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FORO SOCIAL EUROPEO, 6-10 NOVIEMBRE, FLORENCIADocumento
preparatorio de la Mesa de Emigración de los Foros Sociales Italianos
Luciano Muhlbauer (1 de Noviembre de 2002) En Italia, como en muchos otros países europeos, como en Australia y en los Estados Unidos, los gobiernos ya han asumido desde hace tiempo como prioridad la predisposición, el ajuste y la armonización de políticas selectivas nacionales y regionales de cierre de las fronteras y de lucha contra la "inmigración clandestina." La superación del modelo "fordista" de producción, la reducción de la oferta de trabajo en el sector industrial tradicional, la disminución de los procesos de crecimiento de las principales economías, el consiguiente aumento del paro dentro de los mismos países de acogida en el Primer Mundo empujan a los Estados económicamente más fuertes a controlar y limitar la circulación de trabajadores. Además de estas razones estructurales, debe ser considerada la tendencia ya consolidada en la gran parte de los países europeos a hacer un uso político e ideológico del tema del control y la limitación de la inmigración: los tópicos racistas de la "invasión", de los inmigrantes como fuente de inseguridad para los nacionales, de la "clandestinidad" como sinónimo de criminalidad son habitualmente empleados como "moneda" de uso en el mercado electoral, utilizada a manos llenas por los partidos de la derecha, pero también mantenida por partidos de izquierda. Todo eso ocurre mientras en el Sur y en el Este del mundo el proceso de globalización ha favorecido y sigue determinando la crisis y el debilitamiento de las economías locales, el aumento de las tasas de pobreza, con el consiguiente multiplicación de los llamados efectos de "empuje" a las migraciones, además de con el aumento del número de los países de emigración. No sólo. Al mismo tiempo, los movimientos migratorios de los últimos años muestran un grado creciente de relativa autonomía, a menudo configurándose como una estrategia de organización "desde bajo", en una dimensión "transnacional", como la reproducción social de amplios sectores "subalternos" en países que la cúpula capitalista continúa en confinar a la periferia del sistema global. La contradicción existente entre el carácter estructural del fenómeno migratorio, producida por el actual modelo de desarrollo y las políticas de cierre adoptadas por los gobiernos de los países más ricos es acentuada por el proceso de segmentación de la búsqueda de trabajo, también con presencia de paro, los países "ricos" del planeta tienen un desequilibrio entre demanda y oferta sobre todo de trabajo local en las capas más inestables, precarias y de baja cualificación del mercado del trabajo. Tanto en Malasia, en Europa, en Argentina como en los Estados Unidos, los emigrantes son predominantemente llamados a ocupar el área de que es definida de modo elegante como ecnomía informal", pero que muchas veces coinciden con el mundo del trabajo negro o más precario, caracterizado por la ausencia de una formalización de la relación de trabajo y de las "garantías" que de esto se derivan. Es justo por estas razones que, desde el punto de vista de la globalización capitalista, no hay contradicción entre la adopción de políticas de cierre a la inmigración y la persistencia de una demanda de trabajo no satisfecha por la oferta interior. Las políticas de cierre de las fronteras, la restricción de los canales de entrada regular, el precarización de la condición jurídica de los extranjeros por el entumecimiento de las normas sobre legalización, el fallido reconocimiento de los derechos a ciudadanía, son funcionales al empleo de los emigrantes como mano de obra a bajo coste, sumamente chantajeable y por tanto más "flexible" y fácilmente "despedible". Presentadas como el mecanismo principal para combatir la inmigración irregular, las políticas anti-inmigración de los gobiernos mundiales no hacen otro que alimentarla. Hace falta pues tomar en cuenta que las migraciones internacionales han asumido un carácter estructural y son parte integrante del actual modelo de desarrollo económico y al mismo tiempo constatan que es equivocado hablar de ellas como de un estallido. Los gobiernos del mundo son bien conscientes de ello pero tienen todo el interés de adoptar políticas restrictivas porque quieren mantener la libertad de absorber o expulsar mano de obra extranjera a bajo coste y eso es más fácil impidiéndoles a los inmigrantes entrar legalmente sobre el propio territorio y negándoles ciertamente un status jurídico. La ilegalidad obliga los emigrantes a aceptar cualquier trabajo, en cualquiera condición, permitiendo excluirlos de los sistemas de protección social y negándoles políticas de integración. Las políticas migratorias en el nivel global se caracterizan
pues por una limitación, total o parcial, de las migraciones económicas,
de la multiplicación de las causas de retención en la frontera
y de expulsión, de la negación sustancial del derecho al
refugio reconocido por la Convención de Ginebra de 1951, por la
concentración de recursos públicos en la consolidación
de las fuerzas de policía en las fronteras, por la falta de políticas
públicas de acogida y de integración y por el desmantelamiento
de las existentes, por la construcción de lo que se llama centros
de permanencia temporal en Italia, pero en Australia y en Gran Bretaña
son más explícitamente definidos como "centros de detención":
reales campos de concentración, en los cuales son detenidos inmigrantes,
pero también solicitantes de refugio, que no han cometido ningún
crimen pero tienen lo única "culpa" de no tener el permiso
de residencia. Desde Tampere a Sevilla éste ha sido, sin solución de continuidad, la obsesión de Europa, según una aproximación que no coge, o no quiere coger, el nexo existente entre las políticas migratorias y el desequilibrio creciente, producido por el proceso de globalización, entre el Norte y el Sur del mundo y que, sobre todo, elige subordinar los derechos humanos fundamentales de las personas a las exigencias del mercado del trabajo y a los intereses económicos. Aunque hayan sido presentadas muchas propuestas de reglamentar en materia de integración de los emigrantes y refugiados, las medidas adoptadas en definitiva son aquéllas destinadas a reforzar la Europa Fortaleza y a actuar como políticas represivas, presentadas a modo pretextos como el principal instrumento de lucha contra la inmigración ilegal y la gestión de las migraciones. Como aparece completamente evidente, en este contexto, la garantía
de los derechos de ciudadanía a los extranjeros, también
de aquellos regularmente presentes en el su territorio, constituye la
última de las preocupaciones de Europa. La ciudadanía europea,
propuesta en la Carta Europea de los Dderechos es uno ciudadanía
escluyente, que reconoce sólo a los ciudadanos autóctonos.
Millones de emigrantes que residen establemente en Europa y contribuyen
a su riqueza económica y cultural son destinados a quedar privados
de derechos: a lo sumo, en algunos países, se benefician de la
"concesión" del disfrute, limitado y condicionado, de
algunos rectos civiles y sociales. La capacidad de contextualizar el tema de los derechos de la ciudadanía y los derechos de los emigrantes en el cuadro del movimiento contra la globalización capitalista constituye la novedad más relevante: el tema de las migraciones es por fin asumido como por el movimiento como una cuestión transversal, conexa a los procesos de reestructuración y desestructuración del mercado del trabajo y a las políticas de derribo del bienestar. El Foro Social Europeo permite hoy dar un ulterior y ya improrrogable
salto de calidad: la construcción de un movimiento europeo de los
emigrantes y por los derechos de los emigrantes, capaz de contraponer
a la Europa excluyente de los gobiernos una Europa alternativa abierta,
pluricultural, "mestiza" basada en principios radicalmente diferentes,
como por ejemplo: |