El control policial de las manifestaciones durante la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) deberá ajustarse a las normas de derechos humanos

Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional (17 de Julio de 2001)

Amnistía Internacional ha afirmado hoy que las autoridades italianas deben dar garantías de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que van a participar en las operaciones de vigilancia durante la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), que se celebrará en Génova la semana que viene, conocen y respetan en todo momento los derechos humanos y las normas internacionales que los amparan.

Entre otros derechos y normas están:

- las normas internacionales relativas al empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
- el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión;
- el derecho a no ser detenido ni encarcelado arbitrariamente; y
- los derechos de las personas privadas de libertad.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en el curso de las manifestaciones celebradas recientemente en Italia. Se han hecho denuncias parecidas sobre estos funcionarios en otros países, en el contexto de manifestaciones celebradas con motivo de reuniones intergubernamentales.

En una carta enviada la semana pasada al gobierno italiano, Amnistía Internacional reiteraba el llamamiento que hizo al gobierno anterior en abril del 2001, en favor del establecimiento de una comisión de investigación independiente con el cometido de investigar exhaustiva e imparcialmente las tácticas y la conducta de la policía durante la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en Nápoles el 17 de marzo del 2001, con motivo de la tercera reunión del Foro Global.

La manifestación de Nápoles desembocó en enfrentamientos violentos entre grupos de manifestantes y agentes encargados de hacer cumplir la ley, y como consecuencia hubo heridos entre los agentes y los manifestantes y se causaron daños a propiedades. No obstante, gran número de informes procedentes de varias fuentes, como relatos de testigos y víctimas o documentos fotográficos, mostraban un alarmante cuadro de abusos generalizados y violaciones de las normas internacionales de derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otras personas cometidos por la Policía del Estado, los carabineros y la Guardia di Finanza.

La preocupación expresada por Amnistía Internacional ante el hecho de que el gobierno no haya establecido una comisión de investigación independiente, ni tampoco haya ofrecido información sobre los avances de la investigación administrativa iniciada sobre los sucesos de Nápoles, ha aumentado en vista de nuevas denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante una manifestación celebrada en el puerto de Nápoles el 6 de julio del 2001. La manifestación estaba relacionada con la presencia en el puerto del barco European Vision, antes de partir hacia Génova, donde servirá para alojar a diversos participantes en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8).

«Amnistía Internacional no tolera la violencia dirigida contra la policía ni contra propiedades, ni se opone al uso legítimo de un grado de fuerza razonable por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Pero la labor policial se debe desempeñar de forma que los derechos de las personas que participan en protestas pacíficas estén protegidos» ha afirmado la organización de derechos humanos.