Prioridad de la Minería: ¿Del Perú Posible al Perú Inviable?
Lecciones mineras para Alejandro Toledo

Juan Aste Daffós; Grupo ECO, asesor de CONACAMI (Diciembre de 2001)

Alejandro Toledo había prometido un modelo económico basado en la agroindustria, el turismo y la construcción en favor de un desarrollo sostenible. Ahora, frente a tantas demandas populares y a la falta de inversiones, Toledo parece querer continuar con una política de priorización de las inversiones mineras a todo costo. Juan Aste, reconocido experto en asuntos mineros y ferviente defensor de las comunidades afectadas por la minería, le recuerda al presidente porqué la explotación minera, a pesar de sus beneficios financieros aparentes, no sirve como eje de un modelo de desarrollo sostenible para el Perú.

Señor Alejandro Toledo, ¿Sabe usted que las grandes inversiones mineras tienen una elevada carga financiera para pagar sus préstamos y que el volumen de importaciones que involucra la minería debido al elevado nivel tecnológico de las operaciones así como los beneficios tributarios recibidos, significan que menos del 70% de las divisas obtenidas por exportación son retenidas en el país y que la minería sólo aporta con el 8% del total de los ingresos tributarios que recibe el Estado Peruano?

Señor Alejandro Toledo, ¿Sabe usted que la alta tecnología de los nuevos proyectos mineros ha reducido la generación de puestos de trabajo aumentando la inversión por trabajador de 250 mil dólares USA a más de 1 millón de dólares USA en promedio y ha contraído la obtención del empleo local al preferir las empresas contratar personal con experiencia y de fuera de la zona donde se encuentran los yacimientos y también en razón a la débil formación educativa y de capacidades técnicas locales?

Señor Alejandro Toledo, ¿Sabe usted que dado el alto nivel tecnológico, la compra de insumos y equipos de otros sectores productivos del país para la actividad minera, o también llamado efecto multiplicador, está concentrada en muy pocos productos como explosivos, reactivos y algunas piezas y que dado el estado de la poca industria que queda y su presencia casi nula en las regiones fuera de Lima y en algunas ciudades hace que sea poco menos que imposible generar clusters o asociaciones de empresas e instituciones públicas y privadas articuladas a la minería, sin hablar de transformar los metales a productos con mayor valor agregado porque esto es más complicado aún?

Esto quiere decir que el mayor impacto económico y social de la minería en las localidades del entorno de las minas se da a través del aumento de la demanda de alimentos, los servicios de hospedaje y la recreación, incluidos el incremento de la prostitución y la delincuencia, ampliándose a la demanda de los servicios de salud, educación, energía eléctrica y otros servicios en las ciudades más cercanas, todo lo cual se traduce en un aumento de los precios más que del empleo, ocurriendo la ampliación de las poblaciones marginales alrededor de las ciudades con los campesinos desplazados de sus tierras. El canon minero se ha mantenido reducido y sin significación para las comunidades y poblaciones locales. Su aumento al 50% de los ingresos y rentas generadas por la minería, no garantiza su aumento porque no se aplica sobre el valor de las ventas.
Señor Alejandro Toledo, ¿Sabe usted que se ha reducido el período de vida útil de los proyectos mineros de 20 años y más, a sólo 10 a 15 años en promedio, particularmente en el caso del oro?

Señor Alejandro Toledo, ¿Sabe usted que aún con el avance de las nuevas tecnologías al aumentar el tamaño de las operaciones de 2-10 mil toneladas por día hasta las 50-130 mil toneladas por día, se ha incrementado el riesgo del impacto ambiental y social al requerirse grandes extensiones de terrenos y elevados volúmenes de agua y generarse también importantes volúmenes de cargas contaminantes con sustancias tóxicas que están agravando los problemas para las cuencas y la economía de las poblaciones locales del entorno de las minas?

Si la minería tiene un reducido aporte en impuestos al Estado, genera poco empleo, tiene un débil efecto multiplicador, y por el contrario, está abarcando más áreas productivas agropecuarias y desplazando poblados con consecuencias a futuro sobre la conservación y el valor económico de las cuencas y sus poblaciones, siendo su único aporte el proveer al país con el 47% del ingreso de divisas por exportaciones. ¿Por qué se la trata como un sector privilegiado para nuestro desarrollo y se pretende imponer las demandas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio que representa a los inversionistas mineros sin establecer claramente cual es su rol en el modelo económico?

Esta posición favorable del Estado con las empresas mineras desde inicios de la década de los 90s sumado al poder las empresas transnacionales y los grupos nacionales asociados con ellas frente a poblaciones locales con muchas urgencias económicas y que desconocían sus derechos territoriales y ambientales, ha generado conflictos absolutamente desiguales en cuyo tratamiento el Estado se mantuvo ausente. Veamos los tres casos de mayor impacto para evaluar lo que está en juego.

Tambogrande/Piura: agricultura o minería ?

En el caso del Proyecto Minero Tambogrande en el departamento norteño de Piura, más del 80% de la población del valle frutícola de San Lorenzo y el distrito de Tambogrande rechaza el proyecto de explotación minera concedida por el estado peruano a la empresa canadiense Manhattan Sechura.

