Derechos para Tod@s 
Número 14
abril - mayo 2003




HACIA UNA DOBLE CIUDADANÍA EUROPEA..., SI NO LO EVITAMOS

Decio Machado, de Derechos para Tod@s

Contexto histórico

Hasta hace relativamente poco tiempo, los movimientos migratorios de los que Europa ha sido protagonista fueron fundamentalmente de emigración y no de inmigración. Estos movimientos migratorios han sido principalmente de colonización, no definibles bajo la perspectiva de lo que llamaríamos hoy "migración laboral".

Los movimientos de población considerados como "migración laboral" (los que sólo pretenden vender su fuerza de trabajo) se iniciaron en el continente europeo a mediados del siglo XIX, y tuvieron carácter interior, es decir, intraeuropeo: "A partir de 1850 y al menos hasta la segunda década del siglo XX, aproximadamente unos diez millones de personas procedentes de Bélgica, Italia, Irlanda y Polonía, emigraron hacia países como Alemania, Francia, Gran Bretaña o Suiza". Paralelamente a este movimiento de trabajador@s intraeuropeo, también se registraron importantes flujos migratorios a ultramar.

Todo este escenario se modificó tras la segunda guerra mundial, debido a que la Europa centro-occidental se vio necesitada de importar masivamente mano de obra para asegurar su reconstrucción y su desarrollo económico, y no será suficiente la inmigración proveniente de los flujos intraeuropeos. Los gobiernos europeos se ven en la necesidad de promover convenios internacionales para poder reclutar así trabajador@s provenientes de otros países.

Dentro del ámbito europeo, países como Italia, Grecia, Portugal, el Estado español y en menor medida Yugoslavia se convierten en países emisores de trabajador@s. Fuera del continente, Argelia, Marruecos, Turquía, Túnez y otros más lejanos como las excolonias británicas (países Commonwealth del Caribe, subcontinente indio y de África) también se convierten en importantes emisores de trabajador@s hacia esa Europa centro-occidental cuyos países receptores más importantes serían: Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza o los del entonces llamado Benelux. El empleo de inmigrantes fue visto como una solución temporal a la creciente demanda de mano de obra, generada por el desarrollo del sistema de producción fordista.

Todo este período culmina con la llamada "crisis del petróleo" de 1973 y la creciente automatización y tecnologización del proceso de producción (se produce un crisis del modelo que había garantizado el crecimiento de los países capitalistas centrales desde el final de la segunda gran guerra), a partir de donde se inicia una etapa histórica caracterizada por las políticas de rechazo a la entrada de inmigrantes. Los países receptores dejan de realizar acciones de reclutamiento de trabajador@s (estrategia utilizada en la fase anterior a través de acuerdos bilaterales); por otro lado se desarrolla una política restrictiva para la inmigración; a su vez, decrece el interés por dirigirse a unos países en los que ya no hay tantas facilidades para encontrar empleo (los trabajadores inmigrantes fueron los más afectados por las altas tasas de desempleo, debido al lugar que ocupaban en la escala laboral); paralelamente a esto, los países de la Europa del sur, debido al desarrollo económico alcanzado en los ochenta, dejan de protagonizar los flujos de población intraeuropeos, quedando así solamente los países no europeos como los que proporcionan la inmigración que debe seguir recibiendo Europa.

Durante todo este período, y para sorpresa de empresarios y gobiernos, los trabajadores inmigrantes no retornaron a sus países de origen y se convirtieron y asentaron como parte de la sociedad de acogida. A partir de entonces, la cuestión de la integración de estas minorías se ha convertido en un tema de gran relevancia social, y las estrategias desarrolladas por gobiernos y "ongs colaboracionistas con el sistema" han fracasado de forma sistemática en la inmensa mayoría de los casos. En los 15 países que componen la UE, una gran parte de l@s trabajador@s inmigrantes y sus descendientes de segunda o tercera generación, ocupan los estratos mas bajos de la escala socioeconómica y son víctimas de la discriminación social.

