El Plan Hidrológico Nacional presentado por el Gobierno supone la continuidad de una política hidráulica basada en un crecimiento continuo de la oferta, sólo viable si el agua fuera un recurso prácticamente ilimitado. Su principal objetivo sigue siendo la construcción de embalses, encauzamientos y trasvases, haciendo cada vez más insostenible el uso de un recurso crecientemente escaso. Su enorme coste social, económico y medioambiental beneficiará sobre todo a las empresas constructoras, las compañías eléctricas y los grandes propietarios agrícolas. La falta de consideración del dominio público hidráulico y la posible privatización tendrán consecuencias inaceptables en la gestión de un bien de primera necesidad.

Creemos injustificado el trasvase por el que ha optado el Gobierno desde el Bajo Ebro a las cuencas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, y nos oponemos a él por considerar que:

- Ampliará las diferencias económicas y sociales entre las zonas del interior y la costa Mediterránea, hipotecando el desarrollo de las primeras y consolidando una ordenación del territorio cada vez más desequilibrada e insostenible.

- La progresiva reducción de los caudales medios en el Bajo Ebro, proceso que se agravará rápidamente como consecuencia del cambio climático, hace imposible garantizar la transferencia anual de 1.000 Hm3. En áreas con una severa escasez de recursos hídricos se va a fomentar una demanda que no podrá satisfacerse, creando así graves problemas sociales a medio y largo plazo.

- Profundizará el proceso de deterioro que vienen sufriendo el Delta del Ebro y áreas costeras, haciendo irreversible la degradación de numerosos ecosistemas acuáticos y afectando a algunas especies y espacios naturales en teoría protegidos.

- El texto del proyecto recoge la renuncia del gobierno, en contra de lo señalado en nuestra legislación y en la Directiva Marco europea, a recuperar la totalidad de la inversión pública realizada en el trasvase. A su vez, todo indica que el coste real del m3 de agua trasvasada
superará ampliamente las 52 ptas. presupuestadas, haciendo inviable económicamente el proyecto en los parámetros que el mismo fija.

- Reivindicamos un PHN que modernice la política hidrológica, reorientándola con criterios de sostenibilidad y realizando una planificación que gestione la demanda y distribuya de manera sostenible el agua disponible. Una política que planifique el uso de los recursos de las cuencas en base al conocimiento  de los consumos reales de cada actividad y gestione de manera conjunta los recursos superficiales y subterráneos. 

- El centro de un uso racional del agua debe situarse en el ahorro, apostando por incrementar sustancialmente la eficiencia, reduciendo las pérdidas en las redes de distribución, impulsando el empleo de técnicas de riego más eficientes, la depuración y reutilización de aguas, etc. Dada la baja eficacia actual en la utilización del agua, este conjunto de medidas liberaría un volumen que hace innecesarias la práctica totalidad de las obras contempladas en el PHN.

- Por todo ello creemos necesario modificar en profundidad el proyecto del Plan Hidrológico Nacional presentado en el Consejo Nacional del Agua, lo que hace imprescindible un debate con presencia de todos los sectores afectados, en el marco de un proceso de democratización real de los órganos de participación relacionados con la planificación y gestión hidrológica.

Organizaciones sociales de ámbito estatal firmantes, a 11 de enero de 2001:
CAVE (Confederación de Asociaciones de Vecinos de España), CC OO
(Comisiones Obreras), CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios),
UGT (Unión General de Trabajadores), Plataforma Rural, Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF/Adena