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LAS
MUJERES Y
LA CONSTITUCIÓN
EUROPEA
(Un
nuevo marco para consolidar viejas desigualdades)
ASAMBLEA
FEMINISTA DE MADRID
Lo
primero que llama la atención del documento
que se propone como Constitución Europea es la insistencia en adjudicar
este proyecto a la
voluntad de los ciudadanos. Parece
como si todas y todos hubiéramos ocupado las calles para pedir encarecidamente
a nuestros gobernantes una Constitución.
Nada
más lejos de la realidad. Desde su nacimiento la Unión Europea ha sido un
proyecto vinculado a los intereses de las élites del capital productivo y
financiero. Nunca ha sido su objetivo mejorar las condiciones de vida de las
personas, por más que los redactores del documento se empeñen en asegurarlo.
Máxime ahora que la carta magna promueve el grabar en mármol jurídico el marco
económico neoliberal, que es especialmente lesivo para las mujeres.
Además los cambios políticos que se puedan dar en un Estado de la Unión,
aunque sea por voluntad popular,
no podrán alterar dicho marco, una vez aprobada la Constitución (Artículo
I-5).
Las políticas
que la Constitución pretende legitimar representan para las mujeres la precarización
de la vida, un recorte drástico de las libertades, la profundización
en las desigualdades y una garantía
de continuidad para una organización social patriarcal. Esto se manifiesta
en varios aspectos que desarrollaremos a continuación.
LA
PRECARIZACIÓN DE LA VIDA
La
Constitución Europea reconoce a las personas el ”derecho a trabajar”
y “a buscar empleo”
(Artículo II-15). Se identifica por lo tanto trabajo y
empleo como si fueran la misma cosa.
En
cuanto al empleo (trabajo asalariado) las cifras hablan por sí mismas. Las
mujeres somos en la Unión el grupo que soporta más paro, más precariedad laboral
y salarios más bajos. Puede decirse que en Europa la pobreza y la exclusión
social tienen rostro de mujer. La Constitución sin embargo no se plantea como
un objetivo prioritario transformar esta situación a pesar de que afecta al
menos a la mitad de la población. Más bien se da una vuelta de tuerca, pues
los recortes en servicios sociales dificultarán aún mas el acceso de las mujeres
al empleo.
Por
otro lado, esa identificación, permite ocultar todo el trabajo no monetarizado,
no asalariado y no remunerado que realizamos fundamentalmente las mujeres
y que está dirigido directamente al cuidado de la vida y de la existencia
humana. Al mismo tiempo, se pretende invisibilizar que la
realización de estas tareas es
absolutamente imprescindible para que la sociedad funcione.
La
Constitución reconoce la libertad, sin ningún tipo de traba,
al funcionamiento del mercado (Artículos III-69 y 70). Se
abre pues la puerta a las privatizaciones de los servicios públicos, a los
que llama "servicios de interés económico general” (Artículo II-36).
Esto supone que los sistemas de protección y servicios sociales como las pensiones,
la educación y la sanidad, pasarán a funcionar bajo la lógica del mercado.
Lo cual significa que sólo quién tenga dinero podrá acceder a estos servicios,
el resto de las personas quedarán progresivamente desprotegidas, dejando en
papel mojado los derechos de ciudadanía. El Estado se va desentendiendo así
de los colectivos más débiles económicamente, entre ellos las mujeres, abandonándoles
a su suerte en la jungla de la competitividad.
Sin
embargo el vacío que provoca la desprotección social (la gente seguirá envejeciendo
y enfermando) recae y recaerá cada vez de forma más insistente
en las familias. Ya sabemos que dentro del ámbito familiar (y también
fuera) son las mujeres las encargadas de cubrir estos cuidados que precisa
cualquier persona durante toda su vida. Por otro lado, la pérdida de empleo
público que implica desmontar los sistemas de protección social, repercutirá
sobre todo en las mujeres, pues el empleo femenino se distribuye fundamentalmente
en estos sectores.
En
definitiva, el libre funcionamiento del mercado con el consiguiente recorte
de prestaciones sociales afectará de lleno a las mujeres que ya soportan además,
casi en exclusiva, todo el trabajo que suponen las labores domésticas.
