El gobierno del presidente Alejandro Toledo se vio obligado a dar marcha atrás en un controvertido proceso de privatización de dos empresas regionales de generación de energía eléctrica que provocó violentas manifestaciones en el sur del país. Al menos dos muertos, cientos de heridos y detenidos, y alrededor de cien millones de dólares en pérdidas, dejaron las protestas realizadas entre el 14 y el 19 de junio en la sureña ciudad de Arequipa, que impulsaron al gobierno a declarar estado de emergencia, toque de queda y la designación de un jefe militar para restablecer el orden.

Ante la inminencia de que otras ciudades del sur del país se sumaran a las protestas de Arequipa, el gobierno nombró una comisión de alto nivel, encabezada por el arzobispo de Arequipa, monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por el vicepresidente, Raúl Diez Canseco, y varias autoridades, para negociar con el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y líderes de la sociedad civil que apoyaban las movilizaciones.

El 19 de junio la comisión llegó a un acuerdo con Guillén y dirigentes del Frente Amplio de Defensa de Arequipa (FADA), de suspender la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa) y de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) hasta que el Poder Judicial decida si el gobierno central tiene o no el derecho de privatizar activos en Arequipa. El fallo puede demorar hasta tres meses.

Las protestas se iniciaron el mismo día que el gobierno vendió Egasa y Egesur a la empresa belga Tractebel por 167 millones de dólares. Tractebel -acusada en varios países de oscuros negocios y tratos políticos- anunció que respetará el acuerdo y esperará el fallo judicial antes de tomar cualquier acción.

Los cinco puntos de la llamada "Declaración de Arequipa" incluyen el cese de los actos de violencia, el levantamiento del estado de emergencia, y el compromiso del gobierno de expresar su desagravio por las declaraciones ofensivas de algunos integrantes del gabinete hacia la población arequipeña.

Toledo fue el primero en ofrecer disculpas, enviando una carta abierta al pueblo arequipeño lamentando no haber podido cumplir su promesa planteada durante la campaña electoral del 2001, de que no se privatizarían las instalaciones eléctricas.

El mandatario agregó que durante su campaña jamás imaginó que al llegar al gobierno encontraría un país devastado y con tantos apuros financieros. "Por esa razón no todos los compromisos asumidos en el período electoral han podido cumplirse, a pesar de nuestro honesto deseo", sostuvo.

El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, de inmediato presentó su renuncia al cargo, señalando que estaba en desacuerdo con el convenio suscrito entre las autoridades arequipeñas y el gobierno. Fue reemplazado por su viceministro, Gino Costa.

El acuerdo y las renuncias reflejan la peor crisis que enfrenta el gobierno de Toledo a sólo once meses de haber iniciado su mandato. Esto muestra la incapacidad de las frágiles democracias en el Perú y en la mayoría de países de América Latina de hacer frente a las crecientes demandas de su población mayoritariamente pobre.
Para el ex canciller guatemalteco, Eduardo Stein -quien jugó un papel clave como observador de la Organización de Estados Americanos en las fraudulentas elecciones presidenciales del 2000-, los problemas que enfrenta Toledo no son exclusivos del Perú.

"La frustración es palpable en todo el hemisferio, donde la población quisiera que los regímenes recién electos dieran respuestas inmediatas, como cuando en el desierto cayó maná del cielo, y eso no se puede", dijo
"Si esa tendencia tan latinoamericana a la descalificación se convirtiera, para desgracia del Perú, en el sentimiento predominante, de qué le va a servir cambiar a un presidente, si el que venga igualmente no va a tener la capacidad de producir las respuestas que la gente está pidiendo", añadió.

Toledo está intentando seguir algunas de las mismas recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigidas a asegurar el pago de la deuda externa, y que han resultado un fracaso en diversos países latinoamericanos, particularmente Argentina. Según activistas del Jubileo 2000, iniciativa a favor de la reducción de la deuda externa de los países pobres, "los pagos de la deuda externa absorben importantes recursos que requerirían ser destinados a la mejora de la educación, la salud, la nutrición y el empleo, y al conjunto de obras que impulsen el desarrollo del Perú".

La deuda externa peruana alcanza los $27.6 millardos, constituyendo el 51% del PIB, siendo el mayor rubro de gasto del presupuesto nacional, monto superior al destinado a educación y salud. Los indicadores de la deuda externa peruana, señala Jubileo 2000, superan los valores de sostenibilidad de pago establecidos por el Fondo Monetario Internacional, que dicen que el monto de la deuda externa no debe superar el 50% del PIB y no debe ser mayor al 200% de las exportaciones. En el caso del Perú, la deuda externa es 320% superior a las exportaciones anuales, estimadas en $8.6 millardos.

La privatización de Egasa y Egesur formaban parte de la estrategia gubernamental para cumplir con lo acordado con el FMI en abril, incluyendo que este año el Estado debe privatizar sus activos por un valor de $700 millones, y por $1 millardo en el 2003.

