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México



Cuatro miembros de las bases de apoyo del EZLN asesinados en municipios autónomos por paramilitares

 

. En emboscada en Amaytik, siete indígenas resultan heridos
. Paramilitares ejecutan a dos zapatistas
. Uno de los cadáveres desaparece Responsabilizan al gobierno de las agresiones

Hermann Bellinghausen, corresponsal en Chiapas (San Cristobal de las Casas, "La Jornada", 26 de Agosto de 2002)

Dos campesinos, bases de apoyo del EZLN, fueron asesinados a balazos la mañana de ayer en la ranchería Amaytik por paramilitares priístas de esa comunidad y de la vecina Peña Limonar, a escasos kilómetros de Cintalapa, lugar de operaciones del Ejército. En la acción que el consejo autónomo califica de emboscada resultaron heridos otros siete indígenas zapatistas, uno de ellos de gravedad.

La tarde de hoy, autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunciaron que priístas (miembros del PRI) y paramilitares de la ranchería Amaytik mataron a Lorenzo Martínez Espinosa, del Ejido Nueva Esperanza y vocal del consejo autónomo, y Jacinto Hernández Gutiérrez, agente autónomo de la ranchería. El propio municipio autónomo informa que no hubo enfrentamiento en Amaytik ni existen conflictos inter o intracomunitarios en este momento; sólo un operativo paramilitar que se inició el día 19, al cual hoy se suma la intervención en forma del Ejército.

Agregan los autónomos que el cuerpo de Lorenzo Martínez Espinosa "se desapareció anoche sin saber quiénes lo hayan levantado y adónde lo llevaron para ocultar el crimen, organizado por los paramilitares priístas de la región Peña Limonar, que operan en esa cañada como hemos denunciado anteriormente. Exigimos de inmediato que nos entregue el cuerpo de nuestro compañero", dice el consejo en rebeldía.

"De estos hecho ocurridos responsabilizamos directamente al mal gobierno. Y por todo esto hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a que se movilice para exigirle al mal gobierno que pare las matanzas y que se investigue (para) hacer justicia a los verdaderos culpables del asesinato de nuestros compañeros".

Los autónomos afirman que, con la emboscada criminal, "el mal gobierno, junto con sus paramilitares, cumple sus amenazas de muerte en contra de nuestros pueblos que se encuentran en digna resistencia.

"A pesar de todas estas amenazas y asesinato, nuestros pueblos seguirán resistiendo y luchando por democracia, libertad y justicia".

La versión de la procuraduría estatal

La Procuraduría General de Justicia del Estado había informado anoche sobre los acontecimientos con una versión esencialmente distinta. De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de "un pleito interfamiliar, suscitado en la comunidad Amaitic (sic), del municipio de Ocosingo, donde perdió la vida una persona del sexo masculino y siete más resultaron lesionados". Por este motivo, la Procuraduría anuncia el inicio de una investigación. De acuerdo con las primeras diligencias ministeriales, la PGJE afirma que el hecho se registró debido que hace unos días Manuel Gutiérrez Hernández "raptó a Juana Hernández Cruz, y de acuerdo a los usos y costumbres, el novio debe pagar como dote 5 mil pesos, dar el licor y la comida a la familia de la novia. Sin embargo, Manuel Hernández se negó a acatar las tradiciones de la comunidad, lo que originó un pleito entre ambas familias".

Esta versión de la PGJE, que hoy seguía sostenida por las fuentes oficiales del gobierno chiapaneco, se cruza con una cascada de rumores e informaciones sin confirmar sobre presuntos enfrentamientos entre campesinos de la región norte de la selva Lacandona.

En tanto, el Comité por los Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, con sede en Ocosingo, informó de importantes movimientos del Ejército en el cuartel de la zona militar ubicado en el predio Toniná.

El mismo organismo civil comunica que "la tensión se ha incrementado a tal grado en la región, que según información vertida por la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la madrugada de este lunes se dio un posterior enfrentamiento en el ejido Arroyo Granizo, que se encuentra en los límites del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, cerca del destacamento militar de Cintalapa". Ni éste ni otros presuntos enfrentamientos estaban confirmados esta noche, pues al parecer no ocurrieron.

No obstante, el propio CDHFPLN documentó que "un convoy militar de más de 30 vehículos, entre ellos varios artillados y tanquetas, salió la mañana de este lunes de las instalaciones de la 39 zona militar, con sede en Ocosingo, rumbo a las cañadas, pasando por el crucero Quexil, donde bases de apoyo zapatistas de 3 municipios autónomos mantienen un retén para impedir el tráfico de alcohol, maderas preciosas y autos chocolate, y donde la semana pasada más de 200 priístas de la OPDIC los agredieron a pedradas, palos, machete y balas".

De acuerdo con el CDHFPLN, "en contraste con la tensión que se vive ahora las comunidades de las cañadas, en la cabecera municipal de Ocosingo pareciera reinar la calma y la tranquilidad entre sus habitantes. Sin embargo, por segunda vez en esta semana, la policía municipal laboró este lunes sin portar sus flamantes uniformes nuevos que los hacen ver como militares en campaña. Como el lunes pasado, cuando el diputado estatal Pedro Chulín reunió a los priístas de la OPDIC que agredieron a los zapatistas de Quexil, hoy los policías trabajaron vestidos de paisano".