En este impasse y hasta 1989, los flujos de inmigración pasan a ser muy moderados, pero se mantienen, porque a pesar de la crisis de los setenta y del creciente desempleo, existen sectores de la producción que buscan mano de obra barata y continúan así ofertando trabajo a l@s inmigrantes. Entre 1989 y 1994, coincidiendo con el derrumbe de los sistemas llamados del "socialismo real" en el Este de Europa, los países de la entonces Comunidad Europea asisten a un salto importante en su número de residentes extracomunitarios (a finales de los ochenta, los datos oficiales indican una población de inmigrantes en torno a trece millones y medio, y en 1994 ese número pasa a ser de casi dieciocho millones). En este aspecto, es importante resaltar que este crecimiento ya no sólo responde a la clasificación de inmigración laboral, sino que también ha incorporado otras categorías que se han convertido en importantes, como son la de los refugiados (en este aspecto es importante resaltar la incidencia del conflicto bélico en los Balcanes) o la de los familiares reagrupados. También es importante retener el dato de que, si bien el crecimiento del número de inmigrantes en la U.E. no ha cesado, a partir de mediados de los noventa ha sido bastante más débil que en los cinco años anteriores, recuperándose el flujo a partir del año 2000 (donde vuelve a generarse una incidencia notable desde el punto de vista cuantitativo).

Naturaleza del conflicto

En resumen, los flujos migratorios son casi tan antiguos como la presencia del ser humano sobre la tierra, lo que ha variado a través de los siglos son las causas que las provocan. Hasta finales de la época feudal existía una economía básicamente agrícola, donde la posibilidad de expandir la producción y el alimento estaba estrechamente ligada al aumento de la superficie en explotación. Cuando estas sociedades o colectivos humanos migraban, era porque el bajo nivel de organización social y de desarrollo técnico no les permitía sobrevivir en el antiguo ambiente. Vale decir, en términos económicos, que el bajo desarrollo de las fuerzas productivas era lo que provocaba la migración de la población excedentaria. Con el sistema capitalista y de manera especial en su actual fase de globalización, las causas de la migración se modificaron: ahora las personas migran persiguiendo al capital en busca de trabajo. De manera que, al contrario de lo que sucedía en las sociedades precapitalistas, donde el bajo desarrollo de las fuerzas productivas era la causa de la migración, en el capitalismo la causa -dejando de lado la incidencia de las guerras- es el alto desarrollo de las fuerzas productivas.

La forma de producción capitalista inauguró, por primera vez en la historia de la humanidad, un sistema de producción cuyo objetivo no es la satisfacción de las necesidades, sino la obtención de una ganancia dineraria. Ganancia que se logra a través de la competencia en el mercado, donde unos ganan y otros pierden. No existe forma alguna en este sistema de que el conjunto de sus componentes ganen simultáneamente.

Hoy, la UE que tiene 378 millones de habitantes, cuenta con 18 millones de extranjeros radicados legalmente y otros tres millones y medio de ilegales, cifra esta que se sigue incrementando poco a poco. La ONU estima que dentro de 50 años, Europa necesitará "importar" 44 millones de personas si pretende mantener su crecimiento económico y asegurar su sistema de pensiones. Admitimos que esos tres millones y medio de inmigrantes irregulares, que sobreviven al margen del sistema, constituyen un problema social importante, pero numéricamente no tan grave como los 165 millones de europeos (20% de la población del continente) que según la Organización Mundial de la Salud sobreviven con dos dólares diarios. Suponiendo que los tres millones y medio de irregulares están incluidos en los cálculos de la OMS y que fueran repatriados (según política aplicada en el espacio Schengen), de todas formas quedarían 162 millones de europeos -cifra que igual que la de l@s irregulares aumenta cada día- condenados a la marginación.

Los datos anteriores resultan más que suficientes para demostrar que el llamado problema de la inmigración es la consecuencia de la profundización del sistema capitalista y, por lo tanto, político. No es la pobreza la causante de las inmigraciones -y otros problemas como el hambre, el deterioro ambiental, etc...- sino la acumulación de la riqueza. El 6% de la población mundial posee el 59% de la riqueza total del planeta y el 98% de ese 6% de la población vive en los países más ricos. Estamos evidentemente ante un problema político de envergadura sin igual.

En la última reunión de la FAO, en lugar de enfocar el problema del hambre en el mundo desde un punto de vista político y ante la imposibilidad -por ahora, ya veremos más adelante- de enfocarlo desde una perspectiva policial (al igual que hacen en el ámbito de la política de inmigración), se optó por la misma solución técnica de seis años atrás: obtener 24 mil millones de dólares para reducir en un cincuenta por ciento el número de hambrientos en el mundo. Si algún día la FAO dispone de esa suma, como el número de hambrient@s aumenta constantemente, la misma ya no será suficiente. Hay leyes intrínsecas al capitalismo, acentuadas aún más en esta etapa llamada globalización, que guían su comportamiento y generan sus propias consecuencias. Con soluciones técnicas como las propuestas por la FAO se podrá, en el mejor de los casos paliar algo la situación, pero no solucionarla, porque el problema no es técnico, es político y social.