Tras el retiro de otros interesados, Tractebel fue el único postor en la subasta de Egasa y Egesur, lo cual levantó sospechas. Según autoridades de Arequipa, las dos empresas valen más del doble de los 167 millones de dólares ofrecidos.

Desde que se anunció en abril la inminente privatización de Egasa y Egesur, la población del sur del Perú se movilizó exigiendo la suspensión del proceso de venta de ambas empresas hasta que se constituyeran los recientemente creados gobiernos regionales -que serán elegidos en noviembre- y que éstos tomaran la decisión.
Guillén explicó que la población no estaba en contra de la privatización, sino "a la forma autoritaria en que el gobierno lleva adelante ese proceso".

"El presidente se comprometió a no vender (Egasa y Egesur) y no ha explicado por qué cambió de opinión. Arequipa está esperando sus razones, porque de lo contrario este es un fraude. Muchos votaron por él amparados en esa promesa", agregó.

Pero esas razones nunca llegaron. En lugar de buscar el diálogo y explicar de manera transparente el proceso de privatización, Toledo y sus ministros endurecieron su posición, repitiendo que nada ni nadie haría cambiar el curso económico que habían establecido para el país.

Para los opositores a la privatización, como el congresista izquierdista Javier Diez Canseco, la venta de Egasa y Egesur careció de transparencia. "El gobierno nunca explicó, ni fundamentó al país el precio base de dichas privatizaciones, ni las tarifas, inversiones o lo que va a ocurrir con el empleo", manifestó.

A esto se suma el hecho de que ambas empresas son eficientes. Egasa, por ejemplo, generó ingresos por venta de energía superiores a los 50 millones de dólares y obtuvo utilidades por 14 millones. La propia convocatoria de ProInversión, entidad creada en abril en reemplazo del Comité Especial de Privatización (Cepri), señala que a nivel financiero, ambas empresas "están saneadas y son rentables".

Diez Canseco observó que esta situación echa por los suelos el argumento de que las administraciones privadas son un éxito y las públicas un fracaso. "Si empresas eléctricas privatizadas como Edelnor y Luz del Sur, en Lima, son un éxito, es porque, entre otras cosas, no pagan impuestos", precisó Diez Canseco. "Denle a las empresas públicas el régimen que tienen Edenor y Luz del Sur y veamos después los resultados".

Aunque el gobierno había asegurado que la privatización no llevaría al despido de trabajadores, una cláusula en el contrato de venta establece que el nuevo propietario se compromete a mantener en planilla a 80% de los trabajadores sólo durante los primeros 18 meses.

Luego de ese tiempo, lo más probable -y de acuerdo con anteriores experiencias- es que los trabajadores sean despedidos o recontratados en condiciones bastante desfavorables. El 20% que sería cesado recibirá seis meses de sueldo, además de sus beneficios sociales. Igualmente fue desmentida por Tractebel la afirmación de que no se elevarán las tarifas.

En un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, el temor a la pérdida de empleos y elevadas tarifas hizo inevitable la explosión social en Arequipa. De hecho, según la Policía Nacional, en lo que va del año se han producido medio millar de protestas en todo el país, exigiendo el cumplimiento de promesas electorales.

La mayor protesta antes de los sucesos de Arequipa fue el paro nacional contra las privatizaciones realizado el 14 de mayo. Convocado inicialmente por la FADA, fue rápidamente respaldado por otros frentes de defensa y sindicatos en todo el país.

Luis Saraya, dirigente del FADA, afirmó que la masiva oposición a la privatización se debe a que "no trae nada positivo. Al contrario, se enajenan las propiedades del Estado en beneficio de monopolios extranjeros".
"Se despide trabajadores, suben las tarifas de los servicios y se establecen monopolios que actúan con prepotencia contra los usuarios", agregó. Pero el gobierno parece no tener interés en escuchar el clamor de la población.

Según Roberto Dañino, presidente del Consejo de Ministros, lograr la generación de más puestos que permitan reducir los niveles de pobreza, pasa inevitablemente por crear un mejor sistema institucional en el país, propiciar un acuerdo nacional para la gobernabilidad, modernización del Estado, promoción de la competitividad e inversión en todos los sectores. "Como parte del nuevo objetivo, pero más en el campo de la reducción de los niveles de pobreza, figura el propiciar un mayor acceso a la salud y a la educación", manifestó.
Recalcó que "el programa del gobierno va a seguir siendo serio y sensato. Lo que estamos haciendo es sentar las bases para un crecimiento sostenido de la economía. El Perú está liderando el crecimiento en América Latina a pesar de que está en un proceso de transición democrática y después de cuatro años de recesión".
Sin embargo, ese crecimiento -que en abril fue de 7.5%- no es percibido por la población, que continúa saliendo a las calles a exigir puestos de trabajo.

