Derechos para Tod@s 
Número 10 
septiembre - octubre 2002




EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ (PPP) Y LA SANTA PAZ

Carlos Fazio


El enésimo lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP) en Mérida, el 27 de junio pasado, con la participación de los administradores ejecutivos de México y Centroamérica, parece marcar el comienzo de una nueva fase de expansión violenta del capital trasnacional. En la porción mexicana del PPP, la violencia del proyecto diseñado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo está implícita en su forma de aplicación vertical, autoritaria y antidemocrática, bajo el paraguas de un esquema contrainsurgente militar, paramilitar y "preventivo" que ha venido consolidando posiciones en la zona, en el marco de un discurso paternalista que reproduce la demagógica propaganda indigenista del viejo régimen.

La "santa paz" que según Vicente Fox y los voceros del gran capital reina en Chiapas es un eufemismo que pretende ocultar una realidad de hostigamiento militar y paramilitar, desplazamientos forzosos, disputas agrarias y de tierras, asesinatos larvados, violaciones sistemáticas de derechos humanos y presos políticos. En ese escenario, el proyecto geopolítico de explotación, despojo y saqueo de recursos naturales, biodiversidad y saberes ancestrales operará a corto plazo como rampa de lanzamiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), añejo plan hegemónico estadounidense ahora previsto para 2005.

El PPP tiene como objetivo construir una zona de servicios e infraestructura en toda Mesoamérica en beneficio de las trasnacionales y grupos oligárquicos locales que, una vez más, serán subsidiados con recursos de los contribuyentes. El Puebla-Panamá es la cara pública de una serie de proyectos regionales -estratégico-militares encubiertos algunos-, que engloba a la reserva de la biosfera de Montes Azules y al Corredor Biológico Mesoamericano y prevé la puesta en marcha de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, lo que ha llevado a la militarización de los Chimalapas. Por vía paralela pero complementaria, la Casa Blanca y la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos vienen instrumentando un vasto proyecto de contención migratoria en el área de aplicación del PPP. El plan, que afectará a millones de excluidos del sistema, se está desarrollando mediante un programa de sellamiento de fronteras que, a la manera de un cerco sanitario militarizado, abarca Marqués de Comillas-Chajul/Ixcán-municipio autónomo zapatista de Tierra y Libertad.

En función de los fines geoestratégicos de Washington, en la competencia interimperialista mundial es indudable el valor militar del macizo montañoso transfronterizo de la selva Maya, que abarca a la selva Lacandona y la región de las Cañadas en Chiapas, y los bosques de Totonicapán y la región del Petén, en Guatemala. En particular, la gran cuenca del Usumacinta, situada a mitad de camino entre las cuencas del río Bravo/Texas y del Amazonas (cuyo control es uno de los objetivos prioritarios del Plan Colombia). Como señala un análisis del Colectivo Madera de la Región Selva, el macizo Maya tiene un valor militar geoestratégico similar al que, para Israel, representan las alturas del Golán (Siria), la serranía de Nablus y otras regiones montañosas de Samaria y Judea en la Cisjordania palestina bajo ocupación castrense.

En la parte mexicana, el control militar de la selva Maya pasa hoy por el desplazamiento o la reubicación forzosa de las comunidades indígenas autonómicas ubicadas en Montes Azules. Fue allí donde se gestó el movimiento zapatista y se resguarda hoy la comandancia militar del EZLN. Ante el próximo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las controversias en materia indígena, no parece casual la reactivación del tema Chiapas desde las instancias oficiales. La irrupción de una serie de hechos sin conexiones aparentes, entre los cuales figuran la intensificación de los patrullajes y el hostigamiento castrenses contra bases zapatistas; señales de apresto de los grupos paramilitares; actos de propaganda oficial sobre reubicación de refugiados internos; asesinatos y disputas por tierras, así como filtraciones periodísticas que pretenden reubicar, de manera virtual o mediática, al subcomandante Marcos en el escenario chiapaneco, podrían ser indicios de que la administración Fox está gestando una gran provocación contra el zapatismo, similar a la traición zedillista del 9 de febrero de 1995.

Las excusas para una operación punitiva de tipo quirúrgico no son novedosas. La semana pasada, un diario "alertó" sobre los "temores" de la agencia antidrogas estadunidense DEA ante una posible ofensiva del "narcoterrorismo" en México, con su infaltable "nexo colombiano". Otro señuelo propagandístico, el más socorrido en los últimos dos años, es el de los conservacionistas (sin gente) de matriz trasnacional. En particular, ONG ligadas a la fundación estadunidense Conservation International y al Grupo Pulsar de Alfonso Romo -el "amigo de Fox" dueño de la compañía Savia/Seminis-, que cuentan con apoyo del BID y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esos grupos han logrado el total alineamiento del titular de Semarnat, Víctor Lichtinger, y vienen promoviendo el desalojo forzoso de poblados "invasores" y "depredadores" de la selva para dejar el campo libre a los poderosos tiburones económico-financieros. La defensa ambientalista como coartada contrainsurgente al servicio de un proyecto de bantustanización del sureste mexicano.