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PERÚ: DROGAS, COCA Y COCALEROS EN LA HORA DE LA IRA
El tema de las drogas y las políticas de drogas en el Perú ha estado marcado por los siguientes hechos y tendencias. Una primera es que, contrariamente a lo propagandizado por la mafia Fujimori/Montesinos, que fue apoyada por el Gobierno de EEUU y sus agencias de lucha antidrogas (NAS, DEA y CIA) (1), ha habido éxito virtual y no real en la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas durante 1995 al 2000. Esta virtualidad se expresa en el fracaso de los tres indicadores básicos con los que EEUU mide la "certificación" de un país "cooperante" en asuntos de drogas: a) Los cultivos de coca se han reactivado desde 1998. En el año 2000 no han sido 34,100 has. en producción como sostiene la información oficial, sino 66,100 has. (2) según testimonios de campesinos y verificaciones alternativas del PNUFID (3). b) Las incautaciones de drogas han afectado a firmas y bandas competitivas con los carteles locales de Montesinos, "Los Camellos" y los López Paredes. Además existen diferencias importantes entre la droga incautada y destruida en el fundo "Barbadillo" de la Policía Nacional y es cuestionable el uso oficial de los bienes incautados a los traficantes. c) Las detenciones no son de cabecillas importantes como Montesinos y sus colaboradores civiles y militares -incluyendo a Dionisio Romero del Banco de Crédito que acaba de ser exculpado y a los directivos del Banco Wiese -sino de delincuentes de poca monta, micro comercializadores o competidores de los principales carteles mencionados: las cárceles están llenas de consumidores de drogas -80 % del total- y no grandes delincuentes. Junto con lo anterior, una segunda tendencia es que con la crisis de precios de coca y derivados y la reestructuración de la oferta y la demanda del complejo desde 1995, se produjo una rearticulación de las "firmas" y "bandas" de traficantes de drogas que han alimentado y siguen alimentando los diversos tráficos -drogas, armas, influencias, personas, etc.- que han sido la base de sustentación de la inmensa corrupción existente aún en el país, así como contribuyeron a la subsistencia de focos subversivos en el Alto Huallaga, el Apurímac-Ene y la Selva Central (Satipo-Ene-Tambo). Un tercer elemento es que se ha producido una total confusión, competencia desleal y deterioro moral, técnico y presupuestal de las instituciones dedicadas a combatir el fenómeno. El Ministerio del Interior a través de la DINANDRO, la OFECOD y el CORAH (4), han mostrado incompetencia, legalismo absurdo -como el sustento de la erradicación forzosa de cultivos en el DL 22095 que data de hace 23 años-, complicidad con los delincuentes que dicen combatir y equivocación del blanco a atacar, poniendo como primeras víctimas a los campesinos, micro comercializadores y consumidores, en lugar de los grandes traficantes. En este aspecto, la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas (Contradrogas) creada en 1996 por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) controlado por Montesinos y por la Embajada de Estados Unidos (a través de la NAS), ha devenido en un ente inoperante, sin propuesta propia, con funcionarios ineptos y dependientes de los dictados y presupuestos de las agencias antidrogas de Estados Unidos. Se trata de un ente poco respetado en los valles y cuencas cocaleras (5), incapaz de sumar esfuerzos inter institucionales, más preocupado por "cumplir metas" absurdas e impuestas por los donantes que por contribuir a un verdadero desarrollo. Contradrogas y sus ejecutores no reconocen errores y el área de comunicación es en realidad de propaganda por éxitos virtuales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que debió llevar la posición internacional del Perú en estos asuntos, desde 1996 desarticuló la sección especializada y entregó el manejo del tema a Contradrogas y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Una cuarta tendencia es que, pese a los éxitos virtuales propagandizados por USAID, PNUFID y Contradrogas, puede verificarse un gran fracaso en los programas de "desarrollo alternativo" en los diversos valles cocaleros, mal uso de los fondos de la cooperación internacional y del Tesoro Público en apoyo a la ilegal reelección de