Para Giovanna Peñaflor, de la empresa encuestadora Imasen, debería abrirse el debate sobre la política económica y las medidas que podrían sacar de la pobreza a la mayoría de los 26.6 millones de peruanos. "Los pobres tienen mucho que decir sobre lo que debe hacerse para combatir la pobreza, sobre la forma como funcionan los programas de ayuda social, sobre toda decisión que afectará el futuro del país y por tanto el suyo propio", dijo. Peñaflor agregó que aunque las autoridades continúan señalando que su prioridad es la lucha contra la pobreza, no se perciben cambios radicales en este sentido. "Los programas de asistencia social son criticados no solamente por la clase media y alta, que ve en ellos mecanismos por los cuales se perpetúa una actitud pasiva de la población, sino por los supuestamente beneficiados. En innumerables investigaciones se encuentran los mismos testimonios, el anhelo por mecanismos que permitan realmente salir de la pobreza, de la precariedad".

Diversos analistas coinciden en que los programas asistenciales no van a terminar con la pobreza, aunque para Peñaflor "la ayuda social es indispensable para evitar que más generaciones se pierdan, en la medida en que nuestra sociedad es incapaz de generar las condiciones para que la mayor parte de su población pueda tener los ingresos suficientes como para hacer frente a sus necesidades".

Sin embargo, el debate no debe centrarse en los programas de ayuda social, sino en la política económica, en las medidas que podrían llevar al Perú a ser un país con mayores oportunidades para todos. "Los peruanos esperan que no se siga limitando al Perú a ser exportador de materias primas sin valor agregado, que se anhelan políticas a favor de una industrialización, que se clama por incentivos a sectores que demanden un fuerte uso de la mano de obra, que exista un Estado que no renuncie a su papel regulador, que corrija distorsiones inherentes a un país donde la mayoría de peruanos está fuera de eso que hoy rige nuestras vidas: el mercado", manifestó Peñaflor. "Los pobres tienen mucho que decir sobre lo que debe hacerse para combatir la pobreza, sobre la forma como funcionan los programas de ayuda social, sobre toda decisión que afectará el futuro del país y por tanto el suyo propio".

Por su parte, David Lovatón Palacios, analista del Instituto de Defensa Legal, considera que "el gobierno -como cualquier gobierno del mundo- tiene la potestad de adoptar decisiones en materias tales como la privatización y que no tiene que someter a consulta popular todas y cada una de estas decisiones de Estado. A la vez, la población tiene el derecho a expresarse y fiscalizar estos procesos".

La prioridad de la ciudadanía, cuya opinión también se refleja en más de 50 encuestas realizadas desde setiembre, es tener trabajo e incrementar sus ingresos. La principal promesa de Toledo durante su campaña fue la creación de empleos, pero desde que asumió el cargo en julio del 2001 el desempleo ha crecido de 9.3% a 10% en las áreas urbanas.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), 54.8% de los peruanos vive en pobreza y el 24.4% en pobreza extrema. Es decir 14.6 millones de los 26.6 millones de peruanos viven con menos de 1 dólar diario. Dicha encuesta revela que la pobreza total en el año 2001 ha aumentado en 1.4% con respecto al 2000 y en 7.1% con respecto al año 1997. En el caso de la pobreza extrema la cifra se incrementó 4.5% en los últimos dos años.
Aunque diversos expertos coinciden en que la recesión ha contribuido a elevar el volumen de la población que no puede satisfacer sus necesidades. También es cierto que durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se maquillaron las cifras para aparentar una falsa situación de bienestar alejada de la realidad. "Para quienes han creído que el país estuvo en la dirección correcta en la última década, estas cifras debieran ser un serio motivo de reflexión", dijo Peñaflor. "Lamentablemente ello no es lo que ocurre... Todavía sigue sin responderse de forma contundente algunas preguntas básicas: ¿cómo hacer para reducir la pobreza en nuestro país?, ¿cómo utilizar nuestros escasos recursos para atender a personas que no pueden esperar a que los programas económicos den resultado?".

La protesta del sur del Perú tendrá un costo político elevado para Toledo, que ve su aprobación deteriorarse sostenidamente. Según una reciente encuesta de la empresa Apoyo, sólo 21% de la población respalda al gobierno. En agosto pasado, Toledo tenía 60% de aprobación. La decisión del gobierno de suspender el proceso de privatización de las dos empresas produjo reacciones contrarias en el país. Algunos analistas políticos señalaron que esta medida constituye un riesgoso precedente en un país con una población con largos reclamos que pueden ver en la revuelta callejera la única vía para que el gobierno les preste atención.

Para otros, la medida puede verse como un punto de quiebre para un gobierno que tiene la oportunidad de enmendar el error de no comunicarse con transparencia y coherencia con la población.

Esto se hace más necesario cuando la medida del gobierno de ningún modo significa el cambio en su política de privatizaciones, tan sólo la suspensión temporal de un proceso conflictivo