En junio-julio de 1990, el gobierno de Guillermo Endara firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual se plasmaban las medidas económicas que se tendrían que ejecutar para garantizar el pago de la deuda externa y poder seguir recibiendo créditos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS). Se iniciaron así las primeras privatizaciones, tales como la de Cemento Bayano y otras.

Al asumir la presidencia en 1994, Pérez Balladares ejecutó a fondo estas medidas, privatizando así instituciones y empresas como el IRHE, INTEL, los Ingenios y la Autoridad Portuaria, entre muchas otras. Con ello se produjeron decenas de miles de despidos, se cuadruplicaron las tarifas telefónicas y se duplicaron las eléctricas. Hoy el pueblo panameño y la nación sufren las nefastas consecuencias de esas privatizaciones, que han significado hacer más pobres a los pobres, para así aumentar extraordinariamente las ganancias de las multinacionales, que además se las llevan íntegramente fuera del país. La nación ha dejado de percibir miles de millones de balboas, que han podido ser invertidos en salud, educación, viviendas para el pueblo y generación de empleos.

La señora Mireya Moscoso ha señalado que no va a privatizar la Caja de Seguro Social. Sin embargo, la política económica que desarrolla su gobierno es precisamente la misma: ha sentado la bases para la privatización del IDAAN, de los aeropuertos (Aeronaútica Civil) y de Atlapa, imponiendo la nefasta Reforma Fiscal, y regalándole, además, centenares de millones de balboas a la empresas portuarias privatizadas. Con ello satisface los mandatos y los intereses del FMI y el Banco Mundial (BM), impulsores de las políticas económicas neoliberales de hambre y miseria para los pueblos y ganancias extraordinarias para las multinacionales. Esta política económica lleva inexorablemente a la privatización de los servicios que presta la Caja de Seguro Social, lo que está contemplado, además, en la nueva Carta de Intención firmada por el gobierno arnulfista-mireyista con el FMI.

Se hace necesario un cambio político profundo que impulse un nuevo modelo de desarrollo para el país, impidiendo así que el Seguro Social sea privatizado.

- Para impedir la privatización de la C.S.S. debemos exigir que el gobierno pague la morosidad que el gobierno tiene con la Caja y apoyar a la administración del Seguro en el cobro de la morosidad que tiene el sector privado..
- Para impedir la privatización de la C.S.S debemos exigir que se eleve la tasa de interés que se paga a los fondos que tiene la Caja en el Banco Nacional, igualándolos con los intereses de la tasa del mercado que es de 3.56%, pues en la actualidad el Banco Nacional sólo le paga al Seguro el 1.56% .

Es necesario que todas las familias panameñas, seamos cotizantes o beneficiarias, salgamos a la calle para impedir que nuestra institución se privatice, pues de lo contrario se aumentará la edad de jubilación y se disminuirá el monto de las mismas, aumentándose escandalosamente el costo de los servicios médicos, los hospitalarios y el de los medicamentos.

FRENTE AL TRAMPOSO DIÁLOGO NACIONAL; MOVILIZACIÓN POPULAR