LOS JUECES PROGRESISTAS CREEN UNA “BARBARIDAD” EXPULSAR A LOS EXTRANJEROS POR DELITOS MENORES

Comunicado de Jueces para la Democracia (Madrid)


La expulsión automática de España de todos los ciudadanos extranjeros en situación irregular que estén acusados de delitos penados con menos de 6 años de cárcel es observado de forma radicalmente contraria por las dos asociaciones de jueces. El sector progresista está en contra, el conservador a favor.

La medida anunciada por el Gobierno de que los extranjeros en situación irregular que sean detenidos por la comisión de un delito penado con menos de 6 años de cárcel serán expulsados de forma inmediata y automática ha provocado de nuevo la división entre las asociaciones judiciales.

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) –considerada progresista–, Miguel Carmona, calificó ayer dicho automatismo de la medida como “una barbaridad”.

El magistrado explicó que la posibilidad de decretar la repatriación de los extranjeros acusados de delitos menores ya está contemplada tanto en la ley de Extranjería como en el Código Penal y, por tanto, la anunciada modificación lo único que hace es introducir la obligación de aplicar la repatriación de forma automática. Carmona justificó su rechazo porque mientras que en algunos casos esta norma sería un regalo para el delincuente, en otros sería excesivamente severa. Como ejemplos, el portavoz de JpD indicó que la medida se aplicaría igualmente a alguien acusado de atracar un banco, penado con 5 años de cárcel, y a quien lo esté de un delito de alcoholemia, castigado con una multa y la privación del permiso de conducir durante un periodo mínimo de un año. “En el caso del presunto atracador, pagarle el billete de regreso a su país es un regalo, mientras que en el de quien ha sido sorprendido conduciendo ebrio a la salida de una boda es una pena desproporcionada”, indicó. Carmona añadió que hubiera sido más sencillo impartir instrucciones a los fiscales para que soliciten la expulsión a los jueces en este tipo de casos.

Pero para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –que agrupa a los jueces conservadores–, José Manuel Suárez Robledano, la medida está plenamente justificada, por lo que no dudó en calificarla como “acertada”, para evitar que España se convierta en refugio de los delincuentes de otros países. Suárez Robledano señaló que, estando clara que la decisión debe ser adoptada por los jueces y no habiendo duda sobre su constitucionalidad, es una opción del legislador con la que, en este caso, su asociación está de acuerdo.