La gran ofensiva gubernamental y de los gremios empresariales contra la Caja de Seguro Social tenía objetivos muy precisos:

1) Recortar el presupuesto de la CSS y con ello disminuir los servicios de salud brindados a la población, para los efectos de rebajar el déficit fiscal generado por el despilfarro del gobierno, cumpliendo así con las exigencias aceptadas en la carta de intención con el F.M.I..

2) Quebrar las "leyes especiales" que garantizan los salarios de administrativos, técnicos, médicos, enfermeras y auxiliares, en el camino de enfrentar seguidamente las leyes especiales que protegen a maestros, profesores de secundaria y universidad, así como a diversos sectores de los empleados públicos, entre ellos, por ejemplo, los de la Contraloría General de la República.

3) Proceder a elevar la edad de jubilación y aumentar la cuota obrera y los años mínimos de cotización, materializando así el más grave ataque realizado contra el nivel de vida de la población, en especial el de las mujeres, en nuestros primeros 100 años de República.

4) Iniciar el proceso de privatización de aquéllos servicios que la CSS no podría brindar por el recorte presupuestario, ya que de esa manera la institución tendría que contratarlos a las empresas privadas que venden servicios de salud.

5) Lograr la destitución del Director General, Prof. Juan Jované, quien se ha convertido en un obstáculo insalvable para las fuerzas que intentan alcanzar los objetivos anteriormente señalados.

La lucha decidida de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (ANFACSS) ha logrado impedir, momentáneamente, que el gobierno y los gremios empresariales alcanzaran de inmediato sus antipopulares objetivos. Ello ha sido posible porque la dirigencia de la ANFACSS comprendió desde el inicio de su lucha que los objetivos del gobierno y los gremios empresariales iban mucho más allá de un mero recorte presupuestario. Al asumir la defensa de la institución, y no meramente el de sus intereses sectoriales, generaron de inmediato la solidaridad activa de todos gremios de la salud, de los maestros y profesores, y de la opinión pública en general. Esa gran alianza empezó a tomar cuerpo en la Coordinadora de Solidaridad con la Seguridad Social y Contra el Aumento de la Edad de Jubilación, que integraron inicialmente más de veinte organizaciones de trabajadores, funcionarios, docentes, profesionales, pacientes, mujeres, barriales y de estudiantes.

Esa enorme fuerza potencial, que en cuestión de días sería engrosada por todos los sectores de la salud, los sindicales y muchos otros, hizo que el gobierno y los gremios empresariales comprendieran que de continuar con la ofensiva arriesgaban una confrontación social de consecuencias imprevisibles.

Súmese a lo anterior ira provocada por la sonora bofetada que el gobierno le propinó a los trabajadores con la burla que significó el aumento de cuatro centavos la hora al salario mínimo, y su negativa a reconocérselo a decenas de miles de funcionarios públicos que no lo ganan, cuando dicho aumento no compensa siquiera el alza reciente del pasaje del transporte colectivo.

Por otra parte, la manifestación de los docentes, realizada el mismo día en que se negociaban los acuerdos que sellaban el triunfo momentáneo de la huelga de la CSS, resultó un éxito, pudiendo percibirse el profundo descontento del sector magisterial y la ciudadanía, así como su voluntad lucha, lo que anuncia nuevas y masivas manifestaciones contra la política gubernamental en el sector educativo y en defensa de la seguridad social.

Hay que señalar, sin embargo, que su escasa preparación, la incomprensión de que las reivindicaciones centrales movilizadoras eran la defensa de sus leyes especiales y la lucha contra el aumento de la edad de jubilación, aunado a la presencia en la misma del maestro Roberto Valencia, deslegitimado dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos ( AMIA) que se prestó en la Junta Directiva de la CSS para facilitar la ofensiva del gobierno y los gremios empresariales, resto amplitud a la convocatoria y a la participación.

Detenida momentáneamente la ofensiva gubernamental y patronal, las fuerzas privatizadoras de la CSS se aprestan a intentarlo por otro camino. Se trata ahora de un nuevo "madrugonazo" legislativo, en el que se utilizará el argumento, ya sustentando con las reformas tributarias, de que se aprobará lo "consensuado", y lo no consensuado, también. Así vemos como el primer vicepresidente de la Asamblea anuncia que se tratará con "urgencia notoria" el tema de la CSS y el legislador Blandón repudia la posibilidad de un referéndum sobre el tema, alegando que existen las propuestas ya discutidas y que se trata de un tema que no sólo concierne a los asegurados. Por su parte, el presidente de la Asamblea declara que el tema de las leyes especiales será tratado también por ese desprestigiado organismo.

Ya sea mediante sesiones extraordinarias sorpresivas, o en el inicio del próximo período legislativo, en el mes de septiembre, el gobierno y los gremios empresariales, con la complicidad de la "oposición", intentarán reformar la Ley Orgánica del Seguro Social, aumentando la edad de jubilación, la cuota obrera y los años mínimos de cotización, eliminando la obligatoriedad de atender a los beneficiarios de los asegurados, recortando el cuadro básico de medicamentos y posibilitando la privatización de algunos de sus servicios. De igual manera, se aprovechará para eliminar las denominadas leyes especiales. ¡ Eso es lo que nos espera si no lo impedimos a tiempo!

Pese al triunfo de los trabajadores, que frenó la embestida gubernamental y patronal, la amenaza no ha sido derrotada. Es por ello que la ciudadanía no debe perder ni un solo minuto en recorrer el camino que permita materializar una alianza entre todos los sectores afectados, que suman casi un millón de asalariados, para derrotar de una vez por todas a las fuerzas que pugnan por privatizar la CSS.

Dicha alianza debe articularse en torno a los gremios del sector salud y los gremios educativos, ya que constituyen, hoy por hoy, una fuerza capaz de derrotar a las políticas privatizadoras, permitiéndole entonces a la sociedad en su conjunto pasar a la ofensiva levantando un programa que rescate a la CSS sin perder por ello su carácter solidario.