El Banco Mundial estima que actualmente 1.000 millones de personas en el mundo ya no tienen agua para beber y que serán 3.000 millones -la mitad de la actual población mundial- los que en el año 2020 vivirán en países con escasez de agua (asistiremos sin ninguna duda durante este siglo a más de una guerra por el agua). En el mundo de hoy ya son más los sedientos que los hambrientos. Mientras en un solo país -Brasil- las transnacionales que controlan el negocio del agua captan US$ 450 millones al año, ¿se apostará por reducir el número de los actuales sedientos a la mitad con otros 24 mil millones de dólares?

Unión Europea, las políticas de inmigración que sufrimos.

Los 15 estados que componen la UE se han comprometido a armonizar y consolidar mutuamente el conjunto de la reglamentación sobre inmigración antes del 2004. La población extranjera representa un promedio del 5% del total de habitantes de la UE, siendo Austria, Alemania y Bélgica las excepciones, pues allí el promedio sube al 9% sobre el conjunto de la población.

El debate sobre las políticas de la UE en materia de inmigración no es nuevo, recordemos las no lejanas discusiones entre sus miembros en las reuniones de Tampere (Finlandia) en 1999, Niza (Francia) en diciembre del 2001 o Sevilla en junio del 2002 (ante una de las movilizaciones más importantes de inmigrantes sin papeles en Andalucía, finalizada en represión y deportaciones masivas por parte del gobierno del Estado español , así como la persecución política sobre las organizaciones y el tejido social que se consolidó en forma de solidaridad y apoyo activo a estos trabajadores inmigrantes). Una visión que descansa bajo el criterio de la seguridad y bajo tal concepto justifica la represión a l@s inmigrantes es el resultado de esos debates, a lo que debe sumarse el espíritu neocolonizador y de saqueo que promueve la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la UE. Según palabras del propio Romano Prodi: "Tenemos necesidad de los emigrantes, pero deberán ser elegidos, controlados y ubicados".

La idea de una Europa que permita la libre circulación de personas, objetivo declarado del Tratado de Roma de 1957 que dio origen a la actual UE, es cosa del pasado. La visión que predomina ahora es que son los estados los que deben regular los flujos migratorios, elegir sus candidatos y determinar las condiciones de residencia. Recordar en este sentido un comunicado enmarcado en la Embajada del Reino Unido en Colombia: "Las personas talentosas con experiencia, habilidades y aptitudes excepcionales podrán solicitar su traslado al Reino Unido para buscar trabajo". Cuando el Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Lord Rooker, anunció el Highly Skilled Migrant Programe (Programa de Migrantes Altamente Calificados, mecanismo por el cual se potencia la fuga de celebros formados a cargo del erario público de países subdesarrollados para su incorporación al desarrollo de los países ricos), no indicó si los burócratas encargados del mismo deberían obtener las mismas cualificaciones que se les exige a los postulantes. Por poner otro ejemplo, el propio gobierno alemán, por su parte, hizo un llamado para recibir hasta 200.000 hindúes especialistas en informática.

El/La inmigrante en la UE es visualizado, analizado y considerado, únicamente desde la óptica laboral y económica por parte de los gobiernos; y a su vez, mediante una casi perfecta orquestación mediática, ha pasado a ser vinculado por el conjunto de la sociedad europea desde la perspectiva de la cuestión policial y de la seguridad (ciudadana y nacional). La formación del espacio Schengen y el impulso de la libre circulación de mercancías y de "algunas personas", ha generado la aparición de un nuevo eje diferenciador, al equiparar los derechos de l@s ciudadan@s de la UE y profundizar en la diferenciación entre estos y l@s ciudadan@s no comunitari@s (paralelamente existe también una diferenciación importante entre trabajador@s con derechos y sin derechos -sin papeles-, lo que implica directamente una segunda categoría de personas dentro de las sociedades occidentales y teóricamente democráticas con supuesta legitimación social).

Tras la desmembración de la Unión Soviética y su área de influencia, la desaparición del sistema bipolar y la reconfiguración de las relaciones internacionales, toda la lógica de la seguridad se ha modificado significativamente (aunque el origen de esta nueva perspectiva se enmarca a comienzos de los noventa, se ve aún bastante más agudizada desde la primera guerra en el Golfo Pérsico y con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre en Washington y Nueva York).