El
modelo productivo, energético, territorial y generador de residuos por el
que apuesta la Constitución (Artículo II-37) nos afecta especialmente dada
la vigencia de la división del trabajo en función del sexo. Por ejemplo, en
cuanto al modelo territorial, podemos decir, que en las grandes conurbaciones,
donde se concentra la mayor parte de la población, las mujeres nos vemos abocadas
a realizar frecuentes desplazamientos y recorrer grandes distancias para atender
a personas dependientes, pues socialmente se presupone que estas tareas nos
corresponden. Todo ello revierte en una muy considerable disminución o pérdida
total del tiempo que demandamos
para nuestro disfrute y atención personal.
Por
otro lado la falacia liberadora a través del consumo en muchas ocasiones ha
provocado en nosotras, sobre todo en las más jóvenes, enfermedades graves
y comportamientos desordenados respecto a la propia salud y cuidado. (Artículo
II-38).
En
el Artículo II-21 Se prohíbe toda discriminación. por razón de sexo...
Pero no se especifica a través de qué mecanismos se va a garantizar el cumplimiento
de esta prohibición. Aunque aquí no se menciona, deducimos que esta afirmación
se refiere, tal y como recientemente ha aprobado la Comisión Europea,
a defender la igualdad en cuanto al acceso a
bienes y servicios. Esta declaración constitucional tiene poca o ninguna
credibilidad, cuando por otro lado no se hace ninguna alusión a cuestiones
que claramente derivan de la jerarquización de los sexos como es la violencia
machista, que tantas muertes y agresiones provoca a las mujeres (primera causa
de muerte en el mundo en menores
de 44 años según datos de Cruz Roja Española)
Frente
a esto, lo que la Constitución propone es el mantenimiento de la familia nuclear
y heterosexual como un pilar fundamental de la organización social en Europa.
No importa que a menudo este modelo pueda representar dar cobertura a los
malos tratos, pues es en este marco familiar donde se producen fundamentalmente
este tipo de agresiones.
En
contraposición al “derecho al matrimonio” no aparece por ningún lado el “derecho
al divorcio”. Tampoco se recoge la libertad de poder abortar.
Resulta curioso que la Carta Magna no reconozca a las mujeres como sujetos
con derecho a decidir sobre sus relaciones afectivas y capacidad reproductiva.
Sobre todo después de que el propio Parlamento Europeo recomendase a los Estados
miembros en el año 2000, contemplar en sus legislaciones este derecho debido
a las gravísimas consecuencias que para las mujeres estaban teniendo las leyes
restrictivas en algunos países, y la prohibición explicita en otros como es
el caso de Irlanda, la recién incorporada Malta o Polonia
donde la Constitución “protege el derecho a la vida del niño concebido”. Creemos
que esta omisión por parte de la Constitución supone dar entrada por la puerta
grande a quienes siempre han querido suprimir este derecho elemental de las
mujeres.
Por
otro lado también se genera un problema de primer orden para nosotras ya que
según está redactado el texto Constitucional, este derecho se ve amenazado
tanto en los países que ya tienen alguna normativa al respecto (podría ser
cuestionada) como en los que no poseen ninguna (cualquier iniciativa legal
podría ser paralizada). No olvidemos
que una
vez aprobada la Constitución los Estados no tendrán poder de cambio sobre
sus directrices.
Cada
vez es más notorio que las actitudes violentas se generalizan en toda Europa.
Las mujeres sufrimos esta situación de forma muy especial también fuera del
ámbito doméstico, sobre todo aquellos colectivos más desprotegidos y más estigmatizados
socialmente como las prostitutas, a las que de forma creciente se les intenta
negar la dignidad que se concede al resto de las personas.
Por
si fuera poco, la Constitución establece la legitimidad de intervenir
militarmente en países extranjeros para prevenir conflictos o gestionar
crisis (Artículo III-210) al tiempo que refuerza la Europa policial.
Es de sobra conocido como afecta a nuestra vida una sociedad crecientemente
militarizada y represiva. La experiencia demuestra que durante y después de
un conflicto armado (guerra en la antigua Yugoslavia, Israel, Palestina, etc.)
el número de agresiones a las mujeres se dispara. Por ejemplo Rusia arroja
una cifra de 13.000 muertes al año a causa de la violencia sexista. No hay
que olvidar que este es un país con un alto nivel de militarización y represión,
que presenta además uno de los mayores índices de población reclusa de Europa.
Por
otro lado esto significa una apuesta por el empleo de la violencia en la resolución
de conflictos frente a otras formas tolerantes y de consenso. También representa
para las mujeres una exaltación de los valores machistas y el refuerzo de
la jerarquización entre los sexos.