Fujimori, desaparición de fondos significativos como los destinados al programa de crédito campesino y errores técnicos cometidos, tanto en aspectos contable-administrativos como en los de extensión agropecuaria, recomendaciones a los agricultores y capacitación. Todos estos problemas deben ser seriamente investigados por el nuevo Gobierno y los responsables deberían ser sancionados. No obstante, existe un deficiente debate nacional sobre esta problemática, lo que se ha expresando en la casi ausencia del tema en los Planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República, pero también en la negativa a revisar la actual legislación sobre drogas que data de 1978 y de un conjunto de confusos dispositivos legales elaborados entre 1992 y 2000 por el SIN de Montesinos. Un quinto elemento en este tema ha sido positivo: la creación de una Mesa de Diálogo entre los productores y pobladores de zonas cocaleras y el Gobierno. Esta Mesa funciona desde el año pasado y ha sido reconocida mediante un dispositivo legal: el Decreto Supremo 009-SA promulgado el 24 de marzo del 2001. La Mesa no fue una concesión del Gobierno anterior, sino una conquista de los agricultores del Alto Huallaga debido a sus luchas de febrero (Monzón), setiembre (Aucayacu), octubre (Puerto Pizana) y noviembre (Tingo María) del año pasado. La Mesa se instaló el 9 de noviembre del año pasado con el anterior Gobierno, en la ciudad de Tingo María, que es la capital del Alto Huallaga, pero desde el principio se planteó que debería ampliarse a los otros valles, particularmente Apurímac-Ene, Pichis-Palcazu, Quillabamba-Yanatile, Inambari-Tambopata, etc. Por ello, desde el principio participaron también los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú) de las cuencas cocaleras y sus asesores. Con el nuevo Gobierno la Mesa fue reconocida oficialmente mediante Decreto Supremo mencionado, en el se reconoce a los agricultores como interlocutores válidos, se designa 2 delegados de base por cada una de las 13 cuencas cocaleras -más un representante de los municipios-, se incluye un delegado de la Defensoría del Pueblo y uno de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Gobierno, representado por Contradrogas, OFECOD y ENACO, ha tomado como base los 20 puntos de agenda que habían sido propuestos por los agricultores desde noviembre del año pasado, pero estos puntos pueden resumirse en 4 planteamientos: a) Reconocimiento de la Mesa de Diálogo.- Cumplido parcialmente ya que el Decreto Supremo promulgado distorsiona los objetivos al intentar convertir a los agricultores en combatientes contra las drogas. b) Cese temporal de la erradicación forzosa de cultivos.- No cumplido hasta ahora ya que la erradicación continúa en la provincia de Padre Abad, en el Bosque Nacional Von Humbold que tiene más de 25 años de intervención agrícola y en cuyas acciones el CORAH no respeta los acuerdos de la Mesa de Diálogo. c) Investigación sobre el uso de los fondos para el "desarrollo alternativo" 1995-2000 y participación en la estrategia 2001-2005.- No cumplido en absoluto, salvo una auditoría interna que los agricultores no conocen. Respecto al programa 2001-2005, más bien Contradrogas ha aceptado y propiciado el programa impuesto por EEUU a través de USAID desde el Gobierno anterior. d) Ley de coca y reestructuración de ENACO buscando la creación de un Instituto de la Coca que también tenga facultadas fiscalizadoras de la producción, comercio y consumo legal: cumplido parcialmente ya que el Presidente del Directorio de la ENACO ha presentado un Plan de Nueve puntos que no tiene financiamiento pero que en lo sustancial recoge los planteamientos de los agricultores. La Mesa ha realizado 8 sesiones de trabajo y en ellas no han participado delegados de Quillabamba, Yanatile e Inambari. Pero sí de Apurímac-Ene y Pichis-Palcazu. En la última sesión del 23 y 24 de mayo, realizada luego de una huelga indefinida de nueve días que impulsaron los agricultores cocaleros de Aguaytía, Irazola y Curimaná, acordaron con Contradrogas y el Ministerio del Interior (OFECOD y el CORAH), un Plan de Acción para la reducción gradual y concertada de cultivos de coca. Este Plan, según la solicitud de los agricultores por un monto de US$ 35.000, será financiado por Contradrogas y asesorado técnicamente por la Universidad