Lo que está en debate es si la minería puede imponerse en cualquier lugar del país así la población local esté en contra por razones económicas, ambientales y sociales o si se respeta la decisión mayoritaria de la población y se establece un nuevo mecanismo de consulta a futuro donde se compatibilicen los criterios local y nacional. Aquí en realidad está en discusión la prioridad de la minería frente a la decisión de la población de Tambogrande y de las diferentes provincias del departamento de Piura de asumir una opción de desarrollo basada en la agroindustria, el turismo, la construcción y los servicios, incorporando la minería ahí donde sea compatible con el entorno y aporte al desarrollo sostenible.

El oro de Cajamarca

En el caso de Minera Yanacocha en el departamento de Cajamarca, la empresa transnacional USA Newmont que posee el 51.35% de las acciones frente al 43.65% del grupo nacional Benavides y al 5% del IFC del Banco Mundial ha impuesto su poder desde 1992 avalada por un Estado corrupto y aprovechándose de un nivel de analfabetismo que alcanza el 71.3% en el área de influencia de sus actividades caracterizada por el predominio de productores individuales dependientes de la ganadería de vacunos.

El predominio absoluto de la empresa en Cajamarca hizo que desde el inicio impusiera condiciones en el pago reducido por el acceso a terrenos y en la contaminación de los ríos afluentes. Pero el hecho que muestra de manera más clara el abuso del poder y la corrupción es en el manejo del conflicto generado por el derrame del mercurio en Choropampa.

La omnipotencia de la mina es abrumadora frente a todos los demás y ha dominado todos los aspectos de la vida de Cajamarca.

De esta manera, Minera Yanacocha se ha ganado el rechazo de la mayoría de la población de Cajamarca, luego de 8 años de convivencia en los que sólo cultivó la desconfianza y en circunstancias que la empresa ha ampliado el área de sus concesiones mineras de 26 mil hectáreas a 138,500 hectáreas en el 2001 comprometiendo varias cuencas lecheras. ¿Hasta donde va a avanzar el área de exploración y explotación de Minera Yanacocha en el Departamento de Cajamarca?
La Minera Yanacocha sigue insistiendo en la explotación del Cerro Quilish, lugar donde nacen las cuencas del río Grande y del río Porcón que es afluente del río Cajamarquino que pasa por la ciudad de Cajamarca, aún cuando el poder judicial ha ratificado la declaratoria de intangibilidad emitida por la Municipalidad Provincial de Cajamarca con el respaldo de toda la población. Sin embargo la empresa sigue comprando los terrenos en el cerro mencionado.

Ancash: Antamina

En el caso de Cía. Minera Antamina en el departamento de Ancash, empresa de propiedad de las transnacionales Noranda con 33.75% y Teck Cominco con 22.5% del Canadá, BHP-Billiton con 33.75% de Australia e Inglaterra-Holanda, y Mitsubishi con 10% del Japón, el problema central ocurre cuando en marzo de 1988 cambia de dueños y se modifica completamente el proyecto original cambiándose el plan de minado, la ubicación de la planta concentradora, los botaderos y el transporte de los concentrados de camiones a concentraducto o mineroducto.

A los problemas iniciales de la empresa en cuanto al pago reducido por el acceso a los terrenos y el uso de agua sin considerar el caudal ecológico mínimo que dejaba en la Quebrada Ayash, se sumaron los problemas de la reubicación acelerada de las comunidades de Yanacancha y Trancas en el área de las operaciones mineras así como la disposición del agua contaminada procedente del concentraducto en el puerto y el área cercana a la ciudad de Huarmey.

Aunque los cambios en el proyecto han sido radicales, sin embargo, sólo se consideró elaborar un addendum, o informe adicional, para identificar los nuevos impactos ambientales y su mitigación sin el requisito legal de la audiencia pública. La empresa no sólo no informó sobre el impacto del proyecto a la población sino que utilizó de manera fraudulenta el padrón de firmas de 630 personas que asistieron a una reunión informal convocada en Enero de 1999 por Antamina para explicar los beneficios del proyecto. Asimismo, ha desplazado la pesca del puerto convirtiéndolo en puerto minero con la consiguiente contaminación al caer el polvo del concentrado al mar. Pero lo más grave es que el agua que se utilizará para riego es aquella obtenida luego de tratar el agua transportada con los concentrados, pero que todavía contiene cianuro y otros metales pesados en niveles superiores a lo aceptable segun la Ley de aguas para agua de riego, haciendo inviable el programa de forestación con eucalipto, alfalfa y otras especies que pretende implementar la empresa en la zona. El problema mayor es que la infiltración del agua a razón de 70 o más litros por segundo corrobora el peligro que el agua infiltrada alcance a mezclarse con las aguas subterráneas al norte y fuera de la propiedad de Antamina, alcanzando el área de los agricultores y las cercanías de la ciudad de Huarmey.

Estos tres conflictos han dado lugar a la conformación de Frentes de Defensa para proteger los derechos económicos, sociales y ambientales de las poblaciones involucradas y han colocado en el debate la interrogante ¿hasta dónde la minería es compatible con el desarrollo sostenible? Esto evidentemente no implica el rechazo a la minería porque esta constituye una oportunidad para obtener excedentes y dirigirlos hacia la inversión en otros sectores, sino que plantea la urgente necesidad de redefinir su rol, zonificar el territorio nacional determinando áreas y cuencas no aptas para la minería, así como establecer mecanismos institucionales que garanticen la equidad en el manejo de los conflictos a fin de arribar a acuerdos concertados.