En
paralelo se llama a los Estados a incrementar los gastos militares. Esto supondrá
mayores recortes para las prestaciones sociales, dentro de la lógica neoliberal
del control del gasto público, con las consecuencias que ya hemos visto
para las mujeres.
La
libertad de la que gozarán los capitales y la circulación de mercancías no
podrán disfrutarla sus poblaciones (el concepto ciudadanas[1]
queda reducido al de electoras y consumidoras). Los derechos más elementales
están en entredicho ya que la Unión sólo procurará adherirse al Convenio
Europeo para la Protección de lo Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales cuando no afecte a las competencias que se definen en la
Constitución (Artículo I-7). No hay que olvidar que debe
eliminarse todo lo que entorpezca el buen funcionamiento del libre mercado
(Artículo III-70). Mucho nos tememos que nuestras aspiraciones feministas
supongan una piedra en el camino de la Unión.
CON
LA IGLESIA HEMOS TOPADO
Las
amenazas a los derechos y libertades conquistados por las mujeres, que
se desprenden de los artículos comentados, resultan gravemente reforzadas,
cuando nos topamos con las Iglesias.
Para nuestra
gran sorpresa y estupor en el Artículo I.51 se establece sin recato que “En
reconocimiento a su aportación específica, la UE mantendrá un diálogo abierto,
transparente y regular con dichas Iglesias”. Ya en el Preámbulo del
borrador figura el reconocimiento de “la herencia religiosa europea”. Una
herencia que en la historia del continente arroja un gran saldo de muertes
y torturas en nombre de guerras religiosas, Cruzadas y Santas Inquisiciones.
Además no podemos dejar de reconocer en este artículo cierto tufillo pestilente
que nos evoca la Dictadura de Franco y el apoyo y connivencia que obtuvo por
parte de la Iglesia. Según se especifica en el artículo I-52, La Unión no
podrá inmiscuirse en un acuerdo que un gobierno pactara con la Santa Sede
aunque éste afectara, por ejemplo, a los derechos humanos.
El
principio de laicidad queda por lo tanto excluido del marco jurídico europeo.
Por el contrario se pretende institucionalizar la ingerencia de las Iglesias
en las cuestiones públicas, poniéndolas cuando menos al mismo nivel que a
las organizaciones representativas de la sociedad civil tal y como se recoge
en el Artículo I-46.
Para
las mujeres esto significa un clarísimo atentado contra el derecho a decidir
sobre nuestra vida, la igualdad entre sexos, el divorcio, el aborto, los anticonceptivos
(incluido el preservativo en la lucha contra el SIDA), los derechos de homosexuales
y lesbianas, y en definitiva un retroceso grotesco de las libertades conquistadas
por el movimiento feminista y otros movimientos sociales. Pues no hay que
olvidar que la jerarquía eclesiástica católica, fuertemente fundamentalista,
justifica sin ambigüedades el sometimiento de las mujeres a los hombres como
algo natural. Aceptar que estas instituciones religiosas queden legitimadas
para interferir en la vida pública,
es una afrenta a los más elementales principios de igualdad y laicidad.
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En
definitiva, la Constitución Europea es la norma jurídica que necesita el proyecto
europeo para afianzar su posición actual. Pretende legitimarse “en nombre
de los ciudadanos de Europa” y
dar así luz verde a la consolidación de
un sistema social y político que garantice el beneficio económico y
la acumulación de capital, regido todo ello por la lógica suprema de la competitividad.
Desde este punto de vista se entiende la defensa a ultranza de instituciones
y valores que perpetúen la subordinación de las mujeres a los hombres, ya
que esto es perfectamente funcional a sus propósitos.
La
Constitución Europea, a pesar de su retórica, amenaza muy seriamente las conquistas
sociales que el movimiento feminista
ha realizado en toda Europa. La lucha de las mujeres ha conseguido
poco a poco politizar el espacio privado irrumpiendo en la palestra de lo
público. Por eso desde una postura feminista queremos cuestionar y dar respuestas
a este proyecto que se nos quiere imponer, denunciando su hipocresía, su prepotencia
machista y desvelando sus verdaderos objetivos.
Hacemos
un llamamiento a las mujeres que viven en el territorio de la Unión Europea
a enfrentar juntas esta sinrazón y conseguir transformar esta sociedad capitalista
y patriarcal que día a día se muestra más depredadora con la vida y las personas.
Cada vez es más urgente acometer esta tarea y como
siempre juntas podremos hacerlo.