 2003



CUARTELES DE SANT ANDREU: CRÓNICA Y PROBLEMÁTICA DE UNA RESISTENCIA


EU/ IndyACP

Más de quinientas personas han construído una comunidad de vida en torno a los cuarteles de Sant Andreu, como toda comunidad, están atravesados por miles de problemas, pero esta comunidad, principalmente formada por inmigrantes sin papeles, está amenaza también por suponer un desafío a la lógica de mando del capital frente a los deseos de vida.

Hace cinco años, el Ministerio de defensa inhabilita los cuarteles del barrio barcelonés de Sant Andreu, manteniendo únicamente su bodega y con la única vigiliancia de algunos guardias, que poco a poco, van desapareciendo. Esta desaparición no constituye el fin de los cuarteles (aunque probablemente, si la de su parte más siniestra) y de nuevo, la vida y la potencia se reúnen para llevar hasta los mismos una nueva comunidad, los nuevos sujetos en conflicto de nuestras metrópolis: La población migrante, buscando un espacio para construir un proyecto de vida no negada y no condicionada por la fuerza del capital.

La primera comunidad consta principalmente de ciudadanos Chilenos y Marroquiés, pero con el paso de los meses y hasta la actualidad, en Sant Andreu su congregan una media de entre seiscientes y novecientas personas, de más de treinta nacionalidades, en su mayoría sin papeles (hay también algún ciudadano del estado y algún ciudadano comunitario, pero suponen un porcentaje pequeñísimo) Sin vivir un proceso de autoorganización, durante mucho tiempo dependen de la lógica asistencial de organizaciones cómo la Cruz Roja y de sus propia capacidad para ir construyendo ese proyecto vital, que muchas veces es desgajado por la precariedad o la policía.

El último crecimiento de la comunidad viene trazado desde lugares a muchos kilómetros de distancia del propio Sant Andreu, en concreto desde Canarias, donde muchos de los inmigrantes retenidos en el Centro de Internamiento de Fuenteventura son fichados y posteriormente envíados a Cataluña como mano de obra para el campo en los meses de verano. Muchos de estos inmigrantes llevan las señas de los cuarteles de Sant Andreu como espacio de encuentro. Estas señas en muchas ocasiones vienen de compañeros migrantes, de oneges, o directamente, de las propia administración del centro.

Por supuesto, el conflicto abierto por todas estas personas que ponen en juego sus derechos de ciudadanía, no es reconocido por autoridad ninguna, pasándose la pelota desde la Generalitat al gobierno Central y viceversa, mientras las intenciones especulativas (aparente motor inmovil de la ciudad de Barcelona- al menos en lo que respecta a la clase política) para con el edificio se mantienen intactas y los distintos intereses son dificilmente conjugables: El Ministerio de Defensa pretende venderle los terrenos a la Generalitat para poder construir en ellos la estación del AVE y un gran complejo inmobiliario. Las asociaciones de vecinos de la zona piden los que llaman un "desalojo humanitario" con la intención de que los terrenos se cedan equipamientos sociales, etc. Por su parte, la enorme comunidad migrante que se reune en torno a los cuarteles no parecen ser, de cara a la administración, sujetos de derecho y su revindicación, por tanto, no tiene razón de ser. Prueba de ello es que la Comisión especial que se ha creado para tratar el problemas (y que incluye organizaciones no legalizadas- por tanto, y aparentemente, tampoco sujetos de derecho- como Plataforma de Vecinos, ligada a la organización de ultraderecha Plataforma Per Cataluña, y con planteamientos absolutamente xenófobos que inclúyen concentraciones contra los cuarteles, caceroladas, insultos y entrentamientos con los migrantes) no haya invitado a la comunidad migrante de los cuarteles

La situación de los cuarteles se encuentra ahora en standby (si es que eso se puede decir de una comunidad viva) hasta Septiembre, después de que la jueza que llevaba el caso no admitiera a trámite el recurso emergente de desalojo ( para lo cual se llevó a cabo una concentración de más de trescientos inmigrante en las puertas del Juzgado) Esta actuación ha tenido una cierta repercusión mediática y desde entonces la actividad policial se ha incrementado en toda la zona, dándose la paradoja de que los mismos policias que detienen inmigrantes sin papeles en la zona de Sant Andreu, son los encargados de llevar hasta allí a aquellos que vienen de trabajar en el campo, o de Fuerteventura. Prueba mágica de la mano organizativa del capital y de la emergencia de sujetos como la población migrante, auténticos proyectos de ingobernabilidad para el orden del mando.

A raíz de esta situación, diversas organizaciones y colectivos de Barcelona, han iniciado procesos de contacto con la comunidad, encontrándose con una enorme cantidad de problemas (en catalán) en el seno de la misma, desde diferencias de lengua, hasta contactos personales que desaparecían de una día para otro por la acción de la policía o por cuestiones laborales, imposibilitando una mínima estructura autoorganizativa. a pesar de ello, la revindicación de "papeles para todos" como estrategia de politización, va lenta pero progresivamente incluyéndose en un imaginario colectivo migrante que lenta pero progresivamente se va politizando, intentando escapar de la precariedad existencial que reduce la práctica política a la tremenda necesidad personal e individual.