El propio comité de derechos humanos considera que los rumores de posibles acciones de grupos paramilitares parecen irse concretando en torno a las comunidades aledañas a Montes Azules y crece peligrosamente el riesgo de más violencia. En consecuencia, y a nombre de diversos organismos civiles declara:

"Los centros de derechos humanos urgimos al gobierno federal a deslindarse de los grupos armados priístas y/o paramilitares que operan en la región; a la Suprema Corte de Justicia a presentar su dictamen sobre las controversias constitucionales presentadas en contra de la Ley Indígena que fue irresponsablemente aprobada por los Diputados y Senadores, y al Poder Legislativo a promover la urgente reforma a dicha Ley para incorporar los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional".

Los organismos civiles de derechos humanos de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Chilón movilizaron esta tarde al menos tres brigadas de observación hacia la zona donde ocurrieron los asesinatos de ayer.

Esta noche, los miles de soldados del Ejército Mexicano que ingresaron en dirección a Palenque, Monte Líbano y Montes Azules prácticamente han ocupado los caminos y patrullan constantemente las comunidades autónomas de la zona.

Ejecutan a otro zapatista; ahora fue en el municipio Olga Isabel

. Responsabiliza el concejo autónomo a paramilitares

Hermann Bellinghausen, corresponsal en Chiapas (San Cristobal de las Casas, "La Jornada", 26 de Agosto de 2002)


Otro indígena zapatista, esta vez perteneciente al municipio autónomo Olga Isabel, fue asesinado a tiros por un conocido grupo paramilitar. La víctima ya había recibido amenazas de muerte por parte de priístas armados miembros de la banda Los Aguilares, comandada por el ex militar Sebastián Aguilar.

Las autoridades autónomas de Olga Isabel denunciaron hoy la muerte de Antonio Mejía en las afueras de la comunidad K´an Akil, a manos de Los Aguilares, que operan impunemente en la región (dentro del municipio constitucional de Chilón) desde 1994.

Aunque los hechos ocurrieron el domingo 25, hasta hoy los indígenas pudieron hacer pública la denuncia. "No hemos podido recoger el cuerpo del compañero, porque los paramilitares han dicho que si llegamos ahí nos volverán a disparar. Buscan que les respondamos, porque han dicho que eso es lo que quieren que hagamos."

Esta es la cuarta muerte de un miembro de las bases de apoyo del EZLN en días recientes, en lo que cada día se revela más como una acción concertada de las diversas agrupaciones paramilitares que operan en la selva y la zona norte, para hostigar y provocar a las comunidades en resistencia.

Los recientes movimientos del Ejército hacia el interior de las cañadas y el norte, lejos de detener la violencia paramilitar, parecen haberla estimulado. La agudización de la violencia este fin de semana, en el norte de Ocosingo y de Chilón, coincide con el extraordinario despliegue de tropas efectuado entre el domingo y el lunes en dicha región.

Eso sí, con gran despliegue del oficialista Diario de Chiapas, el ex presidente municipal panista de Tuxtla Gutiérrez Francisco Rojas clamaba hoy por la intervención del Ejército contra los zapatistas. Bajo el titular "Alto al desorden del EZLN", el delegado estatal del PAN, Francisco Rojas Toledo, instó al gobierno federal "a poner un alto a las acciones que viene realizando el EZLN en la zona de su influencia", y se manifestó por "el regreso del Ejército a algunos lugares estratégicos de esa región, a fin de poner orden". (Cabe recordar que Francisco Rojas es hijo del diputado panista Valdemar Rojas, quien el pasado día 13 se mofó en inglés de un diputado indígena que habló en tzotzil desde la tribuna del Congreso chiapaneco).

Así, mientras la derecha racista tiende la cama para una escalada represiva, las autoridades de Olga Isabel describen a los autores de la nueva provocación: "Los Aguilares son temidos por mucha gente. Los encabeza el señor Sebastián Aguilar, quien ha sido miembro del Ejército y tiene parientes que son soldados. De ellos reciben armas los paramilitares".

Y relatan que días antes del asesinato de Antonio Mejía, los priístas secuestraron a un miembro del municipio autónomo, "quien fue interrogado y obligado a pagar una cantidad de dinero. Lo soltaron con el compromiso de ya no pertenecer a nuestro municipio autónomo. Le preguntaron por Antonio Mejía, y le dijeron que a ése lo iban a desaparecer.

"Cuando Antonio fue baleado estaba con su esposa, quien lo vio caer. Ella escapó en medio de los disparos. El compañero quedó tirado a 300 metros de su pueblo K´an Akil, cerca del lugar llamado Reforma K´an Akil, donde viven los paramilitares."

El concejo autónomo agrega que la noche del día 26 se volvieron a escuchar disparos de armas de alto poder en las cercanías de las comunidades en resistencia. "Dicen que nos van a acabar matando uno por uno". Una vez más parece evidente la intención concertada de crear temor, desestabilización e incertidumbre por parte de los paramilitares. Para ello cuentan con un buen caldo de cultivo a base de rumores amenazantes y movilizaciones castrenses de considerable envergadura.

"Nuestra preocupación es grande, porque los paramilitares no nos permiten entrar a recoger el cuerpo del compañero", expresan los representantes autónomos.

"Además, han dicho que si no abandonamos el municipio autónomo nos van a secuestrar y a obligar a entregarles una gran cantidad de dinero. Sabemos que esta gente es pagada para hacer todo esto y han empezado con asesinatos. A este grupo paramilitar ya lo hemos denunciado, porque nos han perseguido, amenazado y ahora han llegado a la balacera y buscan que así les respondamos, porque han dicho que eso es lo que quieren que hagamos." Las autoridades de Olga Isabel declaran: "Responsabilizamos a este grupo paramilitar del asesinato de nuestro compañero Antonio Mejía, pero también a los gobiernos federal y estatal. Ya en ocasiones pasadas hemos denunciado el hostigamiento de los paramilitares, y saben de la existencia de este grupo y de sus acciones".