Nacional de la Selva (UNAS). No obstante, Contradrogas aún no ha conseguido fondos para realizarlo. Si miramos en perspectiva, el balance general de la Mesa de Diálogo es positivo, pero subsisten algunas preocupaciones: a) La Mesa de Diálogo, a contracorriente de su orígen y del Decreto Supremo que la creó, está centrada únicamente en el Alto Huallaga, Monzón y Padre Abad. Esta zona es importante en la producción de coca y derivados, pero no es la única ni la que más aportes puede proporcionar en términos de organización social. b) La Mesa de Diálogo no está articulada con otras Mesas de diversos sectores del país -Contra la Pobreza, Contra la Violencia y Desplazamiento, Contra la Corrupción, Comisión de la Verdad, Laboral, Educativa, CONVEAGRO, etc.- y tampoco a las luchas y movilizaciones campesinas a nivel nacional y menos internacional. c) Los dirigentes de la Asociación Alto Huallaga, Monzón y Padre Abad, están divididos entre ellos, discrepan con los que vienen "de afuera" y están en plena campaña política por las elecciones municipales del 2002 y/o por usar los fondos posibles de la cooperación internacional que controla y manipula Contradrogas. d) El secretario ejecutivo de Contradrogas y sus funcionarios están aprovechando la Mesa de Diálogo para promocionarse personalmente, "ganar tiempo" e intentar quedarse en su cargos con el nuevo Gobierno. En este sentido, Contradrogas están efectuando todo tipo de maniobras para controlar, demorar y distorsionar las decisiones que se tomen en la Mesa. e) La erradicación forzosa de cultivos ha continuado aunque a menor ritmo, pero según lo programado con la embajada de EEUU (NAS, CADA y CORAH) se reiniciarán las acciones con fuerza apenas los productores bajen la guardia, se acelere la implementación del Plan Colombia y se acrecienten las presiones sobre el nuevo Gobierno. f) El rol de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo que tienen un delegado cada una en la Mesa de Diálogo, hasta ahora ha sido demasiado pasivo. Un buen reinicio de la Mesa de Diálogo con el nuevo Gobierno de Alejandro Toledo que se instalará el 28 de julio, sería adoptar las siguientes medidas: a) Promulgar un dispositivo legal cesando las acciones de erradicación forzosa en todas sus formas - manual, química y biológica -en todo el territorio nacional, tomando como base los acuerdos de la Mesa de Diálogo (6) y el Plan de Acción para la Reducción Gradual y Concertada de Cultivos de Coca que ha sido formulado por los agricultores y presentado formalmente en la Mesa de Tingo María. b) Ratificar el reconocimiento de la Mesa de Diálogo Nacional como instancia de interlocución con el Estado, pero variándole los objetivos. La Mesa fue conquistada y concebida inicialmente como una instancia no sólo de diálogo sino de concertación para apoyar el desarrollo socio-económico sostenible y sustentable. No fue creada para combatir la producción, tráfico y consumo de drogas acciones que deben realizarse, pero que corresponden a otras instancias. c) Nombrar un nuevo secretario ejecutivo de Contradrogas y un nuevo equipo técnico como corresponde al nuevo gobierno hacerlo. Pero además porque el actual equipo ha mostrado desconocimiento de la problemática, incompetencia técnica, sumisión a los dictados de la política antidrogas de EEUU, poca independencia para investigar el uso de los fondos de la cooperación internacional 1990-2000 y falta de criterio participativo y soberano para formular e impulsar un verdadero programa alternativo para el 2001-2005. d) Evaluar seriamente en términos técnicos, económicos y contables la estrategia antidrogas 1995-2000, tomando como punto de referencia el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000. e) Revisar y discutir con los actores la Estrategia 2001-2005, tomando como base para la discusión y acuerdos los puntos formulados por lo agricultores en las actas de la Mesa de Diálogo. f) Constituir una Comisión Nacional de la Coca que impulse una Encuesta Nacional sobre producción, comercio y consumo tradicional de hoja de coca y su industrialización benéfica, formule una Ley de Coca diferenciada de una sobre drogas y diseñe una estrategia internacional de revalorización de este recurso natural y cultural andino-amazónico.
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