CAMPAÑA, CONTROL Y REPRESIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN ANTE LAS CUMBRES EUROPEAS


Interior teme que lleguen a España más de 4.000 militantes antisistema No descarta dejar en suspenso de forma provisional el acuerdo de Schengen para evitar su entrada

Fernando Lázaro/Diario "El Mundo" (Madrid, 25 de Enero de 2002)

El Ministerio del Interior ha cuidado hasta el último detalle de cara a la seguridad durante el semestre de presidencia española de la UE. Por este motivo, desde enero del pasado año, las unidades especiales de la Policía Nacional que participan ya en este dispositivo de seguridad recibieron unos cursillos sobre la seguridad europea.En dichos cursos se les informó de cómo se habían producido los incidentes en diferentes cumbres de la UE y el modus operandi de los grupos radicales antisistema.

Además, durante los últimos seis meses, las unidades antidisturbios de la Policía Nacional han estado entrenando en Linares tácticas policiales de cara a posibles enfrentamientos con radicales durante las cumbres más importantes de los próximos seis meses.

Los responsables policiales estiman que entre 3.000 y 4.000 simpatizantes de los movimientos antisistema se pueden desplazar a España para manifestarse. Temen que entre ellos haya un gran número de radicales cuyo principal objetivo sea provocar disturbios. Temen que estas actuaciones produzcan un efecto eco entre el resto de los manifestantes.

En la denominada Operación Añil, la Dirección General de la Policía ha tenido en cuenta el peor escenario de seguridad ciudadana que se puede producir durante la presidencia española a la hora de concretar actuaciones
concretas.

Varios puntos son los considerados extremadamente calientes por los responsables policiales. Las cumbres de Madrid, Barcelona y Sevilla han centrado gran parte del trabajo policial. Se teme que sea allí donde los grupos antisistema hagan su aparición.Los mandos de Interior también sospechan que en las reuniones extraordinarias de Oviedo, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza se pueden producir alteraciones del orden público.

La cumbre de ministros del Interior y de Justicia que se celebrará en Santiago de Compostela provoca preocupación entre los responsables policiales. Según explicaron ayer, existen datos que avalan que durante esa reunión extraordinaria se pueden producir incidentes.Se da la circunstancia de que, además de la posible presencia de los movimientos antisistema, cabe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones en la capital gallega tanto de los sindicatos policiale como de asociaciones de la Guardia Civil.

Hace apenas mes y medio, los servicios de información policiales detectaron una reunión en Zaragoza de grupos radicales, anarquistas, okupas, y simpatizantes de la izquierda abertzale, en el que se sospecha que estuvieron preparando acciones de protesta para realizarlas a lo largo de los seis meses de presidencia española.

Los mandos policiales advierten que en los movimientos antisistema más radicales participan también jóvenes de la izquierda abertzale, que probablemente, sean los mismos que protagonizan la mayoría de los actos de
kale borroka los fines de semana en el País Vasco.Interior no descarta, llegado el momento, dejar en suspenso el acuerdo de Schengen y cerrar las fronteras, con el fin de evitar la entrada de radicales.

EUROPOL CONTROLARÁ OFICIALMENTE INTERNET REPRESIÓN A LA ANTIGLOBALIZACIÓN

Endika Zulueta, abogado (3 de Febrero de 2002)

El aumento de competencias de la Europolicía es una obsesión del ejecutivo español, y en el presente semestre, y con la manida excusa de la llamada lucha antiterrorista, se va a proceder a su lanzamiento definitivo como la principal Unidad policial en el control de la disidencia.

Así, dentro de las múltiples reuniones, conferencias, seminarios, redes, jornadas, consejos y cumbres a celebrar en el semestre de presidencia española de la Unión Europea, entre los días 21 y 24 de enero de 2002, y organizadas por el Ministerio del Interior español, se ha celebrado en Madrid la "Conferencia europea sobre el uso de nuevas tecnologías asociadas a la actividad criminal, especialmente al tráfico ilícito de drogas", que contó con la participación de representantes de todos los Estados miembros de la U.E., de la Comisión europea, de países candidatos de la U.E., de EE.UU. de la propia Europol, así como de "responsables operativos de agencias policiales que tienen competencia en la administración y gestión de medios técnicos especiales para la investigación y labor de inteligencia", siendo propósito declarado de la presidencia española profundizar en estos llamados medios técnicos especiales de control a través de las nuevas tecnologías.

La Conferencia realizó un recorrido por las diferentes estrategias policiales en el control a través de las nuevas
tecnologías, en las que se incluyeron exposiciones sobre técnicas de interceptación policial de las nuevas comunicaciones, a las que buscan dar cierto soporte legal.

En el documento de conclusiones de la conferencia cabe destacar, por una parte, la subscripción de acuerdos de colaboración entre las autoridades nacionales y los operadores y agentes del sector de las comunicaciones, (lo cual no es novedoso, teniendo en cuenta que las grandes firmas que controlan el sector siempre han estado a disposición de las autoridades policiales), y, por otra, una propuesta de control sobre los usuarios de tarjetas telefónicas de pago anticipado.

Pero la propuesta estrella de la Conferencia fue de la Delegación española: el establecimiento de un CENTRO DE ALERTA E INVESTIGACION TECNOLÓGICA a escala de la U.E., que sería situado en La Haya (Holanda), en la mismísima sede de Europol, calificada ya como "figura preventiva contra el cibercrimen", propuesta que fue acogida con gran interés por todos los asistentes (de forma especial, sin duda, por los representantes estadounidenses, pioneros del control telemático con su protagonismo en la Red Echelon), que propusieron un desarrollo de la misma con la idea de elevarlo a las instancias decisorias correspondientes de la U.E..