El proceso de integración regional de la UE se ha visto acompañado de un reforzamiento en el cierre de fronteras, y en este sentido, el Estado español cumple un rol fundamental, al estar ubicada en la frontera sur de Europa. El Mediterráneo delimita, no solo dos continentes, sino también dos civilizaciones, dos grandes religiones y dos status de población planetaria (básicamente, los que tienen y los que no tienen). El Mediterráneo, simboliza el punto de encuentro y desencuentro entre el Norte y el Sur, entre el centro y la periferia, entre el mundo desarrollado económica y tecnológicamente, y el que está en vías de desarrollo (ignorando en este concepto cualquier criterio que tenga que ver con el desarrollo sostenible). La orilla norte del Mediterráneo goza de más del 90% del PIB per capita de la zona, mientras que la orilla Sur no llega al 10% y además ve como esa distancia crece cada día más (factores que inciden en esta realidad: crisis económica, desigualdad estructural de los intercambios, el peso de la deuda, el crecimiento demográfico en el sur y la crisis de legitimidad del gobiernos sur, más descaradamente corruptos que los nuestros y con menos estabilidad y asentamiento social).

Ante esa realidad, parece difícil pensar en el éxito del control de flujos migratorios que quiere imponer la UE sobre sus fronteras, a pesar de los diseños de militarización de la frontera Sur (Plan SIVE en el Estado español) y de la coordinación de policías y ejércitos intergubernamentales en el Mediterráneo. En los últimos cinco años, han perecido más de tres mil african@s en el estrecho de Gibraltar, y la progresión de "pateras" y otras estrategias de entrada en la UE parece imparable. El norte de Marruecos, hoy recoge un población importante de extranjer@s a la espera de cruzar el estrecho, que lejos de aquella primera oleada de inmigrantes marroquíes, hoy en la costa montañosa de Marruecos, podemos encontrarnos con gentes provenientes de una gran parte del África central y del sur, así como incluso inmigrantes provenientes del sudeste asiático. La misma situación se vive en las costas italianas, con embarcaciones provenientes de Albania o Túnez.

Los gobiernos europeos han diseñado tras la desaparición de la era bipolar, una serie de enemigos a combatir, que podríamos definir en tres ámbitos que ellos definen como interrelacionados: la inmigración, el tráfico de drogas y el crimen organizado.

La política de migración desarrollada por el conjunto de la UE se basa sobre tres ejes claros: control policial y social sobre los residentes; criminalización, detención y expulsión de personas declaradas en situación de irregularidad (ellos dicen "ilegalidad"); y control fronterizo a costa de la tecnologización y militarización de la zona Sur para evitar la llegada de más inmigrantes. Desde la Cumbre de Sevilla en junio del 2002, está en debate la posibilidad de incluir entre esas medidas: la presión, el chantaje y la coacción económica y política sobre los países emisores de inmigración.

Mientras los gobiernos europeos continúan desplegando las más sofisticadas formas de control de la inmigración, todo indica que las sociedades europeas necesitan nueva fuerza de trabajo que inevitablemente vendrá de fuera de la Unión Europea. El indicador menos esperado, pero que por otro lado se refleja como un exponente claro de esas necesidades, es el proyecto proveniente del Ministerio de Defensa español, de alistar inmigrantes (en las escalas más bajas del ejército), ante la falta de candidatos autóctonos (el cierre del año 2002 indica 3.365 soldados menos, consecuencia de la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, a pesar de la dinámica y millonaria campaña desplegada por el Ministro de Defensa, Federico Trillo, a través de todos los medios audiovisuales y prensa escrita). Esto último, nos viene a significar que la utilidad de la inmigración ya no sólo es puesta en práctica desde la perspectiva económica (sectores económicos concretos desarrollados básicamente por mano de obra barata y carente de derechos laboral, si no que su utilidad por parte del propio sistema que los rechaza se va incluso ampliando de manera progresiva).

La experiencia actual demuestra que, a pesar de las legislaciones restrictivas vigentes en el marco UE, los flujos migratorios siguen aumentando. La creciente presencia de ciudadan@s provenientes de países no comunitarios se presenta como una de las tendencias claras de la sociedad europea.

