Joaquín Ibarz, para Serpal (26 de Octubre de 2001)

Según la archidiócesis de Ciudad de México, el asesinato de la abogada Digna Ochoa es una "inaceptable regresión a la barbarie". El crimen de la activista de derechos humanos proyecta una sombra ominosa sobre el porvenir inmediato del país. A raíz de la agudización de la inseguridad y de la proliferación de asaltos y robos, así como de la actitud desafiante de los "zares" del tráfico de drogas, se ha dicho en diferentes tonos que México se estaba "colombianizando"; el crimen político del 19 de octubre convierte a México en un prospecto de Guatemala o El Salvador, países donde los delitos contra defensores de los derechos humanos se han convertido en costumbre siniestra. La muerte de Ochoa mancha el horizonte político mexicano por mucho tiempo; tanto, por lo menos, cuanto se tarden las investigaciones que aclaren su ejecución.

El 1 de diciembre de 2000, en un discurso que estremeció a muchos y que hizo creer que había llegado el tiempo del cambio, el nuevo presidente Vicente Fox ofreció ante el Congreso que "México no será ya más referencia de descrédito en materia de derechos humanos. Vamos a protegerlos como nunca, a respetarlos como nunca y a consolidar una cultura de repudio a cualquier violación y que sancione a los culpables. Combatiré esos males con el rigor y el imperio de la ley, con todo el poder del presidente, pero también con la fuerza sencilla y poderosa del ejemplo."

Pero resulta que frente a la realidad, la declaración del 1 de diciembre del 2000 no parece otra cosa que un acto demagógico. Tras repetidas amenazas, Digna Ochoa abandonó el país para ponerse a salvo de quienes anunciaban que atentarían contra su vida, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno de México investigar las amenazas contra activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y ofrecerles protección. Pero el gobierno de Fox "ni vio ni escuchó".

Según señala en el diario "Reforma" el comentarista Miguel Angel Granados Chapa, en un territorio especialmente necesitado de mudanza, de cambio, Fox apostó a lo viejo, a lo probablemente inútil: " Eso significó nombrar fiscal general de la República al fiscal militar del último gobierno del PRI, el general Rafael Macedo de la Concha, un funcionario conocido no por su propensión a respetar los derechos humanos sino por su actitud contraria". Y esa fiscalía informó a los amenazados, entre ellos a Digna Ochoa, que "no había elementos para realizar una investigación", por lo que se archivó el asunto.

Y no es una casualidad que la fiscalía, controlada por militares, dijera que no había nada que perseguir, sobre todo porque algunas de las evidencias que sobre el origen de las amenazas recibidas presentó el Centro Miguel Agustín Pro, involucraba precisamente a militares. Y justamente por esa condición de juez y parte de la fiscalía, por la "presunción" de "impunidad" y hasta complicidad que los defensores de derechos humanos han detectado, los activistas de derechos humanos reclaman que el crimen de Digna Ochoa no sea investigado por el general Macedo de la Concha.

El crimen de Digna Ochoa, una monja de la orden de los Dominicos, que se convirtió en defensora de los derechos humanos no inmutó, no interesó ni al presidente Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahagún, y menos al gabinete; como si nada hubiese ocurrido, la pareja presidencial organizó una cena-baile para multimillonarios cuando aún estaba insepulto el cuerpo de la abogada. Y mientras que Digna Ochoa era velada por unos cuantos amigos y familiares, por algunos de los familiares de los pobres que defendía contra la represión del Estado, no muy lejos, en el Castillo de Chapultepec, Marta Sahagún daba los últimos toques a uno de los más ofensivos actos para ayudar a los pobres de México y dispuso de la protección del Estado Mayor Presidencial, con cientos de soldados, para que los que protestaban contra el acto no molestaran a los empresarios más ricos de México. Del gobierno, tan sólo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta, se presentó en la ceremonia de velación. Acosta realizó actividades semejantes a las que desempeñaba Digna Ochoa, antes de ponerse a las órdenes del canciller Jorge G. Castañeda. Aparte de ella, ningún otro funcionario estuvo ahí. Esto habla de una de dos cosas en el equipo de Fox, o de las dos al mismo tiempo: indiferencia e insensibilidad.

Este crimen, con evidentes tintes de "crimen de Estado", a casi un año de la toma de posesión del nuevo gobierno, confirma que, salvo un enérgico viraje, Fox está en camino de fracasar en el cambio prometido, en la gobernabilidad ofrecida, en la transición anunciada, en la alternancia deseada, y en el fin de la impunidad y el viejo régimen; ese régimen, que se creía desaparecido, de los crímenes políticos, de la represión y la impunidad.

El asesinato de Digna Ochoa acaso hará despertar a algunos de los millones de mexicanos que siguen confiando en las esperanzas que despertó la victoria de Fox el 2 de julio del año 2000, de los muchos que aún permanecen adormilados con las promesas del México nuevo, de la naciente democracia, la transición, el fin del viejo régimen y la impunidad, la rendición de cuentas y la alternancia en el poder; podría sacudir a unos cuantos de los millones de ilusionados con la fiesta del "cambio", de la "luna de miel" entre ciudadanos y nuevo gobierno, y a otros tantos que confiaban en un "bono democrático" que se creyó inagotable.

Todo parece indicar que el crimen fue ordenado por quienes se sintieron amenazados por las investigaciones y la actividad litigante de Digna Ochoa. Pero no es menos escandaloso y vergonzoso que la reacción de Fox haya sido tan tibia -lo despachó con un frío comunicado de condena- ante un hecho que pone en tela de juicio la vigencia del estado de Derecho. La tibieza del presidente siguió a la declaración desganada del jefe de gobierno de Ciudad de México, López Obrador, quien por lo visto está dispuesto a encabezar "luchas" como las del horario de verano pero no se muestra muy dispuesto a exigir justicia por un crimen de esta magnitud y de esta significación, cometido en el corazón mismo de la ciudad que se supone gobierna. La indignación que esta muerte despierta en los sectores que se ocupan de la defensa de los derechos humanos sólo puede compararse con el temor que también desencadena. Amnistía Internacional advierte que los defensores de derechos humanos en México están en peligro y exige al presidente Fox proteger el trabajo y la vida de los activistas.

En México se empezaba a contar, desde hace algunos años, con organismos eficaces como las comisiones de Derechos Humanos, que pese a todas sus imperfecciones han contribuido a la puesta al día en este campo tan delicado. La guerra sucia de los años 70 dejó una secuela sangrienta; pero al mismo tiempo despertó una conciencia, inédita hasta entonces, acerca de ciertas zonas de la justicia que los mexicanos no habían tenido necesidad de atender. En ese campo se desplegaba el trabajo de la abogada asesinada.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez, conocía bien a Digna Ochoa y había trabajado a su lado en esta lucha social. Álvarez declaró que este crimen ensucia de manera indeleble la transición. El asesinato de la defensora de los derechos humanos, cuyo trabajo contra la represión y la impunidad de los aparatos del Estado le mereció atención internacional, y hasta una recomendación para recibir la protección de la autoridad mexicana, mostró que el "México bárbaro" está muy lejos de haber muerto.

Los mexicanos se preguntan quién o quiénes estarían interesados en matar a Digna Ochoa. Con temor, vuelven los ojos en silencio hacia los organismos policíacos, políticos y militares que de manera casi automática se han convertido en los principales sospechosos. Lo cierto es que los abogados y activistas que se ocupan de los casos de defensa de derechos humanos viven enfrentados continuamente a los hombres de armas del aparato estatal y a sus valedores políticos.