El citado Centro de Alerta e Investigación, controlado por Europol, no sería más que oficializar el control que la Europa policial hace de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, especialmente Internet y la telefonía móvil, intentando dar una cobertura legal a lo que todas luces vulnera diferentes derechos fundamentales.

Esta Conferencia policial es la primera de un abundante calendario en el que el Ministerio del Interior español ha puesto toda la carne en el asador, si bien, no deja de ser llamativo que haya aprovechado la dedicada al tráfico de drogas para lanzar la propuesta de un Centro policial de control de las comunicaciones que, evidentemente, traspasaría el ámbito del control de los delitos contra la salud pública.

Si esta propuesta ha salido de una simple conferencia, que no sucederá en la Reunión de Ministros de Justicia e Interior, que se celebrará entre los días 13 y 15 de febrero de 2002 en Santiago de Compostela, teniendo en cuenta que entre los puntos más importantes de su orden del día se encuentra "Europol. Presente y perspectivas de futuro"; así como en la Reunión Ministerial U.E.-EE.UU. que se celebrará en Madrid el 10 de abril de 2002, o en las Jornadas sobre "La seguridad europea tras el 11 de septiembre" previstas en Madrid para los días 29 y 30 de mayo, teniendo en cuenta que la citada fecha, además de a unos atentados, está unida a una legislación restrictiva o limitadora de derechos fundamentales, tanto en EE.UU. como en diferentes países de la U.E., incluyendo el control policial de las telecomunicaciones.

Represión antiglobalizadora de la Presidencia española de la U.E.

En el Estado español, anticipándose incluso a la creación del citado Centro de Alerta e Investigación Tecnológica, los cuerpos policiales creados al efecto reconocen estar controlando la disidencia política a través de la Red. Así al menos se desprende en una nota de la agencia de noticias Colpisa distribuida el pasado 13 de enero, y que no ha sido negada por instancia policial alguna. Según la citada agencia, tanto los servicios de policía como los de la Guardia Civil se dedican a rastrear las comunicaciones de ocho Servidores alternativos dentro de la Red, por el simple hecho de estar canalizando telemáticamente parte del movimiento antiglobalización, bajo el burdo pretexto de que a través de esos servidores se difunden "tácticas de guerrilla urbana y formas de sabotaje".

La excusa para el citado control estaría basada en "los graves desórdenes públicos del pasado mes de julio durante la reunión del G-8 en Génova, y los importantes fallos en el despliegue de los antidisturbios italianos por la falta, precisamente, de información". Realmente es preocupante lo que sucedió en Génova el pasado mes de julio durante la cumbre del G-8: el Gobierno italiano desplegó más de 20.000 efectivos, entre carabineros, policías y militares "para controlar a los radicales", llegando a cerrar su sus fronteras, e
instalando una batería de misiles tierra-aire Spada, como los empleados en la guerra de Kosovo para proteger el aeropuerto de la ciudad. Como consecuencia de la actuación policial posterior, cientos de personas resultaron heridas de diversa consideración, más de 600 detenidas, denunciando una buena parte de ellas malos tratos y torturas a su paso por diversas dependencias policiales; un joven de 20 años, Carlo Giuliani resultó muerto a manos de la policía. Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes de Europa denunciaron los hechos protagonizados por las Fuerzas del Orden, existen muchas denuncias con investigaciones abiertas, y el Gobierno italiano se vio obligado a destituir a algunos de sus máximos responsables.

Teniendo como referencia lo sucedido en Génova, los responsables del Ministerio del Interior han diseñado la llamada "operación añil", previendo la participación de 10.000 efectivos policiales en las grandes cumbres señaladas para este semestre (especialmente en Barcelona, 15 y 16 de marzo, Sevilla, 21 y 22 de junio, más las múltiples reuniones en Madrid). Los cerca de 2.500 agentes de las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) que llevarán el peso directo de la represión llevan seis meses entrándose en Linares (Jaén); los máximos responsables policiales participan en un largo curso (enero y febrero) en El Escorial (Madrid) denominado "gestión no militar de crisis"; e inmediatamente antes de la Cumbre de Barcelona, concretamente entre los días 11 y 13 de marzo, el Ministerio del Interior organiza en la Isla de La Toja un Seminario denominado "el papel de la policía europea en la gestión civil de crisis (Las fuerzas robustas de policía multinacional)"

Mucho nos tememos que, todas estas iniciativas, no indican que al Gobierno español esté preocupado por las múltiples detenciones arbitrarias, ni las torturas denunciadas, ni la muerte de un joven a manos de las fuerzas policiales en Génova, sin embargo, esta sería una buena ocasión para aprender de aquella experiencia e intentar solucionar pacíficamente los conflictos sociales, teniendo en cuenta que, la situación es tan preocupante que por primera vez en la historia de la Unión Europea, el 15 de enero de 2002 Amnistía
Internacional presentó una campaña bajo el lema "Más Europa., ¡Más justa!", solicitando al Gobierno español que incluya los Derechos Humanos en su agenda de trabajo, considerando que "el incremento de seguridad en la U.E., está recortando los Derechos Humanos", apuntando como algunas de las cuestiones más preocupantes las denuncias por malos tratos y torturas que se producen en el ámbito de la U.E. Que tomen nota, que estamos a tiempo.