MONTAJE JURÍDICO-POLICIAL EN VALENCIA

Jose Crust, en "L'enterao"


Ante la creciente oleada represiva que están sufriendo los movimientos de base críticos con las diversas políticas neoliberal ejercidas desde el poder político económico, nos vemos en la necesidad de ampliar al máximo nuestra respuesta, así como de denunciar públicamente la escalada represiva sin precedentes de los últimos seis meses. Esta escalada se podría concretar en:

- El desalojo del C.S.O. La Sola ( 13 de Marzo), de la vivienda de El Kau (15 de Marzo), del Kasal Popular de Zaidia junto con tres casas más en este barrio (22 de Julio) y de La Baranda (6 Agosto).

- Las torturas sufridas por dos jóvenes a manos de la policía local en el Ayuntamiento de Alicante y un hospital de la ciudad.

- El estado policial que vive la pedanía de la Punta, donde los días de máxima tensión han llegado a haber ocho furgonetas de antidisturbios, una decena de motos, helicópteros, varias dotaciones de policía nacional y abundantes agentes de la Brigada de Información ( Ex Policía Político Social).

- El creciente aumento de la presencia y el acoso policial en las calles de la ciudad. Concretándose en un claro aumento de las detenciones , las retenciones y las identificaciones injustificadas en este periodo.

- La criminalización del movimiento estudiantil, vinculando a la Coordinadora de Asambleas de Estudiantes de Valencia ( CAEV) con el movimiento aberzale.

El 30 de Agosto de este año Juan Gabriel Cotino toma oficialmente posesión de su cargo como Delegado de Gobierno de Valencia. En este mes y medio no sólo se ha mantenido el acoso policial a los vecinos/as de La Punta, sino que los cuerpos de seguridad han ampliado su represión a toda la ciudad bajo las directrices marcadas por Jefatura Superior de Policía y Delegación de Gobierno.

El pasado Viernes 11 de Octubre se desarrolló con total normalidad una marcha fascista en el barrio de Velluters convocada por la Plataforma España 2000 y protegida por la policía nacional. Esta manifestación puede considerarse como punto de partida de una razzia que ya dura una semana.

El mismo Viernes 11, quinientas personas ven frustrado su derecho de manifestación al ser intimidadas e identificadas por más de veinte agentes de la Brigada de Información y más de diez furgonetas de antidisturbios.

El Sábado 12, el Diario de Valencia publica un articulo vinculando el antifascismo con la Kale borroka, con el propósito de crear alarma social y así preparar el camino a la represión. Ese mismo día una persona es detenida por seis agentes, dos coches y una furgoneta de la policía a punta de pistola en la puerta de un Centro Social. Durante la detención se intimidó al detenido haciéndole creer que la ley antiterrorista pesaba sobre él. Al día siguiente fue conducido a juzgados donde se le informó de que únicamente se le necesitaba para que designase un procurador.

El Lunes 14 es desalojado el C.S.O Malas Pulgas sin orden judicial y con una fuerte presencia policial, dando fin a mas de dos años y medios de actividades. Cuando la vivienda fue ocupada se encontraba en un total estado de abandono y deterioro y no albergaba ningún mueble de los solicitados por los dueños. Después de la limpieza y el acondicionamiento del Centro social este albergó un gimnasio, una cafetería , un comedor popular, múltiples conciertos y numerosos actos abiertos al barrio. Durante el desalojo una persona fue detenida por las mismas razones que la persona detenida el Sábado. Actualmente la casa se encuentra vigilada por la Levantina de Seguridad, una empresa vinculada a la Plataforma España 2000.

El Martes 15 algunos medios de comunicación dan eco del desalojo criminalizando al movimiento de ocupación vinculándolo a la Kale borroka. Esa tarde son detenidas cuatro personas a las que se intenta relacionar con el desalojo. Durante tres días estas personas son incomunicadas en la Jefatura Superior de Policía impidiendo a familiares y abogados contactar con ellos e informarse de los cargos. Todas aquellas personas que intentaron mostrar su apoyo a los detenidos fueron intimidadas y fichadas de manera ilegal.

El Viernes 18 son pasados a disposición judicial donde se impone el secreto de sumario y se dicta el ingreso en prisión preventiva en C.P. Picassent de los cuatro acusados bajo penas desorbitadas de asociación ilícita y, a dos de ellos, agresión terrorista. Las desproporcionadas penas impuestas muestran claramente la realización de un montaje jurídico policial basado en las mentiras y las manipulaciones. Durante todo el proceso se han negado a los acusados los derechos más básicos dejándoles en una total indefensión jurídica. Los cuatro compañeros detenidos han sido utilizados como cabezas de turco para criminalizar todos los movimientos sociales que se presentan como una crítica al pensamiento único imperante. Desde aquí denunciamos el montaje policial y exigimos la libertad sin cargos ni fianzas de los detenidos. Así como la solidaridad activa y la participación
ciudadana en las movilizaciones de apoyo que se convoquen.