El panorama global augura una agudización de la polarización económica dentro del marco de la globalización económico capitalista. En esa medida, una política que no tenga en cuenta la multiplicidad de factores que intervienen en los procesos migratorios dará como resultado una sociedad cada vez más fragmentada, con un cúmulo creciente de expectativas insatisfechas, grandes sectores de la población marginados y un principio de ciudadanía excluyente. De ser así, la Europa de las dos ciudadanías es la que se consolida, significándose esto en el ámbito de la inmigración en: por un lado la negación del principio de igualdad en el reconocimiento y garantía de los derechos sociales y laborales de los inmigrantes; y, por otro, en la disociación entre reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales en función de la condición -administrativa- de irregularidad. Ambos términos atentan sin ninguna duda sobre los principios del Derecho, tal y como se han desarrollado en el mundo occidental y tal y como se plasman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La necesidad de conformar una respuesta dentro de la lucha por el derecho a la libre circulación y la lucha contra la precariedad

En marzo de 1996, varias centenas de malianos sin autorización de residencia tenían ocupado la iglesia parisina de San Ambrosio con vistas a obtener la regularización de su situación. A partir de esta fecha, la lucha colectiva de los sin papeles (sans papiers-indocumentados) creció y encontró un apoyo en aquel momento cada vez mayor en la opinión pública, sacando incluso partido socialmente de la represión desatada por el gobierno francés en respuesta a estas movilizaciones.

En junio de 1997, de vuelta al gobierno, los socialistas consiguieron hábilmente reducir el movimiento, sacando partido de las múltiples divisiones y fracturas que lo atravesaban. Cerca de 75.000 personas recibieron una autorización de residencia y otras 60.000 vieron denegadas sus solicitudes, constituyéndose así en la base del stock de " trabajador@s clandestin@s" para el mercado negro de la economía francesa. Con el miedo a no indignar a la derecha en un terreno electoralmente peligroso y, algunos de ellos, prisioneros de una espíritu "republicano" profundamente chovinista, xenófobo y reaccionario, los socialistas no querían conceder más que el 60% de regularizaciones, para no parecer que daban su brazo a torcer en exceso ante las movilizaciones de l@s inmigrantes. Los papeles se dieron por el plazo de un año, no existían garantías de renovación, los criterios de resolución fueron en muchos casos arbitrarios, etc... , pero se conformó un movimiento que tuvo gran interés e incidencia social.

En Francia, la lucha de l@s inmigrantes indocumentados es antigua y se inscribe en el combate de l@s inmigrantes por el derecho a la vida. Las primeras movilizaciones tenían un carácter fuertemente político, era claro en sus consignas contra las condiciones de trabajo y alojamiento en las que se encontraban el colectivo inmigrante, y posteriormente también fue claro y contundente contra las expulsiones y deportaciones. Seguidamente tuvieron lugar importantes huelgas de hambre y múltiples acciones diversas, individuales y colectivas. Implícitamente o no, cualquiera que fuesen los motivos o las modalidades, estas acciones tenían un objetivo común, combatir el injusto estatuto jurídico de excepción que sufren l@s inmigrantes, muchas veces próximo al modelo de apartheid.

En esta línea, la irrupción en el seno de la escena pública, en 1996, de uno, con posterioridad tres, y seguidamente numerosos colectivos de indocumentados por toda Francia, constituyó la señal de que se ponía en cuestión de forma radical la causa y efecto del cierre de fronteras decidido en 1974.

La acción inesperada de los malianos, en 1996, provocó un despertar de la consciencia colectiva de una parte importante de la comunidad inmigrante en Francia y en el conjunto de Europa. En oposición a los partidos parlamentarios y haciendo causa común en varias ocasiones con asociaciones, personalidades de la cultura y el cine, algun@s militantes e intelectuales que han conferido su apoyo, eso sí, muchas veces paternalista hacia los indocumentados, se reactivó una reflexión a favor de la "libre circulación" de personas, concebida como uno de los derechos fundamentales. Casi siete años después no parece exagerado decir que esta idea encontró aceptación en una franja importante de la opinión democrática, como se demuestra por su negativa, los argumentos hostiles y hasta calumniosos, utilizados desde los más altos niveles del Estado para desacreditar esta idea, no solamente en Francia, sino en el conjunto de la UE (hoy l@s integrantes de la red de apoyo a los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) son acusados sistemáticamente desde el poder constituido, sus estamentos y las organizaciones colaboracionistas de múltiples tramas, todas ellas falsas, que no intentan más que desprestigiar personal y políticamente a l@s compañer@s que han encarnado la solidaridad activa con este movimiento).

Luchar junto a l@s inmigrantes, es luchar contra la precariedad laboral y social, es luchar contra la división de la ciudadanía, es luchar por el respeto al cumplimiento de los Derechos Humanos y contra el apartheid, en resumen es luchar por la libre circulación de personas, y por una legislación única basada en la no diferenciación por motivos de sexo, religión, étnia o cultura.